Discusión

La extensa exposición ofrecida por el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, fue en realidad un ordenamiento de datos que en el ámbito legislativo se conocen por distintas vías, especialmente por la repuesta a pedidos de informe respecto de las posibilidades de lograr la realización de obras, la ejecución de programas y la prestación de servicios esenciales. En general fue la ratificación de anuncios o la ampliación de detalles sobre cuestiones oportunamente publicitadas. 

A ningún diputado, aunque insista en la posibilidad de comprometer alguna inversión pública mayor en su departamento, sorprendió la descripción de la evolución de la economía global que está tratando de superar el impacto de dos años de pandemia, que se expresa en menor crecimiento y mayor inflación. La Argentina no es una excepción pero sus parámetros son más restrictivos porque la caída de la actividad económica se adelantó dos años a la producida por las medidas adoptadas para enfrentar al coronavirus. El resultado es la pobreza y para salir de ella se requerirán varios años de crecimiento y estabilidad. No se trata precisamente de virtudes de la actual política macroeconómica. 

Salta, como el resto del país, contabiliza once años consecutivos sin crecer y debe sostener los dos años de guarismos positivos que se vienen registrando. Precisamente en ese punto es que el titular de la cartera económica expuso las medidas de reactivación del comercio, la industria y la producción agropecuaria, que son las líneas tradicionales, a las que se están adicionando actividades con un crecimiento más significativo, como la economía del conocimiento, la minería, la energía y el turismo.

Este proceso genera necesidades de financiamiento, que se cubren con líneas ofrecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el FONPLATA y la Corporación Andina de Fomento , que son los organismos internacionales que aportan los recursos para encarar la mayor parte de las obras en ejecución. De todas maneras se ha reconocido que deben mejorar los ingresos propios por lo que el titular de la cartera de Economía informó que se está yendo a un sistema de recaudación digitalizado y a un perfeccionamiento de las tareas de control, sin descuidar la promoción de inversiones en nuevas actividades.

La extensa exposición ministerial sirvió para dar letra a los diputados oficialistas que deben explicar un programa económico cuyos resultados no son tan promisorios como se exponen. Pero no alcanzó para convencer a quienes deben concurrir con una gestión eficiente a la solución de problemas de larga data en el interior de la provincia, pese al esfuerzo para que se entienda el valor de tener las cuentas equilibradas.

Lo que aparece como un estado superavitario es, en realidad, una previsión para enfrentar el pago de la deuda con acreedores internos y externos, para cubrir incrementos salariales y realizar obras de agua y saneamiento, las más demandadas.  Se sostiene por la decisión de no abandonar el control del gasto, aun asumiendo que todos los pedidos son válidos, las necesidades son muchas y un presupuesto no alcanza para satisfacer las demandas que, al menos en el encuentro que reemplazó la sesión ordinaria del martes, fueron formuladas.

Se puede debatir si hay un ordenamiento de prioridades razonable o de lo que se trata es de llevar adelante lo que el gobierno nacional aporta. Seguramente será la discusión del segundo semestre, que incluirá el tratamiento del presupuesto 2023.

Salta, 22 de junio de 2022