Presentaron la primera denuncia para investigar el gasoducto Kirchner

A última hora de este domingo, miembros de la Fundación Apolo, cuyo uno de los apoderados es el titular de Republicanos Unidos de la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, presentaron la primera denuncia contra los integrantes del directorio de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) luego de salida de Matías Kulfas del Gobierno Nacional a partir de la información sobre irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner que hicieron circular funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Presentamos una denuncia para que la Justicia investigue la licitación en la cual, según Matías Kulfas, hubo un procedimiento fraudulento. El directorio de IEASA habría direccionado la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner”, publicó la organización a través de sus redes sociales.

La presentación judicial fue firmada por Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda -otro de los apoderados- y José Luis Patiño, director de Fundación Apolo. A partir de información que circuló en medios de comunicación, las irregularidades en la obra habría implicado “la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que sólo una empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación”, señala el documento haciendo referencia a las declaraciones de un sector del Gobierno que acusó a funcionarios cercanos a la vicepresidenta de armar el pliego de licitación del gasoducto Néstor Kirchner “a la medida de Techint”.

Según la información en off que fue brindada por el entorno de Kulfas, “los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa”. Se trata de la ex Enarsa, una de las empresas estratégicas en materia energética y que la lidera Agustín Gerez, un camporista que responde al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se resaltó en la denuncia.

IEASA aprobó el pliego a través de la Resolución 15/2022 que “no se encuentra publicada en la página web” de la empresa “en violación de expresas normas de transparencia activa establecidas por el art. 32 de la ley 27.275 de acceso a la información pública, sí surge de la página web la composición del directorio que habría aprobado el pliego en cuestión, a saber: Dr. Agustín Gerez – PRESIDENTE, Dr. Gastón Leydet – SUBGERENTE GENERAL, Lic. Oscar Cretini – DIRECTOR, Dra. María Belén de los Santos - DIRECTORA, Lic. Diego Leandro Rozengardt – DIRECTOR, Ing. Victor Raul Bronstein – DIRECTOR, Lic. Mariano Alejandro Barrera – DIRECTOR, Mario Alfredo Metaza – DIRECTOR”.

“Por lo embrionario de la investigación no se sabe si los imputados han mancomunado esfuerzos para llevar adelante este único hecho o si, por el contrario, esto se trata de un grupo de personas que se unieron con la intención de cometer delitos indeterminados y de forma permanente”, se agregó en la denuncia.

El art. 174 del Código Penal estipula el catálogo de defraudaciones agravadas y, en su inciso 5°, reprime con una pena de entre dos y seis años de prisión a aquel ―que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública, y como pena accesoria que si el culpable ―...fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua.

Infobae