Cuando decíamos que las asimetrías estructurales, sociales y sobre todo económicas que sufren nuestras provincias con respecto a Buenos Aires eran cada vez más grandes y tendrían consecuencias graves, muchos pensaban que era un reclamo inocuo, repetitivo, quizás motivado por el chauvinismo del interior frente a la corrección política centroporteña.
Pero en los últimos días, aquellos incrédulos de ambos lados de la grieta recibieron dos fuertes cachetazos de la realidad.
Primero, con la escasez de combustibles. Miles de salteños fueron a cargar gasoil a la estación de servicio y se dieron con un faltante que provocó limitaciones en el abastecimiento; y en algunos casos directamente no había. Hay cientos de camiones y tractores demorados en sus tareas en todo el norte argentino.
Vamos a recordar un motivo de la falta.
Todos sabemos que los combustibles son producidos a partir de la extracción subterránea de compuestos fósiles, pero… ¿Sabían que además tienen un porcentaje de componentes renovables? Actualmente, las naftas están compuestas por un 12% de bioetanol y, en el caso del gasoil, la mezcla introduce un 10% de biodiesel.
En las provincias del Norte tenemos una gran capacidad de producción de bioetanol de caña de azúcar, que genera mucho trabajo en la zona, pero podría generar muchísimo más todavía. Por eso trabajamos junto a legisladores, gobernadores y vicegobernadores de toda la región para que se avance en una mejor ley de biocombustibles: con el objetivo de multiplicar el alcance de las reservas, mejorar el impacto ambiental, desarrollar las economías regionales y avanzar en la diversificación de la matriz energética.
Pero si el desarrollo de los biocombustibles tiene tantas ventajas, ¿qué pasó que no avanzó en el Congreso? hay que decirlo con todas las letras: el lobby petrolero fue más fuerte. Logró reunir las voluntades políticas de las mayorías parlamentarias y frenó el proyecto.
Vamos con la otra cachetada que explotó, lógicamente, en el interior del país. Pienso que en Buenos Aires quizás ni se enteraron.
El martes las provincias, fundantes de la Nación, del mal llamado “interior del país” tuvimos que sufrir un paro de colectivos que nos golpeó muchísimo.
Miles de jóvenes no pudieron ir a estudiar, docentes no pudieron ir a dar clase, una gran cantidad de jubilados y jubiladas no pudieron asistir a sus consultas médicas, a realizar sus trámites, a visitar a sus nietos a hacer su vida.
Son muchísimos los trabajadores que no pudieron llegar a su puesto laboral o tuvieron que gastar dinero en un medio alternativo de transporte. Ni que hablar de los comerciantes, que ante la reducción de circulación de personas en el centro de las ciudades vieron muy reducidas sus ventas.
La primera reacción de muchos es enojarse con los chóferes que decidieron adoptar la medida del paro, y es entendible. “La realidad económica a mí también me golpea y me la tengo que bancar, no queda otra que seguir peleándola día a día”, se lamentaba con razón un trabajador a través de las cámaras de un noticiero local.
Pero cuando uno ve la tremenda injusticia en la distribución de los recursos que se destinan al transporte, empieza a comprender los motivos de los trabajadores.
El Área Metropolitana de Buenos Aires recibe un subsidio del Gobierno Nacional de 26 mil millones de pesos por mes para el transporte público de pasajeros. Sí, 26 mil millones de pesos por mes. ¿Saben cuánto recibimos todas las provincias del país juntas? 3.500 millones.
Es decir, sumando los subsidios que reciben todas las provincias del “interior”, y digo y repito interior entre comillas, se alcanza el 13% de lo que recibe el AMBA.
Y claro, allí el boleto cuesta un 43% menos que acá.
¿Cómo no va a reclamar lo que le corresponde un trabajador de Jujuy, Salta o Tucumán que cobra mucho menos que uno de Buenos Aires? Si los recursos se repartieran con un criterio más justo, y federal, no solo podrían cobrar más nuestros choferes, sino que también tendríamos un boleto más barato para aliviar, tan sólo un poco el bolsillo de los salteños.
Y ojalá fuera solo un problema de este rubro. Nos pasa en todos y cada uno de los ámbitos porque el problema es de raíz, de concepto. El criterio de distribución, que por mandato constitucional e histórico debería ser federal, realmente no lo es.
A esta situación la venimos advirtiendo desde el Parlamento del NOA y el Consejo Regional de Gobernadores del Norte Grande. En reiteradas reuniones con funcionarios nacionales hemos expresado nuestra preocupación por esta injusticia distributiva, así como también lo hemos hecho sobre las tarifas de servicios, que es un problema bastante similar. Sabido es que un salteño de cualquier barrio paga más de luz y gas que un porteño de Recoleta, porque las tarifas allá están más subsidiadas que acá.
El camino planteado es el del consenso.
Nuestro camino es el federal.
La cuerda, como se dice en la política, cada vez está más tensa.
