Regla

Opinion 21 de abril de 2022
“Si hay algo que investigar se investigará”. La advertencia fue lanzada días pasados por el Secretario Legal y Técnico del Ejecutivo municipal, en referencia a la obra pública. Al parecer tendrá una gran tarea, según el informe que presentó en la última sesión del Concejo el edil opositor José Gauffin. Y es oportuna teniendo en cuenta la gestión que realizó con éxito la Intendenta ante el Ministro de Obra Pública de la Nación.
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Fue un tema casi excluyente desde se conoció por trascendidos que el Tribunal de Cuentas objetó la rendición de cuentas sobre uno de los trabajos de emergencia que se debió realizar para reparar una importante avenida en la zona sur de la ciudad. Hubo referencias en la sesión de la semana pasada del Concejo Deliberante, que el vicepresidente primero del cuerpo amplió en el último plenario.

Vale destacar la información expuesta por Gauffin cuando aseguró que falta de transparencia en las licitaciones realizadas en los últimos meses por el gobierno de Bettina Romero para ejecutar obras públicas que calificó  de ineficientes y de pésima calidad. Los hechos referidos involucran ingentes recursos.

Un caso es el de la construcción del puente Ayacucho, a través de un convenio con Nación por 400 millones de pesos. Dos empresas se presentaron en la licitación y se optó por la  menor oferta, que descartaba la redeterminación de precios. No está claro el mecanismo por el que finalmente se borró la diferencia de cien millones de pesos que empardó lo que finalmente se pagó con la oferta rechazada, habilitando la posibilidad de una demanda judicial por parte de la empresa que no ganó la licitación.

En el listado de situaciones poco claras incluyó la realización de varias obras en enero pero cuyo proceso de tramitación se hizo público dos meses después, sin razones que justifiquen el retraso. El informe también alude a la situación de conflictividad laboral que durante cuatro semanas mantuvo paralizada la planta hormigonera generando pérdidas por 50 millones de pesos que podrían haberse invertido en tareas de bacheo.

La exposición del concejal de Juntos para el Cambio + incluyó la necesaria referencia al informe del Tribunal de Cuentas sobre la obra de reparación del pavimento de la avenida Discépolo en barrio San Benito. El hundimiento de una placa de pavimento demandó una inversión presupuestada en 34 millones de pesos por la que finalmente se pagó casi el doble. Gauffin calificó de lapidario al informe del Tribunal, especialmente en el punto en el que se notificó  un exceso de volumen de hormigón que cuadriplicaba el volumen real. 

Ineficiencia y corrupción fueron los cargos hechos por el concejal opositor, justo cuando la Intendenta cerró una gestión ante el Ejecutivo nacional  para poner en valor la avenida Costanera de la Capital y así mejorar la conectividad, permitir un mayor flujo vehicular y brindar más seguridad vial a la zona, según la información oficial. Fue una promesa de mayores aportes financieros a un presupuesto poco generoso.

La eficiencia y la transparencia en la administración de recursos que siempre son escasos los multiplica para la cobertura de demandas que exceden las disponibilidades. Es una regla básica pero pareciera que es de difícil cumplimiento.

Salta, 21 de abril de 2022

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