El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio que tuvo lugar en la Sala VII del Tribunal de Juicio contra los policías, por un hecho que sucedió en marzo de 2020.

El juez Federico Diez los condenó a la pena de un año y seis meses de prisión, de ejecución condicional, más inhabilitación por tres años para el desempeño de empleo o cargo público y la imposición de reglas de conducta por el término que dure la condena. También deberán someterse al Programa de reinserción de presos y liberados, abstenerse de acercarse al domicilio de la víctima, de ejercer violencia física y psíquica, y someterse a tratamiento psicológico para tratar sus impulsos violentos, previo diagnóstico de un especialista.

Ambos acusados llegaron a juicio, habiendo siendo requerido por la Fiscalía de Derechos Humanos por apremios ilegales agravados y lesiones leves en concurso real, en calidad de autores.

El hecho sucedió el 13 de marzo de 2020, cuando encontrándose la víctima en Rio Saladillo junto a otra persona, se hizo presente un móvil policial del que descendieron los dos efectivos policiales, quienes iniciaron un interrogatorio por la procedencia de una motocicleta, para posteriormente pedirles sus datos y requisarlos.

Los efectivos policiales comenzaron luego a proferir amenazas y les dijeron a los dos hombres que se fueran. Al disponerse a acatar la orden, uno de los acusados tomó del cuello al damnificado, lo hizo caer al suelo, el otro efectivo le puso los “ganchos” (esposas) en ambas manos, tras lo cual comenzó a propinarle puntapiés en el rostro y diferentes partes del cuerpo, mientras el otro policía agredía a su amigo.

La víctima tenía en su bolsillo 4 mil pesos que el acusado se los sacó del bolsillo del pantalón, mientras continuaban las amenazas, tras lo cual fueron subidos al móvil policial. “Cada vez que te veamos, te vamos a quitar plata”- le decían.

Allí no terminó todo, ya que una vez introducidos al móvil, le apuntaban con el arma, uno en la cabeza y otro en el abdomen, diciéndoles “te vamos a matar, a vos y la porquería que está al lado tuyo”, en referencia a su amigo. Luego uno de ellos lo escupió y volvió a golpearlo en el rostro y el cuerpo, mientras ambos efectivos se reían.

Un médico legal constató las lesiones consistentes en equimosis en párpado inferior izquierdo, en región lateral del cuello, región pectoral, brazo derecho e izquierdo, pierna izquierda y escoriaciones en la región cigomática izquierda, antebrazo, hemitórax izquierdo, rodilla izquierda, y pierna derecha.

En los fundamentos de la acusación, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos sostuvo que “los sujetos activos del delito, siendo funcionarios policiales y debiendo velar por la seguridad del detenido, llevaron a cabo conductas totalmente contrarias a lo que se espera de ellos, pues, en la situación de detención produjeron apremios hacia a integridad física del denunciante, resultando reprochable tal conducta, pues importaron un agravio a la dignidad de la persona, al exteriorizar a través de actos físicos (golpes) la determinación de producir el sufrimiento causado”.