Por quinta vez en un quinquenio, la Legislatura Provincial se encuentra embarcada en la tarea de analizar y aprobar un consenso fiscal. Tal circunstancia da cuenta de la inestabilidad que caracteriza a la economía argentina y que impacta en las cuentas públicas, atento al significativo intervencionismo del Estado.
Opinión22/03/2022
Este tipo de acuerdo, en el fondo, trata de cubrir el vacío que deja el incumplimiento de la manda constitucional de modificar la ley de coparticipación federal para mejorar la distribución de los ingresos entre los distintos estados. Es así que apenas estrenada su gestión, el presidente Mauricio Macri convocó a los gobernadores y al Jefe de la Ciudad de Buenos Aires a arreglar el constante tironeo entre ellos y el 23 de mayo de 2016, se suscribió el “Acuerdo para un Nuevo Federalismo”. Su objetivo era fortalecer el federalismo y lograr el equilibrio fiscal, a través del consenso y la resolución de conflictos que existían entre las jurisdicciones firmantes. Convertido en la Ley 27.260 de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, fue el marco general dentro del cual en 2017 se firmó el primero de una apretada sucesión de consensos para lograr promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico mediante la armonización de las estructuras tributarias de todas las provincias, la CABA y la Nación.
Esa armonización apuntaba a las alícuotas de impuestos y tasas para corregir las distorsiones entre las distintas jurisdicciones y concluir, en 2019, con la reducción de la presión fiscal, otro de los males de la economía argentina. En un año hubo que adecuar algunas de las disposiciones acordadas en el “Consenso Fiscal 2017” y sucesivamente se fueron firmando otros pactos, siempre con las mismas razones vinculadas al déficit fiscal.
La mala gestión de Cambiemos y la escasa eficiencia de las políticas del Frente de Todos –escudado detrás de la pandemia- condujeron a este Pacto que hasta fin de mes será aprobado por ambas cámaras provinciales. También deberá hacerlo el Congreso, que tenía incluido al proyecto correspondiente en la agenda de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero y que no pudieron realizarse por la tensión parlamentaria ante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
No se trata solo de un trámite legislativo necesario para dar operatividad al último acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y 19 provincias, entre ellas Salta. Cuando el sector privado esperaba la baja de alícuotas luego del aumento impuesto por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en su tercer turno, este Consenso abre la posibilidad de mayor presión fiscal.
El Secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato, explicó que desde el gobierno provincial existe la plena voluntad de no aumentar impuestos y ratificó las alícuotas vigentes desde 2021. El funcionario consideró necesario señalar tal posición a los legisladores, atento a que este Pacto, firmado en diciembre pasado, habilita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a legislar un impuesto al aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia.
Es cierto que el acuerdo también impone lineamientos en materia de contención de gasto y obliga a un endeudamiento responsable. Pero no menos cierto es que la situación económica en general y la de la Provincia en particular es muy vulnerable. Sobre el Estado recaen demandas ineludibles que deben satisfacerse y las fuentes de recursos no son amplias.
Confiar en la voluntad del gobierno es, por ahora, un acto de fe.
Salta, 22 de marzo de 2022
Es imposible ocultar una verdad obvia; de allí que la sabiduría popular asegura que no se puede tapar el sol con un dedo. El gobierno de la Provincia ya no puede ocultar severas dificultades financieras que están en el origen de crecientes problemas de gestión.
Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables. Es un anuncio que realizó el presidente Javier Milei y que, en realidad, se asumió como promesa porque se formuló en una virtual campaña electoral. En tanto se van acumulando los Decretos de Necesidad y Urgencia sin que el Congreso los trate conforme exige la naturaleza excepcional de estas medidas.
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
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