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Este tipo de acuerdo, en el fondo, trata de cubrir el vacío que deja el incumplimiento de la manda constitucional de modificar la ley de coparticipación federal para mejorar la distribución de los ingresos entre los distintos estados. Es así que apenas estrenada su gestión, el presidente Mauricio Macri convocó a los gobernadores y al Jefe de la Ciudad de Buenos Aires a arreglar el constante tironeo entre ellos y el 23 de mayo de 2016, se suscribió el “Acuerdo para un Nuevo Federalismo”. Su objetivo era fortalecer el federalismo y lograr el equilibrio fiscal, a través del consenso y la resolución de conflictos que existían entre las jurisdicciones firmantes. Convertido en la Ley 27.260 de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, fue el marco general dentro del cual en 2017 se firmó el primero de una apretada sucesión de consensos para lograr promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico mediante la armonización de las estructuras tributarias de todas las provincias, la CABA y la Nación. 

Esa armonización apuntaba a las alícuotas de impuestos y tasas para corregir las distorsiones entre las distintas jurisdicciones y concluir, en 2019, con la reducción de la presión fiscal, otro de los males de la economía argentina. En un año hubo que adecuar algunas de las disposiciones acordadas en el “Consenso Fiscal 2017” y sucesivamente se fueron firmando otros pactos, siempre con las mismas razones vinculadas al déficit fiscal. 

La mala gestión de Cambiemos y la escasa eficiencia de las políticas del Frente de Todos –escudado detrás de la pandemia- condujeron a este Pacto que hasta fin de mes será aprobado por ambas cámaras provinciales. También deberá hacerlo el Congreso, que tenía incluido al proyecto correspondiente en la agenda de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero y que no pudieron realizarse por la tensión parlamentaria ante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

No se trata solo de un trámite legislativo necesario para dar operatividad al último acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y 19 provincias, entre ellas Salta. Cuando el sector privado esperaba la baja de alícuotas luego del aumento impuesto por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en su tercer turno, este Consenso abre la posibilidad de mayor presión fiscal.

El Secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato, explicó que desde el gobierno provincial existe la plena voluntad de no aumentar impuestos y ratificó las alícuotas vigentes desde 2021. El funcionario consideró necesario señalar tal posición a los legisladores, atento a que este Pacto, firmado en diciembre pasado, habilita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a legislar un impuesto al aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia.

Es cierto que el acuerdo también impone lineamientos en materia de contención de gasto y obliga a un endeudamiento responsable. Pero no menos cierto es que la situación económica en general y la de la Provincia en particular es muy vulnerable. Sobre el Estado recaen demandas ineludibles que deben satisfacerse y las fuentes de recursos no son amplias.

Confiar en la voluntad del gobierno es, por ahora, un acto de fe. 

Salta, 22 de marzo de 2022