Por quinta vez en un quinquenio, la Legislatura Provincial se encuentra embarcada en la tarea de analizar y aprobar un consenso fiscal. Tal circunstancia da cuenta de la inestabilidad que caracteriza a la economía argentina y que impacta en las cuentas públicas, atento al significativo intervencionismo del Estado.
Opinión22/03/2022
Este tipo de acuerdo, en el fondo, trata de cubrir el vacío que deja el incumplimiento de la manda constitucional de modificar la ley de coparticipación federal para mejorar la distribución de los ingresos entre los distintos estados. Es así que apenas estrenada su gestión, el presidente Mauricio Macri convocó a los gobernadores y al Jefe de la Ciudad de Buenos Aires a arreglar el constante tironeo entre ellos y el 23 de mayo de 2016, se suscribió el “Acuerdo para un Nuevo Federalismo”. Su objetivo era fortalecer el federalismo y lograr el equilibrio fiscal, a través del consenso y la resolución de conflictos que existían entre las jurisdicciones firmantes. Convertido en la Ley 27.260 de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, fue el marco general dentro del cual en 2017 se firmó el primero de una apretada sucesión de consensos para lograr promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico mediante la armonización de las estructuras tributarias de todas las provincias, la CABA y la Nación.
Esa armonización apuntaba a las alícuotas de impuestos y tasas para corregir las distorsiones entre las distintas jurisdicciones y concluir, en 2019, con la reducción de la presión fiscal, otro de los males de la economía argentina. En un año hubo que adecuar algunas de las disposiciones acordadas en el “Consenso Fiscal 2017” y sucesivamente se fueron firmando otros pactos, siempre con las mismas razones vinculadas al déficit fiscal.
La mala gestión de Cambiemos y la escasa eficiencia de las políticas del Frente de Todos –escudado detrás de la pandemia- condujeron a este Pacto que hasta fin de mes será aprobado por ambas cámaras provinciales. También deberá hacerlo el Congreso, que tenía incluido al proyecto correspondiente en la agenda de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero y que no pudieron realizarse por la tensión parlamentaria ante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
No se trata solo de un trámite legislativo necesario para dar operatividad al último acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y 19 provincias, entre ellas Salta. Cuando el sector privado esperaba la baja de alícuotas luego del aumento impuesto por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en su tercer turno, este Consenso abre la posibilidad de mayor presión fiscal.
El Secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato, explicó que desde el gobierno provincial existe la plena voluntad de no aumentar impuestos y ratificó las alícuotas vigentes desde 2021. El funcionario consideró necesario señalar tal posición a los legisladores, atento a que este Pacto, firmado en diciembre pasado, habilita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a legislar un impuesto al aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia.
Es cierto que el acuerdo también impone lineamientos en materia de contención de gasto y obliga a un endeudamiento responsable. Pero no menos cierto es que la situación económica en general y la de la Provincia en particular es muy vulnerable. Sobre el Estado recaen demandas ineludibles que deben satisfacerse y las fuentes de recursos no son amplias.
Confiar en la voluntad del gobierno es, por ahora, un acto de fe.
Salta, 22 de marzo de 2022
Cierra una semana en la que se planteó uno de los debates políticos más esclarecedores. La discusión del jueves en el Senado de la Nación contra el veto a una nueva modalidad de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro, puso sobre el tapete cuestiones fundamentales de la relación entre el gobierno central y las provincias.
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
El Presidente muestra torpezas políticas y económicas que lo dejan cada vez más aislado. Gobernadores, aliados y votantes se alejan, mientras él insiste en culpar a los demás.
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
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Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
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