En su primera sesión ordinaria, el Senado de la Provincia comenzó a reglamentar las reformas introducidas a la Constitución Provincial en 2021. El Procedimiento Participativo de la Ciudadanía previo al nombramiento de Jueces de la Corte de Justicia por parte del Poder Ejecutivo, es la primera cuestión objeto de una ley que tuvo este jueves media sanción y fue girada a Diputados.
Opinión04/03/2022
Previo a esa reforma, el Artículo 156 de la Constitución establecía que estos magistrados los nombraba el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado prestado en sesión pública. Eran designaciones por seis años en sus funciones pudiendo ser nombrados nuevamente. A partir de la Convención que operó a fines del año pasado, se incluyó -previo al acuerdo senatorial- el procedimiento participativo de la ciudadanía establecido por Ley.
El dato es la norma ya que dicha participación estaba vigente desde el 13 de febrero de 2008, cuando el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey emitió el Decreto 617, autolimitándose en el ejercicio de la facultad que le confiere la Constitución al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los jueces de la Corte de Justicia. En rigor de verdad, su iniciativa fue una copia fiel del Decreto 222, sancionado por el Ejecutivo nacional en 2003.
Fue Néstor Kirchner quien recogió una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que plantearon, a través de una serie de documentos, lo que llamaron Una Corte para la Democracia. Fue en el tiempo en que la crisis económica y política de principios de este siglo en la Argentina llevó a que la protesta social apuntara también a la Corte Suprema, por considerarla uno de los responsables centrales de esa situación. Era el Tribunal con mayoría automática que acompañó a Carlos Saúl Menem a eludir cualquier sanción por corrupción y que llevó a que instituciones del tercer sector propusieran un cambio institucional orientado a fortalecer su independencia y legitimidad. Una de esas propuestas fue la incorporación del control de la ciudadanía.
Cinco años después y también por decreto se lo incorporó en el procedimiento de selección de los jueces del Tribunal provincial, con el propósito de mejorarlo, de tal manera que su designación, contribuya de modo cierto a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia, al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional, según señalaron los considerandos.
Cuando los convencionales reformaron el artículo 156, no solo ampliaron a diez años el mandato de los miembros de la Corte sino que fortalecieron la participación ciudadana en la designación dándole rango constitucional. La ley que la reglamenta, según la media sanción, se ajusta mucho a las disposiciones que ya regían y que no promovieron significativamente la intervención popular. Es estricta en plantear que no serán consideradas las objeciones irrelevantes o que se funden en cualquier tipo de discriminación o agravio infundado. También exige que por declaración jurada se exprese la objetividad respecto de los propuestos de quienes -por escrito, de modo fundado y documentado- intervengan en la preselección, elevando posturas, observaciones y circunstancia que consideren de interés expresar. Pero el Gobernador no verá afectada su facultad frente a esas posiciones, teniendo razones para sostener la postulación que girará al Senado para su aprobación.
La iniciativa tuvo unanimidad en este primer tramo de tratamiento legislativo pero escasa fundamentación. Un debate más profundo en Diputados podría convocar a una participación ciudadana más significativa, que aún no se logró.
Salta, 4 de marzo de 2022
Sin mayor impacto en la atención ciudadana se llevó adelante este miércoles la Reunión Informativa Pública, durante la que comunidades del interior se interiorizaron sobre obras con financiamiento internacional. La sede fue San Antonio de los Cobres y los participantes tomaron nota de un extenso listado de proyectos que con créditos del Banco Mundial y Fonplata se ejecutarán en distintos puntos del territorio provincial.
A poco de haberse cerrado, la temporada comercial alta que representan las celebraciones del fin de año dejó solamente la sostenida convicción empresaria de que pudo haber sido peor. La última -la de la visita de los Reyes Magos- mostró descarnadamente que los presupuestos domésticos están muy ajustados en materia de ingresos y su manejo exige cautela para no agravar una situación que tiene muchos flancos negativos, como el excesivo endeudamiento.
Tiene fecha el segundo tramo de sesiones extraordinarias del Congreso. Abarcará todo el mes de febrero y se incluirá un paquete de proyectos de prioritario interés del Ejecutivo Nacional, que ha motivado una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores.
La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos en la madrugada del pasado sábado fue el tema que atravesó la atención pública mundial. Sorprendió su ejecución en orden a que hubo un extenso acoso previo contra el país sudamericano y porque la intervención militar se limitó -por ahora- a sacar del país al mandatario y su esposa, sin dar precisiones sobre cómo sigue el proceso.
El fallido plan económico de Javier Milei tiene una sola salida y se llama “Vaca Muerta”. La idea era conseguir inversiones suficientes para poner en marcha un polo de embarque para licuar gas natural y en paralelo petróleo no convencional.
Comenzó a funcionar la rueda de los cambios que, en algunas áreas, se llaman de segunda generación. Son más profundos y exigen un debate a fondo, que se trata de eludir. Propuestos desde el gobierno nacional tienen fuerte impacto en las provincias. Así abrió el 2026.
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Un violento tiroteo en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City dejó un saldo de dos muertos y seis heridos, tres de ellos en estado crítico.
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Toda esta semana la compañía lowcost canceló dos vuelos por día en el Aeropuerto M. M. de Güemes; hoy el que iba a AEP no lo hará y los demás, todos con altísima demora.