El entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional está dividiendo aguas, especialmente en el oficialismo. En la Provincia, la situación no es diferente ya que las voces desde el Frente de Todos no son armónicas y algunas marcan una clara diferencia con lo que sostiene el Ejecutivo salteño, que llevó diputados al Congreso con esa alianza.
Opinión01/02/2022
Los capítulos de la negociación de la deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI se están escribiendo con mayor intensidad a medida que el fantasma del default se va corporizando. El viernes 28 de enero se anunció un acuerdo que los especialistas se encargaron de destacar que era una carta de entendimiento, un documento menor. Como sea, sirve para expresar la voluntad del país de resolver la cuestión aun con resistencias a limitaciones que impacten en el incipiente crecimiento pos pandemia. Sin embargo, todavía no logró alcanzar suficiente acompañamiento político, que será imprescindible en su paso por ambas Cámaras nacionales.
Es una cuestión que debe atenderse porque los legisladores representan los intereses de la Provincia, más allá si pertenecen al oficialismo o a la oposición. Hay cuestiones en los que las diferencias deben arreglarse en función de su impacto, no sobre el gobierno provincial, sino sobre todos los sectores de la sociedad sin que ello signifique vulnerar principios o doctrinas.
Las opiniones que se generaron en torno del entendimiento demostraron en principio la aceptación respecto de la predisposición a arreglar lo que el Presidente de la Nación calificó de Espada de Damocles. Uno de los primeros gobernadores en expresar su apoyo fue precisamente el de Salta. Gustavo Sáenz celebró el entendimiento al que consideró “fruto del diálogo constructivo” y porque “brinda previsibilidad y certidumbre”.
Obviamente en la misma línea se ubicó el ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur, quien también tuvo a su cargo un proceso de negociación de deuda con acreedores externos. Sí abogó para que en la definición de condiciones puntuales sean de cumplimiento posible, a partir de no dificultar las posibilidades de crecimiento.
Por su parte, el diputado nacional Emiliano Estrada –que encabezó la lista que apoyó el gobernador Sáenz- reconoció que fue una negociación difícil de la que la Argentina no logró que los vencimientos se corran diez años. Dijo que lo que verdaderamente se debatía era el default, al que se refirió como el peor escenario para el país. Desde su banca, por ahora hay un voto positivo.
No es el caso de otra legisladora nacional salteña. La senadora nacional, Nora Giménez, planteó disidencias con el origen de la deuda con el FMI contraída durante el gobierno de Cambiemos y puso condicionamientos para aceptar acuerdos en la negociación. Cualquier arreglo deberá ajustarse a la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que fuera aprobada en 2021 y “es un no al pago de la deuda a cualquier precio, la que deberá resolverse dentro de un marco de crecimiento”.
No hay dudas que hasta tanto el entendimiento no llegue al Congreso y se plantee el debate, no se rasgará el velo que todavía cubre un proceso que es imprescindible cerrar de la manera posible. El voto salteño debe reflejar la conveniencia respecto de los intereses nacionales y provinciales, más allá de cualquier gobierno.
Salta, 01 de febrero de 2022
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
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