El anticipo vino a cuento del tratamiento del pago de un bono que algunas jurisdicciones abonaron a sus trabajadores, incluso el Gobierno Nacional. Sobre el cierre de 2021 era un tema excluyente y la presión sindical llevó a que desde el seno mismo del Gabinete Provincial se escucharan voces que dieron cuenta de una inminente decisión que finalmente no llegó aunque todavía no se descartó que se produzca dicho pago. Con la formalidad que suelen caracterizar sus intervenciones mediática, el titular de la cartera de Hacienda aseguró que durante este mes de enero se continúan realizando las reuniones pertinentes, como si enero y la paciencia de una conducción gremial presionada por sus bases fueran infinitos.
No trascendieron términos de la discusión pero fuentes sindicales señalaron que pusieron sobre la mesa dos opciones: un bono que se pague por única vez por 20 mil pesos o una cifra que compense el impacto de la inflación, cuyo porcentaje anual se conocerá este jueves. Entre el inicio de la conversación sobre el bono y esta fecha medió un hecho significativo: la oposición dejó sin presupuesto al gobierno de Alberto Fernández, del que dependen buena parte de los ingresos contemplados en el cálculo provincial de gastos y recursos.
A propósito del presupuesto provincial fue promulgado el jueves último mediante el decreto N°1, del 3 de este mes, último día de actividad del gobernador Gustavo Sáenz. La ley respectiva lleva el número 8.298 y consta de 50 artículos, que disponen la distribución de ingresos por casi 272 mil millones de pesos. Esa cifra representa un aumento del 73% respecto al Presupuesto 2021 y cierra con déficit cero. El 85% de los recursos, guarismo que se expresa en más de 145 mil millones de pesos, serán destinados a Educación, Salud y Seguridad.
Respecto de las paritarias, el presupuesto 2022 contempla para el gasto en personal una partida cercana a los 150 mil millones. Según el texto de la ley sancionada, esa cifra incluye el costo salarial vigente a Diciembre 2.021 más una previsión para aumentos que regirán en el año 2.022 pero autoriza al Poder Ejecutivo a que, en caso de resultar necesario otorgar refuerzos de partida que tengan relación con el incremento del gasto en personal o con gastos que tengan relación con el costo salarial, pueda efectuar las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias. Incluso, en caso de acceder a préstamos, se lo faculta a otorgar las garantías pertinentes para dotar a cada organismo de las asignaciones presupuestarias que le posibiliten cubrir el mayor costo resultante.
La planta de personal del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados consolidados presupuestariamente fue fijada en un poco más de 58 mil cargos, comprendiendo esta cifra al personal permanente y transitorio. Pero se deberán sumar 230 mil horas cátedras y casi 12 mil empleados que se desempeñan en organismos autárquicos y en los otros dos poderes del Estado, además del Ministerio Público y la Auditoría General de la Provincia. La pesada planta de empleados públicos no podrá verse incrementada con nuevas incorporaciones, excepto si se cuenta con las respectivas vacantes y con las partidas presupuestarias suficientes hasta el fin del ejercicio o del período de la designación, para hacer frente a la erogación.
No se trata de una limitación virtuosa sino de una formalidad que suele incluirse en esta ley pero que anualmente se ignora. Solo se debe lamentar el incumplimiento cuando se abren las paritarias y comienza la puja que distrae esfuerzos y altera el ánimo social. Es que más allá de algunas referencias despectivas al empleo público, expresadas incluso por funcionarios que sacan sus haberes de la misma bolsa, la tarea que desempeña ese sector laboral es un verdadero servicio social.
Salta, 11 de enero de 2022
