Una decisión arbitral condena a la Provincia a pagar a una empresa multinacional más de 30 millones de dólares. No por esperada se morigeró el impacto de la información porque, en principio, debe inscribirse en una situación financiera de extrema vulnerabilidad. Los cuestionamientos no se hicieron esperar y el descargo ubica a la cuestión en el marco de las decisiones políticas.
Opinión10/11/2021
El litigio que se resolvió a través de un laudo internacional se inició en el año 2013 cuando el exgobernador Juan Manuel Urtubey rescindió el contrato con la empresa Entretenimientos y Juegos de Azar – Enjasa, licenciataria de tómbola, lotería, juegos en vivo, casinos y juegos de mesa en toda la provincia. La medida fue recurrida por Enjasa desde un comienzo y las apelaciones llevaron a que Casinos Austria, la corporación de juegos que opera casinos en todo el mundo y era la beneficiaria de la concesión, recurriera al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), para resolver el diferendo.
Cabe recordar que este tipo de inversiones, que datan de la década del 90, se realizaron a través de tratados bilaterales, que ponen al Estado argentino como parte y es por ello que representó los intereses de Salta en la controversia, que cerró con el fallo que la obliga a desembolsar una cifra abultada para resarcir a Casinos Austria por una medida que calificara de "arbitraria y abusiva".
Según el ex gobernador Juan Manuel Urtubey fue una decisión política para enmendar la de su antecesor, con la que no estuvo acuerdo. Se trataba de la concesión del juego en 1999, por un plazo de 30 años, en la que la Provincia se beneficiaba con un canon establecido en base a una declaración jurada que presentaba la concesionaria, bajo el control de un ente regulador, ENREJA. En 2008, a poco de asumir, Urtubey sometió el contrato al análisis de una unidad constituída a efectos de revisar todos los acuerdos suscriptos durante la gestión de Juan Carlos Romero. De ello resultó una mejora del canon que no satisfizo al mandatario, que terminó revocando el contrato y cambiando de operador. Hoy ratificó la conveniencia de la medida ya que si se debe pagar una indemnización de 39 millones de dólares, las ganancias que se obtuvieron con la revocación hasta 2019, fin de su mandato, fueron de 125 millones de esa moneda.
Es cierto que todas las decisiones que adopta un gobierno son políticas y se expresan en acciones, medidas, programas y presupuestos gubernamentales. Se sostiene que al decidir es dudable que puedan conocerse todas las opciones, por lo que la racionalidad siempre es limitada y consecuentemente, las decisiones nunca son óptimas sino satisfactorias. Precisamente el estado de emergencia generado por la pandemia en todo el mundo ha puesto a la decisión política en el centro del análisis académico y también de otra naturaleza. Se determinó una expectativa razonable por parte de la ciudadanía es que sus gobiernos procedan con diligencia, asumiendo que la inteligencia práctica requerida en condiciones críticas es muy superior a la capacidad de juicio necesaria para la política cotidiana.
Y es en la política cotidiana en la que puede inscribirse la polémica decisión de revocación de un contrato de concesión, queda para el análisis si podría ser susceptible de algún tipo de enjuiciamiento, al margen del juicio político contemplado en el ordenamiento constitucional, que tiene parámetros claramente establecidos y que es extemporáneo. Hay antecedentes que la Justicia suele sobreseer a los funcionarios acusados. Se puede citar a las causas sobre el Pacto de Irán o la del dólar futuro.
Si la ganancia es mayor, esta derrota arbitral es accesoria, dijo el ex gobernador. La valoración deberá vincularse a la capacidad de pago del Estado provincial y a la precisión de cálculos a los que el ciudadano común no tiene acceso.
Salta, 10 de noviembre de 2021
El Ejecutivo Municipal dispuso auditar todas las obras públicas realizadas durante la gestión de Bettina Romero. Sobre varias de ellas hubo denuncias y registro de incidentes que las inhabilitaron con el consiguiente perjuicio para los vecinos de la Capital. Algunos casos ya están judicializados.
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