Con un voto mayoritario logró una reforma de la llamada Ley de Ministerios y la prórroga de la emergencia socio sanitaria para los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. Sin embargo, el debate no le fue favorable; una fuerte corriente crítica expuso al gobierno de Gustavo Sáenz como improvisado y carente de un plan de mediano plazo.
Ambos proyectos fueron tratados sobre tablas y no tuvieron problemas de alcanzar los votos suficientes para ser enviados al Senado para su sanción y posterior promulgación pero ese apoyo no fue óbice para destacar situaciones que dan cuenta que pueden formularse respuestas para la emergencia pero no existen políticas para resolver problemas estructurales. Los cuestionamientos llegaron a la propia situación institucional por el relegamiento a la que el Ejecutivo pretende someter a la Legislatura, una de cuyas funciones esenciales es el control.
Cabe recordar que apenas iniciada la gestión de Gustavo Sáenz como gobernador tuvo que hacerse cargo de la muerte de niños originarios, víctimas de la desnutrición. Ese es el dato relevante; muchas muertes previas no reconocían esa razón, a la que cubrían con un subterfugio para no mostrar la tragedia social que representaban. A días de su asunción, el mandatario tuvo que declarar la emergencia socio sanitaria de una amplia zona en el norte de la Provincia y buscar la asistencia de la Nación, por la envergadura de la tarea que exigía la reparación de la violación de derechos humanos.
En la última sesión de Diputados se trató por cuarta vez una prórroga de esa decisión, provocando que la oposición demande información que la justifique. Si bien el proyecto de ley ingresó acompañado por la fundamentación, se consideró insuficiente porque se limitó a señalar que se hicieron esfuerzos pero subsisten condiciones que deben encararse con medidas especiales. Tampoco alcanzó el tedioso listado de obras que leyeron voceras del oficialismo, cuya contextualización demostró la irrelevancia de algunas de ellas.
Precisamente por allí pasó la fuerte crítica de legisladores de los departamentos afectados que, de manera coincidente, pidieron un plan de gobierno y no obras aisladas. No hay control de la emergencia, fue lo que advirtió el diputado oranense Baltazar Lara Gros, al solicitar una bicameral de seguimiento que fue denegada por el oficialismo. Se entiende que las crisis que atraviesan a Salta son profundas pero en ningún caso se debe perder de vista que las acciones de gobierno significan el manejo de fondos públicos y sobre ello se debe dar cuenta. Además, este legislador exigió que se informe los objetivos realizables en los 180 días de prórroga.
Desde San Martín, Franco Hernández hizo notar que la mayoría de las obras que el oficialismo citó fueron posibles por la asistencia del gobierno nacional y dio algunos ejemplos de obras sin sentido, como el pozo de agua construido al ingreso de Salvador Mazza para un barrio que sigue sin contar con el servicio o el que se perforó al costado de Rio Tartagal para proveer de agua al principal hospital del departamento pero no se hizo la conexión. Pidió un plan de gobierno integrado mientras que su par radical Matías Monteagudo, requirió que se deje de usar a la emergencia como herramienta e incluir los fondos necesarios para paliar la situación en el Presupuesto 2022.
El voto, de todas maneras, fue mayoritariamente positivo pero no ocultó la advertencia de que la Legislatura no tiene un rol testimonial. No es una escribanía del Ejecutivo, el que debe saldar la deuda de información para mostrar su transparencia.
Salta, 27 de octubre de 2021
