El Defensor del Pueblo es una autoridad del Estado que garantiza los derechos de los habitantes ante abusos que puedan hacer los poderes públicos. Pese a ello, no es una figura que haya generado el apego de la gente al punto que en casi 40 años de vigencia en Salta no hubo una demanda mayoritaria de la regularización de su nombramiento. En cambio, sí hubo controversias en torno de la legitimidad de las designaciones realizadas para la cobertura de lo que pareciera ser solamente un cargo público rentado.

Presidía el Concejo Deliberante José Román Piccardo cuando en octubre de 1984 se sancionó la Ordenanza 3.947 creando el cargo de Defensor del Pueblo, como alto comisionado del cuerpo. Eran tiempo de fervor legisferante, apenas transcurrida la última dictadura militar y la iniciativa puso a su inspirador, el concejal Ernesto Victorino Solá, como un adelantado aunque es una institución antigua. El radical se inspiró en el ombudsman, una figura contemplada desde principios del Siglo XIX en la Constitución Sueca, para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial.

Esa ordenanza sufrió sucesivas modificaciones hasta llegar a la actual, que lleva el número 14.501, sancionada en diciembre de 2012, que también fue objeto de reformas. El primer Defensor del Pueblo de la Ciudad fue Álvaro Ulloa, quien previamente había ocupado una banca en el Concejo. Estuvo en ese puesto desde 2007 y hasta 2013, al que renunció para continuar una carrera política desde el Partido Propuesta Salteña. Lo reemplazó Nicolás Zenteno, quien era secretario letrado de la Defensoría y permaneció hasta diciembre de 2017, cuando se hizo cargo Frida Fonseca, cuyo mandato como concejal había vencido. 

En rigor de verdad, ninguno de ellos atravesó el procedimiento establecido para la designación del Defensor. Ulloa superó un duro cuestionamiento realizado en 2010 por el bloque romerista del Frente Salteño y desde entonces no hubo mayor preocupación por la cobertura de tan alta función. Ello no fue razón para que los ocupantes del cargo traten de desempeñarse con decoro o notoria eficiencia, como fue el caso de Zenteno, actual activista de los Derechos del Consumidor.

El concejal José Gauffín, tal como lo había intentado en un anterior mandato, decidió que  es momento que se proceda a iniciar el proceso de selección del Defensor como impone la Ordenanza vigente y propuso para impulsar tal cuestión poner fecha. Octubre es el mes elegido para llevar adelante el concurso de oposición y de antecedentes, del que puede participar quienes cumplan los requisitos exigibles para ser senador pero que en especial tengan la capacidad para actuar con autonomía e independencia.

El Alto Comisionado del Concejo no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y actúa de acuerdo a su criterio con arreglo a lo que disponen la Constitución Nacional, Provincial, la Carta Municipal, las leyes y las ordenanzas vigentes. A su cargo queda la protección y defensa de los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de la ciudad de Salta, frente a los actos u omisiones de la Administración.

Sin dudas es un puesto de lucha; un buen lugar para los que tengan vocación de servicio.

Salta, 26 de agosto de 2021