Y hoy, la noticia tiene que ver con las típicas avivadas argentinas, cuyos autores no miden ni la miseria de sus acciones ni el perjuicio que causan a quienes verdaderamente necesitan ayuda. Puesto de otra forma, hay por lo menos 2.000 empresas que deberán devolverle al estado la ayuda salarial que cobraron, por haber comprado dólares.

Son firmas que hicieron operaciones de “contado con liquidación”, repartieron dividendos o recompraron acciones mientras sus empleados habían recibido un subsidio para pagar parte de sus sueldos. Es decir: esas empresas tenían plata para comprar dólares, mientras el Estado cubría parte de los sueldos que los dueños de las firmas, podrían haber pagado a sus empleados. La AFIP comenzará a enviarles notificaciones y tendrán 15 días para empezar a pagar. Tan generoso es este país, que habrá un plan con cuotas e intereses para esos dos mil desaprensivos. 

El Gobierno tuvo desde finales de 2020 en la mira a unas 3.700 empresas que habrían realizado compras de divisas a través de la operatoria de “contado con liqui” por 500 millones de dólares después de haber sido beneficiadas por el salario complementario del programa ATP. Finalmente el número de empresas que no cumplieron con la norma se redujo a 2.000.

La lógica de los controles, afirmaron, fue que una empresa no debería haber solicitado asistencia oficial para el pago de salarios si contaba con dólares o bien con títulos públicos en dólares. El incumplimiento del programa ATP incluye entre los dos mil, a empresas grandes, pymes, asociaciones civiles y hasta obras sociales.

No comprar dólares era una de las condiciones que las empresas que contaran con esa asistencia salarial debían cumplir para poder formar parte del esquema de ayuda estatal a compañías durante la pandemia.

Los otros incumplimientos que persigue la AFIP son la distribución de utilidades, recompra de acciones, remisiones al exterior o una suba de honorarios, salarios o anticipos de los miembros de los órganos de administración más de un 5 por ciento.

Insistimos: el salario complementario fue una de las medidas incluidas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y que apuntó a dar una ayuda directa para las empresas que necesiten pagar salarios durante 2020, especialmente en los meses de mayores restricciones a la actividad por la pandemia. Significó un gasto de $220.000 millones para el Estado.

Pero como la memoria es frágil y desde el primer ATP parece que hubieran pasado varios siglos, no está demás refrescar que al menos unos diez funcionarios del gobierno provincial, tres municipales, el arzobispo Mario Cargnello y el diputado Omar Exeni, accedieron al programa de Asistencia al Trabajo y la producción (ATP).  

Los funcionarios provinciales fueron el ministro de Educación, Matías Cánepa; el secretario de Modernización, Martín Miguel de Güemes; el secretario de Trabajo, Alfedo Batule; el secretario de Seguridad, Andrés Benjamín Cruz; el subsecretario de Prensa, Víctor Lamberto; el delegado de la Casa de Salta, Martín Plaza; el presidente del Directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado; el subsecretario del Parque Automotor, Ricardo Velarde; el subsecretario de Planificación Estratégica, Marcelo Barberi; la directora General de Empleo Público y Desarrollo, Stefanella Russo Maenza.  También, el secretario de Legal, Técnica y Procuración General del municipio de Salta, Daniel Nallar, junto a la secretaria de Prensa, Valeria Capisano, y María Eugenia Angulo, secretaria de Desarrollo Urbano. Y hasta el mismísimo arzobispo salteño, Mario Cargnello, fue beneficiado por la ayuda estatal. 

Nobleza obliga, los nombres surgieron a partir de publicaciones de FM Noticias y el sitio web Agenda Salta. Todos los beneficiados fueron consultados por Salta/12, y no negaron haber cobrado el beneficio, muchos desligaron responsabilidades y apuntaron a la Universidad Católica de Salta, lugar donde ejercen de docentes, como la institución que solicitó esa ayuda para pagar los sueldos de sus trabajadores en abril. En el caso de Lamberto, apareció en la lista por su vínculo con el grupo TELEFE y el presidente del Directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado, explicó que cobró la ATP “como los más de 980 trabajadores”. Lo mismo pasó con Capisano, extrabajadora de Aguas del Norte.

De todo ese listado de personas, quedó claro que la mayoría desconocía cómo se integró su sueldo, porque sus “empleadores” hicieron la gestión y no tuvieron responsabilidad, aunque los nombres y funciones sean resonantes. 

Pero no fue el caso del diputado Omar Exeni, que justificó -sin sonrojarse- que hizo todo dentro de la legalidad y que los ATP eran una ayuda del gobierno nacional a las empresas “que tengan recibo de sueldo” sin importar el rango dentro de la firma, sean socios, gerentes o empleados. Pocos días antes, había sido denunciado por uno de sus empleados, a quien despidió por no querer entregarle el dinero que recibía de las ATP. 

Entonces, si la pandemia puso blanco sobre negro, tal vez sea hora de una ciudadanía más atenta y que sepa que hubo empresarios argentinos que recurrieron a la ayuda estatal con justicia y por necesidad. Pero también, que hubo miserables que gestionaron la asistencia, solo para destinar los fondos que sí tenían para sueldos a su provisión de dólares o para beneficiarse con otras operaciones, gracias al oxígeno en los sueldos de sus trabajadores. La pospandemia debería encontrarnos con una sociedad más justa, pero para eso, deben empezar a eliminarse los vicios de muchos de sus integrantes, que al final, lo único que hacen, es dejar más desprotegidos y sin recursos a los más vulnerables.