
Se repite la estrategia que en el año y medio de gestión le dio buenos resultados al gobierno de Javier Milei. Arrincona a los gobernadores y los va liberando individualmente, en tanto se comprometan a sostener el apoyo que necesita en el Congreso.
Ya hemos hablado en distintas oportunidades sobre cómo la pandemia por Covid-19, puso en evidencia lo mejor, pero especialmente lo peor de nuestra sociedad y sus instituciones públicas y privadas.
Opinión28/07/2021 Natalia NietoY hoy, la noticia tiene que ver con las típicas avivadas argentinas, cuyos autores no miden ni la miseria de sus acciones ni el perjuicio que causan a quienes verdaderamente necesitan ayuda. Puesto de otra forma, hay por lo menos 2.000 empresas que deberán devolverle al estado la ayuda salarial que cobraron, por haber comprado dólares.
Son firmas que hicieron operaciones de “contado con liquidación”, repartieron dividendos o recompraron acciones mientras sus empleados habían recibido un subsidio para pagar parte de sus sueldos. Es decir: esas empresas tenían plata para comprar dólares, mientras el Estado cubría parte de los sueldos que los dueños de las firmas, podrían haber pagado a sus empleados. La AFIP comenzará a enviarles notificaciones y tendrán 15 días para empezar a pagar. Tan generoso es este país, que habrá un plan con cuotas e intereses para esos dos mil desaprensivos.
El Gobierno tuvo desde finales de 2020 en la mira a unas 3.700 empresas que habrían realizado compras de divisas a través de la operatoria de “contado con liqui” por 500 millones de dólares después de haber sido beneficiadas por el salario complementario del programa ATP. Finalmente el número de empresas que no cumplieron con la norma se redujo a 2.000.
La lógica de los controles, afirmaron, fue que una empresa no debería haber solicitado asistencia oficial para el pago de salarios si contaba con dólares o bien con títulos públicos en dólares. El incumplimiento del programa ATP incluye entre los dos mil, a empresas grandes, pymes, asociaciones civiles y hasta obras sociales.
No comprar dólares era una de las condiciones que las empresas que contaran con esa asistencia salarial debían cumplir para poder formar parte del esquema de ayuda estatal a compañías durante la pandemia.
Los otros incumplimientos que persigue la AFIP son la distribución de utilidades, recompra de acciones, remisiones al exterior o una suba de honorarios, salarios o anticipos de los miembros de los órganos de administración más de un 5 por ciento.
Insistimos: el salario complementario fue una de las medidas incluidas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y que apuntó a dar una ayuda directa para las empresas que necesiten pagar salarios durante 2020, especialmente en los meses de mayores restricciones a la actividad por la pandemia. Significó un gasto de $220.000 millones para el Estado.
Pero como la memoria es frágil y desde el primer ATP parece que hubieran pasado varios siglos, no está demás refrescar que al menos unos diez funcionarios del gobierno provincial, tres municipales, el arzobispo Mario Cargnello y el diputado Omar Exeni, accedieron al programa de Asistencia al Trabajo y la producción (ATP).
Los funcionarios provinciales fueron el ministro de Educación, Matías Cánepa; el secretario de Modernización, Martín Miguel de Güemes; el secretario de Trabajo, Alfedo Batule; el secretario de Seguridad, Andrés Benjamín Cruz; el subsecretario de Prensa, Víctor Lamberto; el delegado de la Casa de Salta, Martín Plaza; el presidente del Directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado; el subsecretario del Parque Automotor, Ricardo Velarde; el subsecretario de Planificación Estratégica, Marcelo Barberi; la directora General de Empleo Público y Desarrollo, Stefanella Russo Maenza. También, el secretario de Legal, Técnica y Procuración General del municipio de Salta, Daniel Nallar, junto a la secretaria de Prensa, Valeria Capisano, y María Eugenia Angulo, secretaria de Desarrollo Urbano. Y hasta el mismísimo arzobispo salteño, Mario Cargnello, fue beneficiado por la ayuda estatal.
Nobleza obliga, los nombres surgieron a partir de publicaciones de FM Noticias y el sitio web Agenda Salta. Todos los beneficiados fueron consultados por Salta/12, y no negaron haber cobrado el beneficio, muchos desligaron responsabilidades y apuntaron a la Universidad Católica de Salta, lugar donde ejercen de docentes, como la institución que solicitó esa ayuda para pagar los sueldos de sus trabajadores en abril. En el caso de Lamberto, apareció en la lista por su vínculo con el grupo TELEFE y el presidente del Directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado, explicó que cobró la ATP “como los más de 980 trabajadores”. Lo mismo pasó con Capisano, extrabajadora de Aguas del Norte.
De todo ese listado de personas, quedó claro que la mayoría desconocía cómo se integró su sueldo, porque sus “empleadores” hicieron la gestión y no tuvieron responsabilidad, aunque los nombres y funciones sean resonantes.
Pero no fue el caso del diputado Omar Exeni, que justificó -sin sonrojarse- que hizo todo dentro de la legalidad y que los ATP eran una ayuda del gobierno nacional a las empresas “que tengan recibo de sueldo” sin importar el rango dentro de la firma, sean socios, gerentes o empleados. Pocos días antes, había sido denunciado por uno de sus empleados, a quien despidió por no querer entregarle el dinero que recibía de las ATP.
Entonces, si la pandemia puso blanco sobre negro, tal vez sea hora de una ciudadanía más atenta y que sepa que hubo empresarios argentinos que recurrieron a la ayuda estatal con justicia y por necesidad. Pero también, que hubo miserables que gestionaron la asistencia, solo para destinar los fondos que sí tenían para sueldos a su provisión de dólares o para beneficiarse con otras operaciones, gracias al oxígeno en los sueldos de sus trabajadores. La pospandemia debería encontrarnos con una sociedad más justa, pero para eso, deben empezar a eliminarse los vicios de muchos de sus integrantes, que al final, lo único que hacen, es dejar más desprotegidos y sin recursos a los más vulnerables.
Se repite la estrategia que en el año y medio de gestión le dio buenos resultados al gobierno de Javier Milei. Arrincona a los gobernadores y los va liberando individualmente, en tanto se comprometan a sostener el apoyo que necesita en el Congreso.
Según el INDEC, la economía argentina muestra señales de recuperación; su último registro da cuenta del séptimo mes consecutivo con cifras positivas respecto de 2024. Sin embargo, amplias franjas de actividades dan cuenta de una situación de crisis sin un horizonte claro de crecimiento.
Las mujeres sabemos, por experiencia, lo que cuesta hacerse escuchar. Y por eso mismo, no podemos ni debemos quedarnos calladas cuando lo que está en juego es el derecho de toda una sociedad a estar informada. En un tiempo de transformaciones aceleradas y tensiones crecientes, el valor de la palabra y la responsabilidad de quien la ejerce —ya sea desde el periodismo o desde la política— adquieren una dimensión aún más crucial.
Atravesada la mitad del año, la agenda de los gobernadores se va intensificando. Las dificultades financieras se están acumulando y necesitan respuestas a los reclamos presentados al gobierno nacional.
La semana pasada los gobernadores de todas las provincias argentinas propusieron un proyecto de ley planteando la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para posibilitar que la Nación y las provincias destinen esos fondos de acuerdo a las prioridades de cada una.
Un fuerte clima de tensión política se está instalando en el país a medida que se acerca el último acto electoral del año. La renovación parcial del Congreso anima mensajes y movimientos que apuntan, según los casos, a sostener o mejorar la posición en ambas cámaras.
Mediocampista salteño de Embarcación campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, tras una breve experiencia en Crucero del Norte este semestre está cerca de sumarse al plantel que dirige Germán Noce para la segunda mitad del Torneo Federal A.
Ante el pico de consumo por las bajas temperaturas, la empresa de electricidad anunció la implementación de interrupciones preventivas del suministro, de manera, rotativa, durante el lapso de 2 horas.
Publicaron hoy en el Boletín Oficial la Ley 8495, que reforma el Código Contravencional y endurece sanciones por animales sueltos en espacios públicos.
Analista político ligó los fallos contra YPF a la sociedad Kirchner‑Eskenazi y advirtió que la demanda amenaza Vaca Muerta y la credibilidad del país.
"Naturgy confirmó que el corte continúa vigente. Y mientras no haya autorización expresa, no se podrá vender GNC en ninguna estación de servicio" afirmaron desde CESECA.