Tras quince años de vigencia de un sistema de promoción, que nadie pudo cuestionar más allá de algunos aspectos, otra ley está buscando sanción sin que a muchos de los que siguieron el debate del jueves le hayan quedado en claro cuáles son sus ventajas. O sí, la de asegurar un buen precio para beneficiar a todos los consumidores. Planteada desde el oficialismo, es una promesa que cuesta creer.
Cinco de los siete diputados por Salta expusieron su posición y transitaron todo el arco de opiniones posibles. Fueron de un apoyo sin mengua, al condicionado por modificaciones o por la necesidad de tener ley cualquiera sea, al rechazo sin contemplaciones. Y repitieron en su estrecho ámbito de representación lo que se observó en el recinto. A partir de un mismo texto, las fundamentaciones mantuvieron los disensos que caracterizan las visiones que alimentan lo que se llama grieta y que no es más que la falta de voluntad política de negociar acuerdos.
Desde el oficialismo y la oposición hubo manifestaciones de elogios a dos leyes del kirchnerismo, la 26.093, promulgada en mayo de 2006, que impuso el desarrollo de la industria del biocombustible en el país y la Ley 26.334, de enero de 2008, que permitió el ingreso de los ingenios azucareros a la producción de bioetanol para su mezcla con las naftas. Ambas normas ordenaron que todos los combustibles de origen fósil que se comercializan dentro de territorio nacional debían tener un componente de aceite o alcohol de origen vegetal: maíz, soja y caña de azúcar. Su vigencia permitió el funcionamiento de más de 50 plantas de producción, radicadas especialmente en nueve provincias del norte y centro del país. Otra coincidencia es que eran leyes verdes y de carácter netamente federal.
El proyecto que logró media sanción, propuesto por el Frente de Todos, fue ponderado porque surgió del aporte de las cámaras de productores y asegura previsibilidad, certeza y equilibrio entre los intereses de las empresas, los trabajadores y del Estado, bajando el corte y manteniendo el precio, sin impacto en el de las naftas y gasoil. Obviamente no es lo que ve la oposición, que precisamente cuestionó la reducción del corte, la concentración de la producción en pocas manos y le cesión de superpoderes a la Secretaría de Energía, para que fije el nivel de los cortes y el precio de los biocombustibles.
Lucas Godoy, diputado oficialista, fundamentó su voto positivo al proyecto en que fortalece, sostiene y da previsibilidad la economía regional. En especial subrayó que el sector de bioetanol de caña de azúcar representa 60 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos y su exportación genera la entrada de divisas. En el otro extremo, el radical Miguel Nanni señaló que es una iniciativa que se basa en la lógica de que es “peor es nada”. Si no se lleva adelante y en el marco de una prórroga que pronto va a vencer, consideró que no innova ni estimula inversiones no propone progresividad de cortes, con lo que pone el país a contramano del mundo. Por el medio caminó Andrés Zotto, del Interbloque Federal, que hubiese preferido otra ley y más tiempo para negociar y mejorar la normativa. Pero la norma es imprescindible para dar previsibilidad a los inversores y de allí su voto a favor. Otros dos votos salteños estuvieron impregnados de ideologismo y el aporte fue así insignificante.
Un resultado ajustado de la votación da cuenta que falta interés por el consenso y, también, políticas que garanticen previsibilidad en el mediano plazo.
Salta, 02 de julio de 2021
