La próxima convención constituyente está habilitada para modificar la Auditoría General de la Provincia, que es el órgano con competencia para controlar la gestión de los recursos de la hacienda pública tanto provincial como municipal.
Opinión25/06/2021 Sonia Escudero
Creada en 1998 en reemplazo del Tribunal de Cuentas, sus 22 años de función nos muestran que la Auditoría es un organismo totalmente inoperante y complaciente con la corrupción. La principal causa radica en que los auditores son designados políticamente: una comisión de la Cámara de Diputados los selecciona, y el Senado presta el acuerdo. Así vemos cómo los designados son ex legisladores, ex funcionarios, todos con estrechos vínculos con el poder político, al que se supone deben controlar.
La reciente renovación del mandato de los auditores Abdo y Ferraris lleva a la sospecha de que el gobierno en realidad no quiere un cambio en los próximos 5 años.
Por otra parte, el sistema actual no requiere que los Auditores Generales posean conocimiento sobre auditoría, ellos aprenden a medida que deambulan su gestión, lo que se traduce en una ineficacia funcional a quienes debieran ser controlados. Esto equivale a que las personas sean juzgadas por quien no tiene idoneidad. El daño que esa ignorancia provoca es irrecuperable.
Se debe desarticular la relación carnal existente entre los auditores y los políticos sujetos a control. Preferentemente la reforma constitucional debería determinar que los auditores generales sean designados por concurso público de antecedentes y oposición, en el que intervenga un jurado técnico con profesionales designados por las universidades, y con control popular. Se debe garantizar que lleguen los y las mejores profesionales en auditoría, que es una función técnica con consecuencias políticas, en tanto la finalidad del control es lograr que la ciudadanía acceda a servicios públicos de calidad, con equidad y transparencia.
Asimismo, los auditores deben tener, como actualmente, un mandato limitado en el tiempo, pero se debe prohibir la posibilidad de reelección. Esto para evitar cualquier negociación entre auditores y el Ejecutivo al que se supone deben controlar, con relación a la renovación en el cargo.
Un caso testigo de la inoperancia y complacencia con la corrupción de la Auditoría de la Provincia, es el caso conocido como Huergo. En marzo de 2019, la AFIP presentó ante la justicia federal una denuncia por presuntos delitos cometidos en la administración de Aguas del Norte, hoy Cosaysa, y en la Municipalidad de Salta, durante los años 2017 y 2018. Recordemos que gobernaba Urtubey y la gestión municipal estaba a cargo del actual gobernador Sáenz.
La AFIP denunció contrataciones irregulares entre la empresa de Aguas y empresas pertenecientes a Matías Huergo, cuyo objeto social no guardaba relación con las obras contratadas. Se denuncian sobreprecios, direccionamiento, facturas apócrifas para justificar salidas ilegales de fondos públicos, entre otros posibles delitos.
La prueba presentada es abundante: interceptación de llamadas telefónicas, identificación de los expedientes de contrataciones irregulares, información obtenida en computadores de la empresa. Allí se probarían sobreprecios y presuntos pagos de retornos a funcionarios, negociaciones incompatibles con la función pública, todo en franco perjuicio de la Administración Pública.
Por si acaso la Auditoría General de la Provincia no se había enterado, con fecha 25 de Octubre de 2019, FOCIS solicitó formalmente que el organismo realice el control que constitucionalmente le compete sobre la empresa de Aguas en el período denunciado, acompañando fotocopia de la denuncia presentada por AFIP. La gravedad de los hechos importa un serio perjuicio a la ciudadanía en tanto se estaría defraudando a usuarios y consumidores del servicio de agua y saneamiento, cuyos exiguos bolsillos están pagando altas tarifas mensuales, lo que torna intolerable cualquier desvío hacia la corrupción.
En una Provincia donde aun existe un genocidio por goteo por muertes por falta de acceso al agua potable y al saneamiento, la corrupción en la empresa responsable de la prestación de este servicio, cobra niveles de crimen contra la humanidad.
Ante la falta de respuesta al pedido de auditoría realizado por FOCIS, habiendo transcurrido casi dos años, el 16 de junio me presenté a recabar información sobre lo actuado por el organismo. No pude ver el expediente, nadie quiso darme información sobre el mismo, y el auditor responsable, el ex senador Omar Esper, estaba enfermo.
Reitero que en realidad, el gobierno está frenando de antemano, para el corto y mediano plazo, cualquier cambio en la Auditoría en tanto acaba de renovar por 5 años el mandato de Omar Esper y Gustavo Ferraris, quienes hoy controlan el organismo. Los encargados del control son ex legisladores y funcionarios vinculados políticamente al gobierno al que se supone deben controlar. Esta es la mayor debilidad de la Auditoría.
Me opongo rotundamente a la pretensión de algunos sectores políticos de continuar colocando el control en las fuerzas político-partidarias, sean oficialistas u opositores coyunturales. Esa sería una reforma gatopardista para que nada cambie. Diseñar un control externo a cargo de quien representa los intereses del gobierno que ejecuta el gasto, es totalmente contradictorio.
La corrupción no sólo traiciona a las personas, sino también a la democracia, y es una amenaza para el desarrollo y para nuestro futuro. No debemos perder la oportunidad de diseñar un sistema de control de los fondos públicos independiente e imparcial. Esa será la mejor manera de cuidar a Salta.
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