Discusión

La iniciativa del bloque de la Unión Cívica Radical mostró una actitud vergonzante de los legisladores, que en general reconocen que los efectivos de las fuerzas de seguridad necesitan ser formados en Derechos Humanos pero que son buenas personas.

El proyecto de ley de autoría de los diputados del Departamento de San Martín, Valeria Fernández y Matías Monteguado, generó un debate en el que hubo coincidencias amplias pero disidencias profundas, que se expresaron en dos abstenciones  reveladoras, la del trotskista Claudio del Plá y el saencista Gustavo Orozco, policía acusado de vejámenes y torturas. Dispone crear el Programa de Formación Continua en que tendrá como misión la prevención de violencia y la discriminación por identidad y expresión de género u orientación sexual, destinado a las personas que se desempeñen en todos los niveles y jerarquías en la Policía de la provincia de Salta.

Uno de los datos más relevante de la problemática apenas fue mencionado en la sesión. Se trata de la puja entre el Ministro de Seguridad y la Fiscal de Derechos Humanos que investiga las denuncias de excesos en la actuación policial. Quien los describió sin mayores subterfugios fue el ex presidente del cuerpo y diputado capitalino Santiago Godoy, quien dijo que “todos quieren a la Policía pero la quieren capacitada”.

Ello así porque reconoció que no es una ley que surge de una demanda social sino que es impuesta por la actuación policial. Apuntó a las conductas especialmente desplegadas desde que irrumpió la pandemia y encontraron sustento en el polémico Decreto 255 que le dio a la fuerza de seguridad facultades que, en algunos casos,  se aplicaron en perjuicio de personas que incumplieron restricciones sanitarias. Esas actuaciones son investigadas por la fiscal Verónica Simense porque significaron una represión cruenta. Pero el legislador también hizo notar que similar comportamiento se despliega ante mujeres que denuncian violencia, ante poblaciones originarias que ven vulnerados derechos ancestrales, o grupos minoritarios e, incluso, vendedores ambulantes y artistas callejeros. En la misma línea se ubicaron legisladores que reconocieron que se vincula a la Policía con prácticas delictivas y no solo actitudes violentas. 

En otra línea se ubicaron aquellos que si bien aceptaron la iniciativa porque toda capacitación es virtuosa, demandaron que se reconociera, como ellos mismos lo hicieron, que -si hay algunos miembros de la fuerza policial que incurren en excesos- se trata de una institución positiva para la sociedad. En algunos de estos legisladores hubo ambigüedad ya que pusieron énfasis en reconocer desviaciones pero con la misma intensidad rescataron tareas que ponen a la Policía de la Provincia cumpliendo con creces su función.

No faltaron quienes le pusieran una carga ideológica a la discusión por fuera del objeto del proyecto y aquellos que también marcaran el sesgo con el que se llevaba adelante el debate. Como sea, el proyecto -que debe pasar el tamiz del Senado- fue aprobado pero la cuestión de fondo fue insinuada pero no abordada de manera franca por lo que sigue siendo cuestión pendiente.

La Policía divide aguas.

Salta, 09 de junio de 2021