Sin embargo, a poco que ahondemos en sus funciones, veremos que es la cabeza de un Poder del Estado y como tal tiene asignadas una serie de funciones entre ellas la de ser la administradora del poder judicial, elaborar el presupuesto y distribuirlo. Solamente con esta enunciación vemos que sus asignaciones son decisiones políticas, toda vez que de esa organización y recursos se establecen distribuciones que privilegian unas actividades jurisdiccionales sobre otras, dentro de un marco establecido por ley, pero con un cierto grado de discrecionalidad.
Pero fundamentalmente la Corte Suprema de Justicia se expresa en sus sentencias y fija en ellas una política, sea ratificando o variando un concepto político institucional, Nadie puede negar, que si bien se apoya en normas legales son claros lineamientos políticos como haber establecido con el conocido fallo F:A:L la operatividad de abortos en caso de violación sufrido por una mujer. Referido a Salta haber eliminado pautas religiosas en la escuela pública, en base a una nueva mirada de la ley y la aplicación de temporalidad al siglo 21 es una decisión política dentro de un marco jurídico.
En el gobierno de Carlos Saúl Menem, se llevó a cabo el contrabando de armas, jamás antes visto en la historia nacional. Para esa maniobra se retiró de distintas guarniciones militares armamentos de propiedad del estado nacional. Muchos de ellos fueron reacondicionados en la Fábrica Militar, ubicada en la localidad de Río Tercero Provincia de Córdoba, despojando a las guarniciones de armamentos valiosos y cargando su reparación a las arcas estatales. Esas armas y municiones se las sacó del país, supuestamente con destino a la República de Panamá. Sin embargo sus destinos finales fueron Ecuador y Croacia- Bosnia. Se disimuló el envío porque Naciones Unidas había dispuesto el embargo de armas a esos destinos por la guerra que protagonizaban Perú – Ecuador y la de Europa que terminó con la fractura de Yugoeslavia. A su vez la República Argentina era garante de paz en el conflicto latinoamericano. Luego que un poder judicial remiso y condescendiente a Menem y consortes le aplica penas de 7 años de prisión e inhabilitación perpetua al ex presidente, la Corte Suprema reenvió el fallo a otra instancia y en ese estadio se dictó la absolución para Menem y consortes penales, alegando el tribunal que no se había cumplido el principio de plazo razonable, Desde ese fallo hasta la muerte de Menem la Corte -que tenía el expediente a resolver por la cuestionada absolución- no emitió fallo alguno. Tampoco lo hizo con la causa que tenía a despacho por la condena de más de cuatro años de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno. En cambio si actuó con celeridad la Corte al habilitarlo para un nuevo mandato de candidato a Senador Nacional.
Esto significó para el estado Argentino un descrédito internacional. El propio estado nacional con la omisión de la Corte en pronunciarse sobre el castigo a Menem, produjo como consecuencia el descreimiento en la Justicia y en el propio estado Argentino.
Fue una decisión política de la Corte Suprema de acompañar el contrabando de armas; de violar el embargo dispuesto por la ONU; de hacer trizas el respeto mundial al subvertir la calidad de Garante de la Paz; de auspiciar la corrupción al no dictar fallo por los sobresueldos, entre otros daños internacionales e internos que se sufrieron.
Las relaciones diplomáticas con Perú estuvieron suspendidas hasta que en el año 2010 la Presidente Cristina Fernández de Kirchner pidió perdón a ese país en nombre del pueblo y estado Argentino.
