Cuidados

Opinion 19 de abril de 2021
Burbujas mediante, la mayor parte del país mantiene la presencialidad en los establecimientos educativos. Este panorama deja al conflicto en el área metropolitana, más que como una necesidad sanitaria, como una cuestión de puja política. El aspecto destacado de la situación es que pone a la educación en el centro de la atención ciudadana.
clases

Desde que la semana pasada se conocieron las nuevas medidas para enfrentar la pandemia, ante la confirmación del ingreso de una segunda ola de contagios de coronavirus, las restricciones que afectan a la actividad en las escuelas pusieron a todo el país en estado de alerta. Al menos permitió un debate sobre la conveniencia y la necesidad de mantener las aulas abiertas, como se demandó a fines del 2020, luego de un año lectivo perdido.

Pese al pedido presidencial a las provincias de adoptar el mismo criterio que el establecido  en el Decreto de Necesidad y Urgencia 241  para el Área Metropolitana Buenos Aires de suspender por 15 días las clases presenciales, solo cuatro estados siguieron esa línea aun cuando no necesariamente repiten la situación epidemiológica del AMBA. Es que si bien en la Argentina hay un incremento de casos, no alcanza el "crecimiento exponencial" denunciado en el resistido DNU. Sostenido en que el ámbito de las escuelas no es fuente de contagios, la Ciudad de Buenos Aires logró un pronunciamiento judicial que le permite la apertura de los establecimientos y se desató una batalla en tribunales.

Este cuadro de situación no es trasladable a la Provincia, cuyo Gobierno mantiene la presencialidad. Otras son las cuestiones que se discuten en torno de cómo se llevan adelante las actividades en este año lectivo.

Entre vacunación incompleta, infraestructura deficiente y déficits de recursos humanos la puja va por una pulseada entre docentes y gobierno educativo. Estos elementos dejaron en segundo plano el secular reclamo salarial que los sectores más radicalizados entendieron no provoca empatía social en estos tiempos.

Sin embargo, no cejan en su propósito de cerrar las escuelas con la consigna que no están aseguradas las condiciones sanitarias para proteger a maestros y profesores. De allí que se han multiplicado las presentaciones de personal docente y no docente solicitando ser incluido en los grupos de riesgo por patologías prevalentes. Si prospera el pedido, no será obligatoria su asistencia a la escuela.

Según un informe oficial, en lo que va de este período se han realizado más de mil nombramientos para cargos docentes vacantes pero la cobertura no se ha completado.  Se conoce que el trabajador de la educación es uno de los sectores más afectado por licencias de distinta naturaleza, que llevan a que un grado o una cátedra se cubran por más de un docente, con el impacto financiero y hasta pedagógico de esa situación.

La experiencia del pasado año ha puesto una mirada diferente respecto de cómo llevar adelante el actual ciclo lectivo. Sirvió especialmente para la determinación de los protocolos que se aplican hasta ahora con visible eficacia, atento a la escasa incidencia de contagios en ese ámbito. Si tal circunstancia se mantiene en esos parámetros, el acompañamiento de la familia y la predisposición de los docentes a cumplir su tarea en el ámbito natural que es la escuela, se podrán sostener expectativas sobre un año pedagógicamente válido en circunstancias extraordinarias como las que crea la pandemia. 

El gobierno deberá aportar lo suyo en cuanto a asegurar las condiciones apropiadas, incluyendo la inmunización de quienes están en la primera línea de lucha contra todos los flagelos.

Salta, 19 de abril de 2021

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