Recordemos que la Legislatura Provincial de aquel entonces estaba controlada por una colación entre radicales (reconvertidos al peronismo) y laboristas. 

Pero la decisión de crear la Justicia del Trabajo y de intervenir la Policía del Trabajo, era una “orden” que emanaba del propio Perón y, como tal, indiscutible en los otros ámbitos de decisión.

Seguramente las fuerzas conservadoras locales resistían ambas innovaciones. Se sentían más a gusto con la no intervención del Estado. Con la supremacía del Código Civil sobre el Derecho del Trabajo. Con la debilidad de los sindicatos (pese a las corrientes anarquistas y cristianas que procuraban poner de pie a los trabajadores). 

El hecho es que la demora en designar a los nuevos jueces del trabajo, sumada a la agobiante escalada de precios que sufrían los salteños de entonces, desencadenó una huelga general que, tras graves hechos de violencia, terminó derrocando al gobernador Lucio Cornejo Linares. 

Rotas las barreras que impedían la ejecución de las nueva política laboral del primer peronismo, los trabajadores y los sindicatos iniciaron, también en Salta, una nueva etapa centrada en el reconocimiento de su dignidad y de sus derechos.

Ni bien se formó una idea de lo que sucedía en el campo del trabajo, Perón dijo: “Aquí, más que nuevas leyes, hace falta cumplir y hacer cumplir las que están vigentes”. A su vez, en el terreno de la economía, el gobierno de facto -con la intervención del llamado Consejo Nacional de Posguerra- se abocó a la tarea de preparar el Plan de Desarrollo Estratégico que debería (como efectivamente ocurrió) sacar a la Argentina del atraso aventando las amenazas que provenían del escenario mundial. 

Podría decirse, ahora, 73 años después, que esta combinación de planificación del desarrollo y de giro copernicano en las relaciones de trabajo, tuvieron un primer período exitoso, hasta que las sucesivas crisis (comenzando por la de 1952) obligaron a introducir ajustes y retoques. 

Y podrían también afirmarse que muchas de aquellas medidas, profusamente divulgadas, modelaron la cultura económica y social de muchísimos argentinos, incluso de varias generaciones de argentinos. 

Pero regresemos rápidamente al presente salteño. Un presente agobiado por la pobreza, las desigualdades, el trabajo no registrado, la falta de diálogo tripartito, y la ausencia de una política provincial en favor del trabajo, la producción y el empleo decente (para emplear la terminología de la Organización Internacional del Trabajo).

Afrontamos, todos los salteños -oficialistas u opositores- tremendos desafíos, agudizados por la crisis sanitaria.

Y, para colmo de males, lo hacemos con un gobierno sin proyecto y una oposición desorientada y poco proclive a proponer alternativas. 

En este escenario, no cabe sino felicitar a la CGT regional Salta que ha puesto en marcha un Observatorio Sindical del Trabajo y las Relaciones Laborales, y ha convocado para mañana una Jornada para intercambiar ideas sobre la situación de la Justicia del Trabajo, 70 años después.

Según el Programa de esta Jornada, un conjunto de especialistas analizaran -ante un auditorio eminentemente sindical- qué podemos y debemos hacer para mejorar el funcionamiento de la Justicia del Trabajo.

Esta iniciativa, a mi entender, procura que los tribunales locales -además de superar tardanzas inaceptables- registren dos de los cambios jurídico-culturales registrados en la última década. En primer lugar, el ingreso de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos Fundamentales al mundo de los derechos eficaces e inmediatamente operativos. En segundo lugar, las declaraciones de la OIT acerca del empleo decente y su iniciativa para facilitar la transición desde la economía informal a la economía formal. O lo que es casi lo mismo, del trabajo en negro al trabajo registrado y con derechos.