El debate fue amplio ya que la mayoría de los legisladores hizo uso de la palabra: en general hubo un apoyo enfático al propósito de la norma aunque en algunos casos, se puso en claro el déficit de la propuesta que se originó en un compromiso electoral, el que se destacó como si tal circunstancia fuese relevante.
Una de las claras definiciones surgidas del debate fue la de hacer notar que la tarea legislativa respecto de la reforma constitucional es la de definir los puntos de coincidencia en un caso como el presente, que es de carácter parcial, sobre el que los convencionales deberán definirse. Pero no se impone el alcance de tal definición, la que será producto del debate y las negociaciones para el caso que se declare la necesidad de dicha reforma.
El acotamiento de mandatos de cargos electivos, incluyendo el de Gobernador y la inamovilidad de los miembros de la Corte de Justicia, fueron mencionados con expresiones de apoyo o de reparo, con la misma intensidad. Llevar a dos los turnos del titular del Ejecutivo y retrotraer la extensión a lo que la Constitución de Salta marcó durante una centuria y media fueron las expresiones manifiestas y en algunos casos, estuvieron acompañadas por el panegírico a la figura del mandatario porque con la reducción a dos de los tres mandatos se impone una autolimitación encomiable, según sus adherentes.
También se destacaron las cuestiones que podría haber abarcado esta reforma que, en el criterio de algunos senadores, tendría que alcanzar mayor extensión y profundidad para que sirva a las generaciones futuras. La llamada ficha limpia fue una demanda repetida en la pretensión de mejorar el estándar dirigencial.
Limitar la repetición de mandatos no tuvo rechazos; apenas hubo algunas consideraciones que repartieron entre la sociedad y la buena intención del político, la responsabilidad de elegir los mismos representantes o renovarlos más allá de los resultados. La mayoría encontró en las reelecciones indefinidas un elemento nefasto que llegó a debilitar el apego de las nuevas generaciones a la actividad política. También hubo referencias a la conformación de dinastías que ejercitan el poder como si fuese hereditario y manejan los recursos públicos como bienes personales. Y se hizo notar que se trata de un problema que no afecta solamente a sociedades desarrolladas –como la capitalina- sino también a pequeños pueblos del interior. Tolar Grande y San Antonio de los Cobres fueron mencionados como claro ejemplo de esas malas prácticas que, sin embargo, no son ilegales ni condenadas socialmente.
Desde la academia, esta reforma es considerada como necesaria pero insuficiente en su factura actual. Además, en su etapa pre constituyente carece de participación social y ya es tarde para parar el proceso en marcha y abrir el juego a las distintas expresiones de la sociedad.
Lamentablemente, las carencias y déficits de la Constitución que podrían haberse incluidos porque están relevados, deberán esperar otro momento y otro modo. Reformar de arriba hacia abajo tiene el defecto de dejar el interés de la mayoría subsumido al de aquel que circunstancialmente está en la cúspide del poder. Y este es el caso.
Salta, 19 de febrero de 2021
