Una decena de participantes tendrá la audiencia pública convocada por la Autoridad Metropolitana de Transporte para analizar el pedido de un incremento del 40% en el precio del boleto, formulado por SAETA. La reunión tendrá lugar en Campo Quijano, el 17 de febrero y marcará el primer antecedente de que cualquier punto de la región servida por el sistema urbano de pasajeros puede ser escenario de un encuentro de esta naturaleza, aunque por lejos la mayor cantidad de usuarios se encuentra en la Capital.
Opinión10/02/2021
El aumento a analizar sucederá al dispuesto en diciembre de 2018, cuando la consulta obligatoria para la readecuación tarifaria se efectuó por escrito y resultó en un incremento de más del 80% para un precio de arranque desde el primer servicio de enero de 2019 de 15 pesos, con un ajuste de un peso por mes hasta llegar al último de ese año de 27 pesos. El recurso al que echó mano la autoridad regulatoria fue frustrado por la Justicia, que hizo lugar a un amparo que congeló en 25 pesos el valor del boleto.
Por entonces, la AMT trataba de evitar la participación informal de manifestantes que en 2016 llegaron a frustrar una audiencia por los incidentes generados. Generalmente eran activistas del trotskismos, acompañados por grupos de estudiantes que, junto a los trabajadores, constituyen la mayor cantidad de usuarios del servicio de transporte urbano y suburbano de pasajeros. Para evitar confrontaciones, al igual que en 2017, se ponía a disposición de los interesados el pedido de aumento de la prestataria.
Esa fue la razón por la que la jueza de Minas María Victoria Mosmann hizo lugar a la demanda de amparo colectivo contra la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Sociedad Anónima de Transporte Automotor interpuesta por la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos y el 29 de noviembre de 2019 declaró la inconstitucionalidad de las Resoluciones de convocatoria al procedimiento de documento de consulta como forma de habilitar la participación de los usuarios a consulta pública y de autorización de una readecuación tarifaria en el servicio. La jueza las consideró lesivas a los derechos de los consumidores ya que estimó que las horas hábiles fijadas para la compulsa de las actuaciones y el ejercicio de los derechos a formar opinión y expresarla, alcanzaban apenas a 18 horas. Por supuesto que hubo otras consideraciones sustanciales que, seguramente, en la audiencia del 17 serán tenidas en cuenta para no vulnerar esos derechos.
Debe señalarse que el análisis de la correspondencia del aumento que demanda SAETA se basa en el impacto de la inflación de los insumos que se utilizan en la prestación, particularmente el incremento de salarios que se registró desde que se congelaron las tarifas y hasta la fecha. Es cierto que el costo del servicio no se cubre solamente con el precio del boleto. Tienen un fuerte componente de subsidios, como los provenientes del Sistema Integrado de Transporte Automotor –SISTAU- y del Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, creado posteriormente. Ambos aportes sufrieron significativas mermas en el último quinquenio y actualmente es el Gobierno Provincial el que se está haciendo cargo por encima de su obligación de este aporte subsidiario.
Seguramente que en la próxima audiencia se escucharán reparos al modelo de prestación, por el que se paga a las empresas por kilómetro recorrido. Pero no está en la intención de la autoridad reguladora revisar esos parámetros. Serán los usuarios quienes deberán ensanchar sus bolsillos para enfrentar el costo de un servicio esencial.
Salta, 10 de febrero de 2021
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