Enero se fue dejando un aumento de un punto promedio en el precio de las naftas. No se trata de un ajuste que solo impacte en el bolsillo de quienes se movilizan en su propio vehículo; toda la estructura económica se sacude y hasta el verdulero del barrio se ve obligado a ajustar el precio de su mercadería. La cuestión pone a la inflación en el centro de la escena.
Opinión01/02/2021
Al cierre del primer mes de un año electoral, el Gobierno Nacional anunció que habrá un reprogramación de Precios Cuidados que se extenderá hasta el 31 de marzo, dejando fuera a productos frescos y materias primas. Hasta aquí, ese programa se ha mostrado como una herramienta eficaz para la contención de aumentos de precios de productos que se compran habitualmente en supermercados; no es habitual que en el comercio minorista se lo encuentre aunque está previsto que así sea.
Para amplios grupos poblacionales son decisiones que escasamente impactan en su economía doméstica. El anuncio de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación de que se está haciendo un análisis sobre sobre toda la cadena alimenticia para armonizar los precios, no significa mucho. Como tampoco tiene significación el índice que el INDEC informa mensualmente como la inflación de ese período; el 4% de diciembre no representa lo que una familia tuvo que invertir en más para integrar la canasta de alimentos. Un guarismo similar para enero, como anticipan consultoras privadas, tampoco será creíble.
De otra forma se debe explicar que en un país productor de naranjas se deba pagar 400 pesos por una docena. Es un producto contracíclico en el verano en una provincia que produce cítricos en invierno pero ese precio está anticipando que cuando llegue julio, apenas estará por debajo de esa cifra. Pero ya no impactará; el bolsillo estará acostumbrado a ese desembolso.
El último comunicado dado a conocer por el Ejecutivo Nacional, que indica que en el contexto actual es necesario continuar con el congelamiento de precios finales, con algunas revisiones y monitoreos, ya no despierta mayores expectativas. Como no es un problema actual, se sabe que ese tipo de medida no es eficaz para resolver el problema de la inflación; al contrario, tiene un efecto altamente negativo en el abastecimiento. Hay góndolas vacías en los sectores destinados a los productos más sensibles y de primera necesidad, que son los que supuestamente se ponen a cubierto con estas resoluciones.
La propia Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios ha reconocido faltantes en aceites, mayonesas, enlatados y galletas de empresas líderes. No pareciera que hoy pueda desestabilizar la provisión de alimentos de una familia pero es indicio de que en breve se repetirá el círculo de control de precios-desabastecimiento.
Se ha comenzado a trabajar en un acuerdo de precios y salarios pero es una estrategia coyuntural, varias veces fracasada. Las mesas que se tienden son de buena voluntad pero de desconfianza entre los sectores participantes: los empresarios y sindicatos acuerdan posturas basadas en la razonabilidad, a sabiendas que son incumplibles y el garante –el Gobierno- no es confiable para nadie.
Un año electoral tampoco es el mejor momento.
Salta, 01 de febrero de 2021
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.