Amigas y amigos: Con sorpresa esta semana recibimos la noticia de una decisión judicial en contra de la Municipalidad de Salta por haber retirado, sin razones objetivas, la publicidad oficial que desde hace más de doce años recibía Cuarto Poder.
Opinión08/01/2021 Sonia Margarita Escudero
Es bien conocida la vinculación de la familia Romero con la prensa, lo vemos en la permanente promoción de la Intendenta Bettina en el diario familiar. Me pregunto¿El Tribuno está cobrando por ello?
Es también conocido que en provincias como la nuestra, los medios de prensa pequeños dependen de la publicidad oficial, ante la falta de otras fuentes de financiamiento. Existe la percepción que el dinero público que administran los gobernantes se usa frecuentemente para controlar el contenido de lo que se difunde, especialmente para controlar a los medios críticos al gobierno.
El fallo judicial vuelve a poner en la agenda pública la necesidad de regular la pauta oficial que el Estado, en sus tres niveles, distribuye entre los medios de comunicación para difundir asuntos de interés público.
La Municipalidad de Salta, bajo el control de Bettina Romero, argumentó en juicio que la distribución de la pauta es una atribución propia “por razones de mérito, oportunidad y conveniencia”, aspectos sobre los que la justicia no podría interferir.
Esa posición sostenida por el Municipio es absolutamente inconstitucional, en tanto el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que forma parte de nuestra Constitución Nacional, al regular el derecho humano de libertad de expresión, prohíbe la censura tanto directa como la indirecta. La utilización arbitraria de la publicidad oficial para beneficiar a medios aduladores y castigar a los críticos, es una forma de censura indirecta y está condenada por todos los tratados de derechos humanos.
Como bien lo afirma el Juez Dominguez en su sentencia, la decisión del Estado de dar o no publicidad es discrecional pero, si decide darla, debe cumplir dos criterios constitucionales:
1º.- No puede manipular la publicidad dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios;
2º.- No puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión, por lo que debe utilizar criterios distributivos objetivos.
La Municipalidad no ha presentado razón alguna que permita comprender los motivos del retiro intempestivo, después de doce años, de la publicidad oficial a Cuarto Poder. Por una parte, el municipio alega razones de austeridad, y por la otra afirma la necesidad de dar oportunidad a otros medios de prensa. ¿Con qué criterio? ¿Cómo se decide a cuáles dar oportunidad?
El juez ha señalado que si el Estado quiere retirar publicidad a algún medio puede hacerlo, pero pesa sobre éste la obligación de probar la imposibilidad de continuar en un medio sí y en otro no.
Aquí estamos frente al derecho humano a la libertad de expresión que es un complemento imprescindible de la libertad de pensamiento. El derecho de libertad de expresión tiene una doble dimensión: es individual y es social. Es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la información de la que disponen otras personas, como el derecho a difundir las propias creencias o informaciones.
Cualquier forma de restricción ilegítima realizada al libre debate de ideas y opiniones, no solo lesiona las libertades de pensamiento y de expresión, sino que obstaculiza el pleno desarrollo del proceso democrático. Por lo tanto, la publicidad oficial debe ser una herramienta orientada a ampliar el derecho a saber de las personas, en tanto solamente las personas informadas y formadas estarán en condiciones de ejercer plenamente los derechos políticos.
Recordemos que la publicidad oficial se paga con recursos públicos, los que provienen de nuestros impuestos, de nuestro esfuerzo cotidiano, por lo tanto tenemos el derecho a exigir que se utilice para impulsar el pluralismo informativo con equidad. Premiar el amiguismo y la obsecuencia y castigar la crítica periodística es inconstitucional.
La democracia exige que los criterios de asignación de publicidad oficial no estén relacionados con las opiniones que emitan los medios de comunicación, relativas a los gobiernos de turno. Ello sería una forma de censura, un claro ejercicio de presión sobre los medios.Ello se agrava en nuestra Provincia donde la pauta oficial es a veces vital para la subsistencia de algunos medios pequeños.
Es necesarioque los poderes legislativos salgan de su larga siesta y avancen en la regulación de la publicidad oficial. En la Cámara de Diputados hay proyectos presentados muy interesantes y en línea con las pautas constitucionales. También es importante que el Concejo Deliberante avance sobre este tema.
Pero quiero resaltar que es en el propio interés de Bettina Romero dictar una norma que establezca criterios objetivos de contratación de publicidad oficial. Ello en tanto la Intendenta pertenece a una familia propietaria de un conjunto de medios de comunicación lo que automáticamente la coloca en una situación de razonable sospecha de favoritismo hacia los medios de propiedad de su familia.
Defender la discrecionalidad administrativa si al mismo tiempo se beneficia a medios familiares, podría colocar a la Intendenta Romero en la conducta que el Código Penal tipifica como delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.Esperemos que esta situación no se repita en otras contrataciones de la administración municipal.
Hasta la próxima
Según el INDEC, la economía argentina muestra señales de recuperación; su último registro da cuenta del séptimo mes consecutivo con cifras positivas respecto de 2024. Sin embargo, amplias franjas de actividades dan cuenta de una situación de crisis sin un horizonte claro de crecimiento.
Las mujeres sabemos, por experiencia, lo que cuesta hacerse escuchar. Y por eso mismo, no podemos ni debemos quedarnos calladas cuando lo que está en juego es el derecho de toda una sociedad a estar informada. En un tiempo de transformaciones aceleradas y tensiones crecientes, el valor de la palabra y la responsabilidad de quien la ejerce —ya sea desde el periodismo o desde la política— adquieren una dimensión aún más crucial.
Atravesada la mitad del año, la agenda de los gobernadores se va intensificando. Las dificultades financieras se están acumulando y necesitan respuestas a los reclamos presentados al gobierno nacional.
La semana pasada los gobernadores de todas las provincias argentinas propusieron un proyecto de ley planteando la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para posibilitar que la Nación y las provincias destinen esos fondos de acuerdo a las prioridades de cada una.
Un fuerte clima de tensión política se está instalando en el país a medida que se acerca el último acto electoral del año. La renovación parcial del Congreso anima mensajes y movimientos que apuntan, según los casos, a sostener o mejorar la posición en ambas cámaras.
Muy activo se muestra el Ejecutivo Municipal capitalino interviniendo en la promoción de la actividad económica. Hay datos que justifican ampliamente el esfuerzo fiscal en este tiempo de crisis social.
El Gobernador estuvo presente y acompañó a más de 300 feriantes que llegaron desde más de 30 municipios de la provincia.
La asamblea extraordinaria de SiTEPSa ratificó su pedido, quedó en sesión permanente y supeditó la vuelta a clases tras el receso a un acuerdo salarial.
La Municipalidad lanzará un concurso para transformar la Terminal de Ómnibus en un polo comercial, con fuerte inversión privada desde 2026.
La medida rige para toda la provincia y se debe a las intensas nevadas, temperaturas extremas y problemas de transitabilidad en las rutas.
La medida responde a la necesidad de priorizar el abastecimiento de gas a los hogares ante la creciente demanda por la ola polar. Se estima normalizar el servicio en la medianoche.