
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
En quince días, la vida de la diputada Mónica Juárez ha tenido un vuelco y hoy insiste que es su humanidad la que está en riesgo, no ya el espacio político que ganó en las últimas elecciones, cuando fue la candidata a diputada más votada en la Capital. Su temor no es solo ante las amenazas recibidas sino ante la probada indefensión en su actual situación.
Opinión17/11/2020En la sesión de Cámara del martes 3 de noviembre pasado, la legisladora se refirió a la ocupación de tierras y la relación que ese tema tiene con el caso La Ciénaga, en el que está involucrado el exgobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero. Recordó que el cuerpo al que pertenece, oportunamente dictaminó que la venta de esos terrenos que pertenecían al patrimonio provincial, fue irregular y pidió que la Justicia justa aclare con celeridad si un senador nacional es usurpador vip o no.
Su demanda no tuvo la respuesta esperada pero sí fue interpelada por un par –a la vez creador del partido político en el que ella milita- que en nombre del político marcado le hizo advertencias sobre la inconveniencia de su pronunciamiento. De lo que se trata, según lo que públicamente informó la diputada Mónica Juárez, es que Ignacio Jarsún -referente del partido Todos por Salta y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados- le habló en “nombre de Juan Carlos Romero” para que no se movilice en torno de lo que es una amañada causa judicial. Es de público conocimiento que el diputado Jarsún es una pieza del aparato de poder del ex gobernador.
La cuestionada intermediación de Jarsún precedió a charlas con personas cercanas al senador Romero, que según reveló Juárez le produjeron miedo. En declaraciones periodísticas dejó entrever que teme por su vida y la de su hijo.
“Ni mi hijo ni yo nos queremos caer en la ducha – sostuvo Juárez-; amamos la vida, no consumimos drogas, no vamos a fiestas raras, no le temo a la Justicia, no tengo negociados de nada”. Sugiriendo el contenido de los encuentros con los allegados al legislador nacional, advirtió la posibilidad de que en algún momento llegue “un vuelto” por haberse referido a él. “Quizás el vuelto no venga ahora pero si en unos. Si alguna vez me pasa algo - o a mi hijo - me gustaría que esta nota tenga otro sentido”, finalizó Mónica Juárez.
A partir de estas declaraciones, vertidas el 10 de noviembre, nadie el sistema de protección de derechos y libertades que se encarna en la Justicia, dio señales de haber tomado nota de tan grave denuncia. La “notitia criminis” a la deben estar atentos los fiscales no llegó a la Procuración General de la Provincia.
Juárez es una persona pública, tiene una representación política de peso –sin que esta afirmación signifique una valoración de su tarea- y posee fueros, que protegen su inmunidad de opinión. Nada le ha servido hasta el momento, lo que hace sospechar que no está indemne.
La vulnerabilidad de Mónica Juárez crece en una provincia que está entre las más violentas por razones de género.
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
El Presidente muestra torpezas políticas y económicas que lo dejan cada vez más aislado. Gobernadores, aliados y votantes se alejan, mientras él insiste en culpar a los demás.
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
Se corrió el velo sobre el manejo de los recursos públicos durante 2026. Fueron expuestas las grandes líneas de lo que podría ser el primer presupuesto de un gobierno que va a ingresar en su tercer año de gestión.
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El presidente del Comité de Prevención de la Tortura señaló que celdas saturadas y falta de recursos generan riesgos para internos y personal policial.
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Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.