En la sesión de Cámara del martes 3 de noviembre pasado, la legisladora se refirió a la ocupación de tierras y la relación que ese tema tiene con el caso La Ciénaga, en el que está involucrado el exgobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero. Recordó que el cuerpo al que pertenece, oportunamente dictaminó que la venta de esos terrenos que pertenecían al patrimonio provincial, fue irregular y pidió que la Justicia justa aclare con celeridad si un senador nacional es usurpador vip o no.

Su demanda no tuvo la respuesta esperada pero sí fue interpelada por un par –a la vez creador del partido político en el que ella milita- que en nombre del político marcado le hizo advertencias sobre la inconveniencia de su pronunciamiento. De lo que se trata, según lo que públicamente informó la diputada Mónica Juárez, es que Ignacio Jarsún -referente del partido Todos por Salta y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados- le habló en “nombre de Juan Carlos Romero” para que no se movilice en torno de lo que es una amañada causa judicial. Es de público conocimiento que el diputado Jarsún es una pieza del aparato de poder del ex gobernador.

La cuestionada intermediación de Jarsún precedió a charlas con personas cercanas al senador Romero, que según reveló Juárez le produjeron miedo. En declaraciones periodísticas dejó entrever que teme por su vida y la de su hijo.

“Ni mi hijo ni yo nos queremos caer en la ducha – sostuvo Juárez-;  amamos la vida, no consumimos drogas, no vamos a fiestas raras, no le temo a la Justicia, no tengo negociados de nada”. Sugiriendo el contenido de los encuentros con los allegados al legislador nacional, advirtió la posibilidad de que en algún momento llegue “un vuelto” por haberse referido a él. “Quizás el vuelto no venga ahora pero si en unos. Si alguna vez me pasa algo - o a mi hijo - me gustaría que esta nota tenga otro sentido”, finalizó Mónica Juárez.

A partir de estas declaraciones, vertidas el 10 de noviembre, nadie  el sistema de protección de derechos y libertades que se encarna en la Justicia, dio señales de haber tomado nota de tan grave denuncia. La “notitia criminis” a la deben estar atentos los fiscales no llegó a la Procuración General de la Provincia.

Juárez es una persona pública, tiene una representación política de peso –sin que esta afirmación signifique una valoración de su tarea- y posee fueros, que protegen su inmunidad de opinión. Nada le ha servido hasta el momento, lo que hace sospechar que no está indemne.

La vulnerabilidad de Mónica Juárez crece en una provincia que está entre las más violentas por razones de género.