Riesgo

Opinion 16 de noviembre de 2020
Con padres apurando definiciones, legisladores buscando la declaración de la emergencia y el año a punto de cerrar, es muy poco lo que podrá salvarse del período lectivo 2020. Se ha confirmado que los alumnos del último curso del nivel medio tendrán facilitado su egreso y el acceso al nivel superior.
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También tendrán ventajas promocionales los que deben dejar el nivel primario, que seguirán contenidos en el sistema provincial de educación. Hasta ahí llegará la respuesta de una gestión que no ha encontrado salidas efectiva para el nudo que ató la pandemia del coronavirus. 

Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, uno de los organismos de educación independiente de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe –que es su área operativa-, alrededor de un millón y medio de niños han perdido en la Argentina todo contacto con la escuela y buena parte de ellos no retornarán. Es que el cierre de esas instituciones, dispuesto como una de las medidas más estrictas de la cuarentena, afectó especialmente a los sectores sociales más vulnerables, esos que van a la escuela a comer y a intentar alcanzar la única salida de su marginalidad.

Está reconocido que la pandemia generó la necesidad de imponer restricciones en nombre de un bien superior pero sostener en el tiempo la suspensión del derecho esencial de los niños y jóvenes a educarse demanda justificaciones diferentes a las enunciadas cuando el desconcierto ante lo desconocido se instaló junto al Covid 19. La decisión de esperar una vacuna no alcanza cuando el resto del mundo, con sobradas razones, se ocupó de ensayar estrategias para lograr que los chicos vuelvan a la escuela.

Luego de ocho meses, se justifica que los padres hayan tomado la iniciativa de exigir del gobierno muestras cabales de que tiene el dominio de la situación, que sabe con precisión el alcance del impacto de haber probado la virtualidad, cuando reconoce que el 78% de los niños de bajos recursos no tienen una computadora propia y otros, aun teniéndola, batallan con la pésima calidad de la conectividad.

Si bien la Provincia es en ese plano una réplica de lo que sucede en el resto del país, no tiene razón para escudarse en ello, atendiendo que tiene obligaciones excluyentes en un sistema federal que pone a la educación, en sus tres primeros niveles, en ese rango. La cuerda se ha tensado a extremos tales que el esfuerzo del oficialismo por contener la presión social ha comenzado a fisurarse.

Finalmente el Ministro de Educación dio en Diputados mayores detalles de las medidas definidas para avanzar hacia la normalización de actividades que, en sendos proyectos de ley en trámite en la Legislatura y en el Congreso, pretenden declararse esenciales. Hasta marzo no habrá modo que las escuelas tengan clases presenciales; apenas habrá una apertura restringida tanto para alumnos como para docentes.

El dato oficial que en primaria solo el 23% de los niños estuvo desconectado mientras que en secundaria ese grupo es del 33%, no es compartido por los voceros de la docencia pero la confrontación de datos no aporta a cambiar la realidad. Si lo es que se aplique el mismo criterio que está permitiendo la reactivación del resto de las actividades; no es otro que el de asumir que hay que convivir con el virus.

Ningún interés puede justificar que se apueste el futuro de una generación, con serios riesgos de perder. 

Salta, 16 de noviembre de 2020

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