El gobierno de Gustavo Sáenz logró la media sanción de Diputados para la autorización para el préstamo por 1.500 millones de pesos. Lo acompañó una clara mayoría, ya que fueron solo seis los votos negativos y hubo una abstención. El resultado era previsible, pese a lo cual provocó un debate político revelador.
Opinión11/11/2020
El oficialismo asumió que la situación financiera es de difícil control y no está aún definido el destino de la negociación de la abultada deuda en dólares. No hay plata, no hay recursos, estamos endeudados, fue la dramática apelación de una de sus voceras, al recordar que Salta adeuda 390 millones de dólares, que significan vencimientos anuales de más de 100 millones por año. Desde la oposición se advirtió que no se puede seguir autorizando más endeudamiento sin tener precisiones sobre su destino y sin habilitar mayores mecanismos de control.
Lo que no se sostuvo fue asignar mérito al acceso a la ayuda del gobierno nacional. Más aún, se expresó como advertencia en algún caso o como esperanza en otro, la necesidad de no seguir acumulando endeudamiento.
Es que en el punto más alto del aislamiento y ante la debacle financiera que venía verificándose en las cuentas públicas ya impactadas por la crisis económica en medio de la cual asumieron los gobiernos nacional y provinciales, la presidencia de Alberto Fernández creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, como asistencia financiera para paliar los efectos de la pandemia. Se integró con un total de 60.000 millones de pesos, a los que echaron mano todos los distritos desde mayo, cuando se fijaron los criterios de distribución de los créditos.
No fue la única herramienta de apoyo, ya que al propósito de reforzar las finanzas provinciales se le asignó el 0,4% del PBI, equivalente a 120.000 millones de pesos. El otro 50% de estos recursos se ejecutan a través de Aportes del Tesoro Nacional y Salta accedió a ambos tipos de ayuda; en el caso de los créditos, con la ley que ya tiene media sanción se encamina a firmar el segundo convenio.
Es que la provincia cubre la mayoría de los factores que se consideran para habilitar la asistencia financiera, como tener necesidades reales de la misma en el corto plazo. Con una caída incesante de la recaudación propia y una reducción de 10 mil millones de pesos en la coparticipación nacional, con una masa salarial excedida y ante la inminencia de pagar aguinaldos, ni se discute que cubre generosamente esa exigencia
Pero también cumple con otros requisitos, como el alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, un marcado estado de emergencia económica y sanitaria, determinado por la tasa de informalidad y cuentapropismo y por la difusión territorial del COVID-19. De allí es que se ubica entre las que están al tope porque arrastra desequilibrios financieros estructurales, aquellas donde la desigualdad económica y de oportunidades es más profunda y donde el perjuicio de la cuarentena sobre los trabajadores en situación de vulnerabilidad es mayor, tal como señala la definición del Palacio de Hacienda.
En síntesis, el crédito en trámite de autorización, no es más que la certificación del mal estado de las finanzas públicas. Marca la urgencia de abrir el debate hacia formas de generación de recursos genuinos, con la participación de todos los sectores políticos, sociales y económicos.
Salta, 11 de noviembre de 2020
Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables. Es un anuncio que realizó el presidente Javier Milei y que, en realidad, se asumió como promesa porque se formuló en una virtual campaña electoral. En tanto se van acumulando los Decretos de Necesidad y Urgencia sin que el Congreso los trate conforme exige la naturaleza excepcional de estas medidas.
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero en la mano, el ministro Diego Santilli, mantuvo este lunes en Salta un encuentro con el gobernador. También se reunió con los principales referentes provinciales del partido gobernante a nivel nacional. Son las misiones que lo llevan por todo el país.
Los Entes Reguladores de las tres provincias avanzan con una nueva presentación judicial y advierten por la falta de inversión en líneas de alta tensión.
El Gobierno Nacional oficializó la Resolución Conjunta 1/2026, mediante la cual se actualizan los haberes mensuales del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales.
Desde el centro vecinal de La Calderilla denunciaron construcciones sobre laderas inestables y loteos sin respuestas oficiales sobre su habilitación. Alertan por desmontes ilegales y posibles daños a la cuenca que abastece de agua potable a capital.
En una negociación relámpago, Boca Juniors cerró este martes la incorporación de Santiago "El Ruso" Ascacibar.
A través de un comunicado oficial, la asociación argumentó que la presencia del artista salteño en un evento de carácter gubernamental resulta “incompatible” con los principios fundacionales de la institución.