El oficialismo asumió que la situación financiera es de difícil control y no está aún definido el destino de la negociación de la abultada deuda en dólares. No hay plata, no hay recursos, estamos endeudados, fue la dramática apelación de una de sus voceras, al recordar que Salta  adeuda 390 millones de dólares, que significan vencimientos anuales de más de 100 millones por año. Desde la oposición se advirtió que no se puede seguir autorizando más endeudamiento sin tener precisiones sobre su destino y sin habilitar mayores mecanismos de control. 

Lo que no se sostuvo fue asignar mérito al acceso a la ayuda del gobierno nacional. Más aún, se expresó como advertencia en algún caso o como esperanza en otro, la necesidad de no seguir acumulando endeudamiento. 

Es que en el punto más alto del aislamiento y ante la debacle financiera que venía verificándose en las cuentas públicas ya impactadas por la crisis económica en medio de la cual asumieron los gobiernos nacional y provinciales, la presidencia de Alberto Fernández  creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, como asistencia financiera para paliar los efectos de la pandemia. Se integró con un total de 60.000 millones de pesos, a los que echaron mano todos los distritos desde mayo, cuando se fijaron los criterios de distribución de los créditos.

No fue la única herramienta de apoyo, ya que al propósito de reforzar las finanzas provinciales se le asignó el 0,4% del PBI, equivalente a 120.000 millones de pesos. El otro 50% de estos recursos se ejecutan a través de Aportes del Tesoro Nacional y Salta accedió a ambos tipos de ayuda; en el caso de los créditos, con la ley que ya tiene media sanción se encamina a firmar el segundo convenio. 

Es que la provincia cubre la mayoría de los factores que se consideran para habilitar la asistencia financiera, como tener necesidades reales de la misma en el corto plazo. Con una caída incesante de la recaudación propia y una reducción de 10 mil millones de pesos en la coparticipación nacional, con una masa salarial excedida y ante la inminencia de pagar aguinaldos, ni se discute que cubre generosamente esa exigencia

Pero también cumple con otros requisitos, como el alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, un marcado estado de emergencia económica y sanitaria, determinado por la tasa de informalidad y cuentapropismo y por la difusión territorial del COVID-19. De allí es que se ubica entre las que están al tope porque arrastra desequilibrios financieros estructurales, aquellas donde la desigualdad económica y de oportunidades es más profunda y donde el perjuicio de la cuarentena sobre los trabajadores en situación de vulnerabilidad es mayor, tal como señala la definición del Palacio de Hacienda. 

En síntesis, el crédito en trámite de autorización, no es más que la certificación del mal estado de las finanzas públicas. Marca la urgencia de abrir el debate hacia formas de generación de recursos genuinos, con la participación de todos los sectores políticos, sociales y económicos. 

Salta, 11 de noviembre de 2020