Como no hay un Libro que recoja y defina “nuestras más puras tradiciones” los que mandan son los encargados de ensalzar los comportamientos que en cada momento les resultan más convenientes. Pero todo parece temblar, incluso el mito de la Esteco opulenta y pecadora.

Para abordar el tema de hoy, me apoyaré en una de “nuestras más puras tradiciones”: En aquella que tan bien expresa la frase “mejor no digamos nada”.

Una frase que nos aconseja callar frente a determinados asuntos o conflictos. 

Esta suerte de autocensura es la responsable de la pobreza de los debates políticos e incluso de los intercambios académicos e intelectuales que padecemos. 

La dichosa frase conduce a la resignación o, en el mejor de los casos, a rumiar quejas que nacen y, tras brevísima vida, mueren en el cerebro de aquellos que, pese a todo, conservan el gen de la protesta.

Uno de los asuntos centrales sobre lo que hemos convenido “no decir nada” tiene que ver con el modelo de capitalismo que funciona en Salta. Vivimos dentro de un régimen capitalista que poco y nada tiene que ver con el de los países más desarrollados o incluso de países de la América del Sur.

El de Salta es un capitalismo de amigos (amiguetes, dirían los madrileños) que enriquece a unos pocos, que permite sobrevivir a otros cuantos, y que condena a la marginalidad a miles y miles.

Un capitalismo donde los gobiernos de turno y los poderes fácticos hacen y deshacen, con el designio de conservar “nuestras más puras tradiciones”.

Deberíamos animarnos a debatir este tema. A inaugurar un turno de críticas y propuestas que sea pórtico de una Era de Grandes Transformaciones.

El capitalismo de Salta es, mayoritariamente, un régimen que tiene aversión a la ley. De allí la enorme magnitud del trabajo en negro, de la economía informal, y del desacato a las normas ambientales y urbanísticas.

Quienes proporcionan el discurso legitimador de esta capitalismo vernáculo imaginan que hay un solo derecho (el derecho de propiedad) y que este derecho se lee y aplica en su versión mas crudamente romana (del derecho romano). Todas las demás reglas han sido dictadas para los otros o, como no, para ser directamente ignoradas o violadas.

Reconstruir nuestra cultura jurídica y nuestros comportamientos sociales reclama reconocer que el derecho de propiedad debe ser respetado, claro. Pero que también deben respetarse el derecho al empleo decente (en terminología de la OIT), y las normas ambientales y urbanísticas, como explica muy bien la profesora Cristina Garros Martínez.

Nuestra sociedad debería advertir los méritos de la innovación, de la inversión, de la creatividad y del esfuerzo, y diferenciarlos de la especulación, del amiguismo y de los acomodos.

No podemos seguir condenando al 60% de los salteños al trabajo en negro. No podemos seguir avasallando bosques, aguas y biodiversidad. No podemos seguir construyendo ciudades donde algunos se encierran y muchos quedan condenados al hacinamiento y la promiscuidad.

Y todo esto ocurre, como sabemos, frente a la complicidad (activa) o a la tolerancia (pasiva) de los poderes públicos llamados a hacer cumplir la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes locales.

De allí la gravedad que, a mi modo de ver, tiene la falta de independencia de la Corte de Justicia de Salta y su compromiso con los disvalores del trabajo indecente y de la producción social y ambientalmente depredadora.

¿Cómo es posible que en Salta no se dicte la materia Derecho Ambiental en las carreras de grado? ¿Cómo es posible que la atinada Ley de Ordenamiento Territorial, además de carecer de órganos que aseguren su vigencia, permanezca trunca por la falta de las definiciones necesarias a escala predial según recuerda el doctor Alejandro BROWN?

Parte del truco que amparan “nuestras mas puras tradiciones” es legislar pomposamente sabiendo que los encargados de aplicar lo legislado harán la vista gorda. Y derechos, obligaciones y garantías quedarán allí en los papeles.

En este contexto, la Resolución 333 de setiembre de 2020 de la Secretaría de Ambiente, es un bochorno.

Para limitar el capitalismo de amigos, para frenar la especulación salvaje sobre Las Yungas, es central defender y potenciar las Audiencias Públicas. Dar a los vecinos herramientas para defender sus derechos y aportar soluciones. Y, además, garantizar la separación entre los negocios y las autoridades ambientales.