Una suba de impuestos encienda la protesta social en Costa Rica

El Mundo 16 de octubre de 2020
En Costa Rica, una propuesta del gobierno para negociar un préstamo de 1.750 millones de dólares con el FMI, activó violentas protestas durante las últimas semanas. La pandemia pescó al país centroamericano con un gran hueco fiscal y el Ejecutivo se está quedando sin opciones de financiamiento.
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El caso de Costa Rica es, quizá, una ventana al futuro, una muestra del descontento social que le espera a otras economías emergentes que recurrieron a la deuda para paliar la crisis por la covid-19.

En comparación con sus pares en la región, Costa Rica ha logrado contener relativamente bien el daño de la pandemia. Con poco más de cinco millones de habitantes, su saldo apenas supera las 1.000 muertes y los 92.000 contagios. El Gobierno del presidente Carlos Alvarado impuso desde temprano medidas de distanciamiento que, aunque no tan estrictas como en Colombia o Argentina, fueron efectivas. Además, para hacer frente al plano económico, el Gobierno puso a disposición de más de medio millón de habitantes una transferencia monetaria para ayudar a las personas vulnerables que se quedaron sin empleo.

Como muchos países en el mundo, emergentes y desarrollados, Costa Rica recurrió a la deuda para pagar estos apoyos, incrementando su déficit fiscal. Pero, a diferencia de otros países, Costa Rica ya venía financiando su gasto corriente con deuda desde 2009, cuando la crisis financiera global golpeó fuertemente su economía. La deuda equivale hoy al 60% de su Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo a estimados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alcanzará entre el 70% y 73% del PIB en 2021 — por encima del promedio de la región latinoamericana. A pesar de que hace dos años el Gobierno logró pasar una reforma fiscal para recaudar más en impuestos, casi la mitad del presupuesto se utiliza para pagar el servicio de la deuda.

Sin opciones

Solo durante la pandemia del coronavirus, Costa Rica ha acordado 2.829 millones de dólares en préstamos externos de organismos multilaterales, incluyendo al mismo FMI. Si el Gobierno decidiese salir a los mercados internacionales a colocar más bonos, las tasas muy probablemente resultarían prohibitivamente altas. El Ejecutivo se está quedando sin opciones y, por eso, el mes pasado la presidencia elaboró una propuesta al Congreso con una subida de impuestos, menos gasto y la venta de activos del Estado.

Un incremento en los impuestos y el hartazgo generalizado por el confinamiento que obliga la pandemia se mezclaron hasta estallar en protestas violentas, cuenta Constantino Urcuyo, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Costa Rica. “Hay enojo, cansancio y cabreo,” dice el experto al teléfono desde su casa en la capital San José. “La gente despedida o trabajando media jornada está atemorizada y la gente cuando se cabrea le echa la culpa de todo a los políticos. No es el virus, ¿verdad? son los políticos que toman malas decisiones”, agrega.

A mediados de septiembre, el Gobierno anunció un plan para subsanar las finanzas del país y negociar con el FMI un préstamo de 1.750 millones de dólares, el cual debía ser aprobado por el Congreso. Dos semanas después comenzaron las marchas en diferentes puntos del país, que terminaron en enfrentamientos con policías, al menos 15 heridos y un coche de la policía baleado. El 5 de octubre, el presidente Alvarado retiró la propuesta, pero las manifestaciones siguieron. La última fue el 13 de octubre pasado. Por 16 días, partes del país estuvieron paralizadas por bloqueos de carreteras.

Falta de diálogo

“Una negociación de estas dimensiones sobre la deuda, sobre recortes en el gasto del Estado, no es una negociación exclusivamente económica”, opina Urcuyo. “La economía es algo tan delicado que no se puede dejar en manos de los economistas exclusivamente, porque interactúa con la política, con estructuras y fuerzas sociales del país. Tendría que haber habido una una discusión que fuera más allá de la cuestión puramente económica, que incluyera una explicación de las consecuencias de no firmar con el Fondo. Y eso nunca se dio”, dice.

El 11 de octubre, la presidencia anunció un “diálogo social” en el que 25 personas representarían a grupos de interés como empresarios, trabajadores, mujeres, iglesias, estudiantes universitarios o agricultores.

Según el anuncio oficial, el diálogo intentará responder a la siguiente pregunta: “¿Cómo lograr una mejora permanente de al menos 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del Gobierno central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública (de unos 8 puntos porcentuales del PIB), mediante una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos?”. “No hay tiempo que perder, pues nos podemos enfrascar en una discusión interminable sobre procedimiento”.

Abrir la llave de recursos

No pasar un paquete fiscal y acceder a los recursos que el FMI tiene que ofrecer sería un error, asegura José Manuel Salazar Xirinachs, economista costarricense y exfuncionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “La mayoría de los economistas en Costa Rica y la posición del Gobierno ha sido que es necesario tener un paquete de ajustes viable, porque lo tenemos que hacer como país, independientemente del Fondo”, dice Salazar Xirinachs. “Es bueno y es positivo que esas reformas, además, nos abran las llaves a un financiamiento de esa magnitud porque nos haría más fácil el ajuste. Las opciones de no-paquete fiscal y no-paquete con el Fondo son todas muy negativas”, dice.

En sus últimas previsiones económicas, el FMI aseguró que la economía de Costa Rica caerá 5,5% este año y crecerá 2,3% en 2021. El turismo, el cual aporta más del 6% del PIB nacional y es fuente importante de divisas, se verá fuertemente afectado por la pandemia. De acuerdo con un estudio de la consulta McKinsey, el turismo, a nivel global, no se recuperará por completo hasta 2024.

El descontento actual en Costa Rica se verá, muy probablemente, en otros países del mundo a raíz de esta pandemia, coinciden los expertos. Los programas de asistencia social implementados durante los periodos de confinamiento y financiados con deuda llevarán a una reducción del gasto en el futuro para subsanar las finanzas públicas. “Eso produce un malestar y un descontento multiforme y parte de ese descontento le pega significativamente a los partidos políticos”, dice Urcuyo.

El consenso y el diálogo que busca el Gobierno son las vías democráticas, explica el especialista, en un momento en que el mundo está desilusionado con la democracia y los autoritarios se han abierto camino. “Lo decía Churchill,” recuerda Urcuyo, “'la democracia es la peor forma de gobierno, pero no hay otra'”.

El País

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