Inconsistencias

Opinion 15 de octubre de 2020
Ingresó al Concejo Deliberante de la Capital un proyecto de resolución que pide la revisión del cálculo de la coparticipación municipal de los años 2018 y 2019. No suele ser una iniciativa de trámite frecuente y, si bien se trata de una cuestión de gran importancia, ni siquiera en la Legislatura Provincial suele ser tema de debate aún con la Cuenta General del Ejercicio en la mano.
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Precisamente, fue un informe de esa naturaleza el que generó la inquietud del concejal José Gauffin, quien propuso al cuerpo a través de un proyecto de resolución pedir explicaciones por una reducción de $350 millones a la coparticipación que le correspondía al Municipio de Salta en el ejercicio fiscal 2018. 

La Cuenta General del Ejercicio es una rendición de cuentas que se ubica dentro del capítulo constitucional del control parlamentario en razón de su estrecha vinculación con la aprobación del Presupuesto, por lo tanto, dicha rendición de cuentas tiene por objeto verificar si el programa de gobierno se ha cumplido. La Constitución de la Provincia ubica entre uno de las principales deberes de la Legislatura el de aprobar, observar o desechar anualmente esa Cuenta que le debe remitir el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio, referida al movimiento de la totalidad de la hacienda pública provincial realizado durante el año anterior.

La responsable de la remisión lo que es un análisis de los Estados de Ejecución Presupuestaria en materia de Gastos, Recursos y Fuentes de Financiamiento y un conjunto de Estados Contables referidos a la situación Patrimonial y Financiera del Estado, es la Auditoría General, que es la que debe informar a ambas cámaras, aconsejando su aprobación o desaprobación. Y este organismo que integra el sistema de Control Público, recibe los datos de la Contaduría General, responsable de recabar y procesar toda la información referida al manejo de recursos financieros y patrimoniales del Estado Provincial. 

Vale destacar el trámite de elaboración, análisis y aprobación final de la Cuenta General del Ejercicio fiscal que se trate por las implicancias que tiene el cabal cumplimiento de los términos y plazos que la Constitución y las leyes reglamentarias disponen. Es el control más efectivo sobre el manejo de recursos públicos y la flexibilidad con la que puede tratarse esta revisión habilita las fisuras por las cuales se filtra la corrupción. Lamentablemente no es así como se lleva adelante la tarea. A la fecha, prácticamente buena parte de la última gestión del ex gobernador Juan Manuel Urtubey aún no fue revisada. 

La última cuenta disponible en la Legislatura se corresponde con el Ejercicio 2018. El Colegio de Auditores de la Auditoría General emitió la Resolución 1 de este año aprobando por unanimidad el informe y remitiéndolo el 24 de enero de 2020, fuera de todo plazo exigido. Según la información oficial el tratamiento de este informe demandó varias sesiones.

El dato más relevante es que la resolución referida aconseja a la Legislatura Provincial la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2018. Ello así teniendo en cuenta que en los fundamentos expuestos por el concejal Gauffin al pedir la revisión de las coparticipaciones liquidadas en los últimos ejercicios, da cuenta que la señalada contiene inconsistencias que no tienen justificación alguna, según lo detectara un equipo de auditores, que advirtiera que habrían diferencias sustanciales en desmedro de todos los municipios y el de la Capital en particular.

Si bien hay temas urgentes que desplazan a los importantes del centro de la atención ciudadana, es importante que el manejo de los recursos públicos no sea descuidado. Basta para ello cumplir las normas vigentes.

 

Salta, 15 de octubre de 2020

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