Grieta

Opinion 14 de octubre de 2020
En temas relevantes, la Cámara de Diputados alcanzó unanimidad en su sesión de este martes. Extensos debates llevaron acuerdos desde diversos caminos, como por ejemplo respecto de la prohibición de comercialización del plasma de convalecientes de Covid 19.
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En otros casos, como la intervención al Municipio de Aguaray, se llegó sorteando imprecisiones políticas, como se destacó en la discusión. También ocurrió con la defensa de la Universidad Nacional de Salta, que obligó a coincidir pese a la grieta.
Este último tema fue una radiografía de la convivencia política no solo en la Provincia; también en el país. Más allá de la razonabilidad de la cuestión tratada, no pudo quedar al margen de la tensión política actual, que se resuelve entre dos extremos que exigen un tributo sin mengua.
Paralelamente al análisis del proyecto de Presupuesto 2021, en el marco de la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación con vistas a lograr el dictamen que permita su tratamiento en el recinto, los diputados salteños declararon su interés que los legisladores nacionales demanden una corrección en el trato que recibe la UNSa en esa iniciativa. Los expositores en ambas reuniones partieron de reconocer que hay una reducción en las partidas destinadas a universidades nacionales, que dañan a la casa de estudio de Salta.
Precisamente esa cuestión, junto a la de los subsidios para el transporte en el interior del país y al Programa del Manejo del Fuego fueron puntos trascedentes en discusión en el proyecto de ley de Presupuesto, que comenzó a ser tratado en detalle ayer en la comisión que preside Carlos Heller. El oficialismo nacional se parapetó detrás de las limitaciones que impone la emergencia sanitaria para no comprometer los cambios demandados mayoritariamente por la oposición.
Respecto de la partida destinada a universidades, en comparación con la ampliación del Presupuesto 2019 -ya que no existe como tal el Presupuesto 2020- significa un aumento de sólo el 17% y alcanza a 230 mil millones. Sin embargo, la inflación proyectada para este año va a ser del 29%. Esto quiere decir que el propio gobierno admite un ajuste del 12% en las universidades nacionales pero con un dólar de $102, cuando a tres meses del fin de este ejercicio fiscal ya ha superado los $130, con las últimas medidas económicas en torno del cepo y la devaluación.
Es cierto que la iniciativa girada por el Ejecutivo Nacional al Congreso hay una reserva de 40 mil millones de pesos en el sector vinculado a las universidades pero se entiende que estaría destinado a la cuestión salarial, en base a las paritarias que ya se van a realizar. De allí que necesariamente se justifica el fervor con el que los diputados provinciales aprobaron demandar a los legisladores nacionales por Salta que agoten los esfuerzos para que se restituya a la universidad local los puntos de coparticipación que les fueron reducidos. Cerca de 200 millones de pesos no pueden resignarse por una decisión arbitraria de las autoridades de Hacienda de la Nación.
El extenso debate que tuvo por escenario la reunión virtual de la Cámara local osciló entre la identidad con la universidad salteña  y la responsabilidad por el progresivo deterioro del financiamiento de la educación, que no exceptúa a las casas de altos estudios, que tuvieron los grupos políticos que asumieron los gobiernos nacionales. Es que la grieta se impuso en no pocos tramos del debate, llevando a que la defensa de un circunstancial gobernante se emparde con la de una institución que compromete al futuro salteño.
Pero se logró el consenso y es un dato importante en la política local.

Salta, 14 de octubre de 2020

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