No son más que reglas para actuar; esto es, son medidas que si cumplen a rajatablas preservan actividades importantes para la vida social sin poner en riesgo a la comunidad en general. Es lo que le ha permitido a la Provincia desarrollar una cuarentena que fue restrictiva en grado sumo en su arranque y avanzó en flexibilizaciones en la medida que no se desbordaba la presión sobre el sistema de salud.

El resultado no es el más eficiente en el conjunto de provincias argentinas si la comparación es lineal pero seguramente es apreciable si se tienen en cuenta las particularidades de un territorio que tiene fronteras de riesgo, que está sumido en la pobreza y toleraba un deficiente sistema de salud. De allí que las disposiciones del último DNU nacional respecto de la cuarentena, la ubica entre los distritos que deben mantenerse en aislamiento, aunque de manera parcial.

Las consideraciones que tuvo en cuenta el Ejecutivo central es que si bien hay varios departamentos con transmisión comunitaria, tiene mayor estabilidad en la velocidad de aumento. Ello permitió que dos departamentos importantes, por la gravedad de su situación económica y social y por su envergadura, hayan abandonado el aislamiento y pueden ordenarse en el marco del distanciamiento social. Otras son las preocupaciones que genera Salta, una de las cuales es que precisamente la Capital, que contiene a la mitad de la población, es donde se registra mayor velocidad de aumento de Covid positivos. Además, se comenzó a observar ocurrencia de casos en poblaciones originarias, mientras la tensión del sistema de salud es alta. La Capital, donde se dispone de mayor cantidad de camas de terapia, muestra una ocupación del 85%.

Es en ese marco que el Comité Operativo de Emergencia determinó un esquema de medidas tendientes a la protección de la salud pública pero en armonía con el funcionamiento de las actividades económicas. Es cierto que no estarían dadas plenamente las condiciones sanitarias pero no menos cierto es que hay una demanda social, que se concentra en pequeñas y medianas empresas de comercio y servicios, que no soportan más restricciones sin riesgo de cierre.

Y allí emergen los protocolos, ese conjunto de reglas que elevan los niveles de protección de trabajadores, usuarios y clientes. Exigen esfuerzos porque en no pocos casos son onerosos en su aplicación pero a la larga son una posibilidad de reducir el impacto de la pandemia en cada actividad que se va habilitando.

Vuelve allí a tomar cuerpo la exhortación a la responsabilidad social. Cumplir esas medidas significará empujar una situación de atascamiento para salir de un cuadro que, pese a la gravedad actual, no ha tocado fondo.

El comportamiento social en general debe seguir las señales que se van marcando. No hay margen para tolerar el libertinaje de los que creen que solo valen sus derechos.

Salta, 13 de octubre de 2020