El médico se presentó esta mañana en fiscalía, donde se abstuvo y pidió declarar por escrito. Tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo. El fiscal no descartó nuevas imputaciones en el marco de la investigación.

El médico Martín de la Arena, se presentó a la audiencia de imputación, asistido por un abogado defensor particular, se abstuvo y pidió declarar por escrito. Tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo.

En el decreto de imputación constan las medidas realizadas en el marco de la investigación, entre las cuales se encuentran las diferentes declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.

Para avanzar, se tuvo en cuenta que el imputado, en su condición de socio gerente de Hemosalta SRL, para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.

La primera presentación fue rechazada toda vez que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto, a sabiendas que al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.

Consta también en el decreto que el acusado, no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4607,88.

Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. De esa manera, la obra social y en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.

La investigación penal inició el fin de semana pasado, a partir de la noticia criminis, en función de una publicación que daba cuenta del supuesto cobro de $ 30.000 por la transfusión de plasma.