El hecho ocurrió en 2023 en la zona sudeste. Dos hombres fueron juzgados por el femicidio.
Investigan las amenazas que el gobernador Sáenz denunció haber recibido
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dio instrucción al fiscal penal 1, Pablo Rodrigo Paz, para que abra una investigación de oficio sobre las supuestas amenazas contra el gobernador de la Provincia, Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz.
Judiciales 21/09/2020Paz ya ordenó entre las primeras medidas tendientes a esclarecer las amenazas que habría recibido el mandatario provincial. Es que este domingo, durante el mensaje emitido por las redes sociales del Gobierno de Salta, Ruberto Sáenz afirmó que fue amenazado.
“He recibido amenazas, de todo tipo. He recibido amenazas de todo tipo, porque lamentablemente, detrás un teléfono privado o detrás de un…o en las redes sociales se esconden los miserables, los que no se animan a dar la cara, los que no se animan a decir las cosas de frente. No me van a amedrentar, no me van a asustar”, afirmó el gobernador salteño. Lo hizo durante el mensaje en el que anunció medidas vinculadas con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que rigen desde este lunes y hasta el 11 de octubre de 2020 inclusive -en los términos de los artículos 3º y 11 del DNU Nº 754/2020-, para los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital. El resto de los departamentos de la Provincia, continuarán con el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
El delito de amenazas tiene lugar cuando una persona informa a otra acerca de su intención de generarle algún mal. Está previsto en el artículo 149 bis 1er. párrafo del Código Penal Argentino, el cual asigna una pena de prisión de seis meses a dos años para quien impartiere amenazas con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas. La pena se elevará (de uno a tres años de prisión) siempre que se utilizaren armas para cometer este delito, o si las amenazas realizadas fueran anónimas.
Se comprobó la falsedad de las acusaciones de la ministra Patricia Bullrich.
Los hechos tuvieron lugar en Salvador Mazza, cuando el conductor de un camión parado sobre la ruta fue increpado por seis hombres con armas de fuego.
La causa señala que en 2019, durante el último día de su gestión, Soto emitió tres cheques a nombre de la Municipalidad de Iruya que él mismo cobró. El monto retirado ascendía a $970 mil.
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Condenan a un empleado de Vialidad por sustraer combustible destinado para vehículos oficiales
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