Partidos Políticos

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para la selección de candidatos fue el resultado de un amplio debate que buscaba revertir la cuestionada legitimidad de quienes llegaban a los cargos a partir del dedo de anquilosadas cúpulas partidarias, a espaldas de los afiliados.

 A través de los partidos políticos se selecciona a los candidatos para ocupar cargos en los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que la indiferencia ciudadana con relación a su funcionamiento, termina siendo indiferencia con la democracia. Los índices de pobreza en crecimiento, la falta de inversión en salud y educación que afecta a los sectores de menores recursos, la falta de transparencia en la gestión pública, la corrupción, nos están indicando que existen graves problemas de funcionamiento de las instituciones, entre ellas, los partidos políticos. 

En la ley de las PASO se incluyeron reglas para regular el financiamiento de las campañas, para evitar la selección de personas que, en vez de representar al pueblo, representen a los aportantes a las campañas, lo que redunda en la toma de decisiones políticas a favor de  los poderosos, con el consiguiente impacto en la pobreza, la desigualdad y  las discriminaciones. La derogación de las PASO importará la eliminación de esas reglas, lo que será también un retroceso democrático.

Para mejorar las instituciones democráticas es necesario refundar los partidos políticos y devolverlos a su papel de órganos de la sociedad, canales para la efectiva formación de la voluntad popular. Cabe recordar que en Salta, la ley orgánica de los partidos políticos ha sido sancionada al finalizar la última dictadura militar, por lo que su enfoque está muy alejado de las miradas de democracia activa, representativa y participativa, de democracia desde abajo. La derogación de las PASO significa retornar a una ley  previa a la recuperación democrática.

Para mejorar la representación política, es esencial revisar las reglas electorales tanto generales como hacia dentro de los partidos políticos. Sólo el método electoral proporcional, sin premios de mayoría ni barreras a las minorías, garantiza la igualdad de voto y la representación de todas las voces de una sociedad diversa. Por ejemplo, en la Carta Orgánica del Partido Justicialista de Salta, para la elección de cargos partidarios se establece que el ganador se lleva el 75% de los cargos en juego, mientras que el 25% restante debe distribuirse en forma proporcional entre las otra listas. Esta norma debe cuestionarse por ser incompatible con los requisitos mínimos de igualdad de voto y de necesaria representación de las minorías. 

 El artículo 38 de la Constitución Nacional reconoce que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, por lo que su regulación debe ser

 atentamente custodiada por la ciudadanía. Es imperativo constitucional el funcionamiento democrático de los partidos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas, la publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Estos principios, regulados hoy en la ley de PASO, debieran ser incorporados en una regulación moderna de los partidos políticos en Salta. Sustituir las PASO por la decisión de las cúpulas partidarias importa un retroceso democrático. 

Tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Renovador, con el sospechoso aval de la Justicia Federal Electoral, han suspendido sus elecciones internas para renovar las autoridades partidarias, a pesar de la acefalía que se produce al vencimiento del plazo de mandato. El Partido Justicialista se rindió a los pies al nuevo Gobernador a través de la flamante composición de la Comisión de Acción Política, decidida por el Congreso del Partido. Sáenz repite el modelo de Urtubey: ganar la gobernación por fuera del Partido Justicialista y ya en el poder, controlarlo a través de la Comisión de Acción Política. 

La desaparición de los partidos políticos como sede de debates sociales, su control por un grupo cerrado, tienen un efecto directo en la corrupción, en tanto de ese modo los partidos dejan de exigir la rendición de cuentas a sus representantes. El principal antídoto y la mejor forma de prevención de la corrupción es el que proviene de la sociedad cuando exige rendir cuentas. Está claro que para luchar contra la corrupción no es suficiente el Poder Judicial y el derecho penal. Ya en otra columna me referí a la importancia de distinguir responsabilidad política de responsabilidad penal. Por ejemplo, en el caso del robo de caños del gasoducto del NEA, llama la atención la conducta indiferente de diputados oficialistas  que miran para otro lado, que no tienen interés en exigir rendición de cuentas de funcionarios y debatir y resolver la responsabilidad política que les compete. La legislatura parece que ha dejado de representar al pueblo: hoy protege a quienes deben ser controlados por ésta. 

Por ello insisto en la necesidad de separación entre controladores y controlados. Sólo al separar a los partidos políticos de la esfera de gobierno, llegarán a ser los principales lugares del control democrático desde abajo sobre las instituciones representativas y, a través de éstas, sobre el aparato institucional en su conjunto. Para ello, la ley orgánica de los partidos políticos debería establecer algunas reglas de incompatibilidad. Los partidos deben volver a ser el lugar donde los afiliados concurren a formar la voluntad del partido, a seleccionar los candidatos, y a la acción política colectiva en defensa de la igualdad. El lugar para proponer, criticar, pedir rendición de cuentas a los representantes, reivindicando las garantías de los derechos sociales, movilizándose en contra de las desigualdades y las discriminaciones.

Es necesario un debate abierto y participativo de toda la sociedad, sobre una nueva regla de partidos políticos, para que éstos sean restituidos a su papel de órganos de la sociedad. La ley orgánica debe otorgarles las herramientas necesarias para que puedan de forma creíble, hacer valer la responsabilidad política a sus electos y seleccionar eficazmente a las clases dirigentes.

Sin ese debate, sin nuevas reglas, continuaremos cayendo en la deslegitimación de la representación, de los partidos políticos y de la política, continuaremos en la personalización de los partidos que conduce no solo a la demagogia, sino a los disvaliosos resultados de una clase dirigente enriquecida, a costa del creciente empobrecimiento de la población.