Abrieron sumario contra una funcionaria de la Defensoría por amenazas a una periodista

Después de la viralización de una publicación hecha por la periodista Marcela Pérez cuestionando el estacionamiento indebido de un vehículo que exhibía en su interior una placa cartel con la denominación “MINISTERIO PÚBLICO – VEHÍCULO OFICIAL” y la posterior amenaza de la funcionaria a cargo, abrieron hoy un sumario administrativo.

En un comunicado, la Defensoría General advirtió la “gravedad de la situación, toda vez que dicho vehículo no pertenece a la flota de vehículos de Ministerio Público de Salta, sino que sería de uso particular de una funcionaria”.

Según especificaron, la instrucción del sumario es para “disponerse las distintas medidas enderezadas a la investigación y eventual sanción del hecho denunciado, previo ejercicio del derecho a defensa de la funcionaria involucrada”.

Asimismo, ante las distintas expresiones y comunicado de asociaciones defensoras del ejercicio libre de la actividad periodística, se deja suficientemente a salvo como regla fundamental, y en términos generales y sin que necesariamente implique una referencia específica con la situación planteada – (que deberá ser materia de examen y resolución del sumario a instruirse)- , que resulta una premisa inquebrantable para esta Defensoría General, el respeto absoluto e integral sin retaceos ni cercenamientos de ninguna naturaleza, de la libertad de expresión, prensa y opinión, base misma del funcionamiento del sistema republicano y democrático.

Se hace conocer a la vez, que también se ordenaron medidas relacionadas a examinar y revisar todos los antecedentes vinculados a la asignación y provisión en general de dicha cartelería por parte de las distintas áreas, disponiéndose en el ámbito de la Defensoría General, restringir su uso a lo estricta y extremadamente indispensable por parte de vehículos oficiales que así lo requieran conforme su indispensable y extrema necesidad, ordenandose a la vez el cese de su disponibilidad y devolución en los casos que no resulte de inevitable necesidad, toda vez que el ejercicio de las funciones regulares y ordinarias que pudiesen asignarse a los distintos funcionarios, no resulta incompatible con la circulación vehicular regular y respeto por las normas de tránsito, exigibles a cualquier ciudadano común.