En el sentido de que un creciente numero de ciudadanas y ciudadanos no se siente representado por quienes ocupan cargos ejecutivos o legislativos. Y esto que está sucediendo en el espacio público, también se constata en muchas instituciones sociales nacidas para canalizar inquietudes y construir actores en condiciones de dialogar con los poderes del Estado.
Podría insinuar una suerte de diagnóstico: La crisis de representatividad se origina en las reglas electorales que potencian a determinadas mayorías y dejan fuera a las minorías.
Como se sabe, el 40% de los votos define el 80% de las bancas en la Cámara de Diputados y el 90% de los escaños de senadores. Un fenómeno que se reproduce en el espacio de las asociaciones civiles, de los colegios profesionales, de muchos sindicatos y cámaras empresarias donde la ocasional mayoría acapara todos los cargos.
Un conocido dirigente político salteño, cuya estrella brilló en los años de 1980, me dijo: “Esto, Armando, es como en el futbol, el que gana se lleva los tres puntos”.
Si a esta idea rudimentaria y anacrónica de la democracia se suma la crisis de nuestros partidos políticos (que han dejado de funcionar como entidades de formación cívica, de formulación de programas y de control de l0os elegidos), tenemos el panorama que venimos sufriendo por lo menos desde hace más de 24 años.
Porque la mayoría que triunfa (digamos con el 40% frente a la segunda fuerza política que reúne, por ejemplo, el 35% de los sufragios) es flor y fruto del caudillismo. Hay, en nuestra cultura política y en nuestras reglas electorales, una pulsión monárquica. Los resultados electorales instituyen jefes con capacidad de disciplinar a legisladores, intendentes, concejales, auditores, e incluso altos dignatarios judiciales.
Nos hemos acostumbrado a tener gobernantes que “mandan mucho” y cuya primera preocupación es atornillarse en el sillón de Feliciano Chiclana (que detentó el poder ejecutivo en 1810) para, inmediatamente después, ajustar su maquinaria para fabricar reelecciones o imponer sucesores.
Un buen amigo mío, entrado en años, imagina que en cualquier momento aparecerá en Salta un Héroe de la Retirada que facilitará el tránsito del Estado monárquico al Estado republicano. Pero tales sueños, sueños son. Ni hay héroes ni nadie piensa en la retirada.
Si, por esos caprichos del destino, emergiera un héroe tal o un movimiento cívico regenerador de la política, le bastaría con cambiar la Ley Electoral para terminar con años de hegemonía, de caudillos y de supremacías de familias.
Esta simple operación transformaría nuestro decadente panorama político. Las diferentes corrientes de opinión, los intereses generales más diversos ingresarían en los órganos legislativos. Con lo que la Auditoria General, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, el Tribunal Electoral dejarían de responder dócilmente a Los Que Mandan. Este reflejo del pluralismo social, intelectual, de género e ideológico en el seno de los poderes del Estado abriría ventanas y mentes, promovería debates y consensos y, seguramente, regeneraría la gestión pública.
A estas alturas, no sabemos cuales son las ideas que nuestro Gobernador tiene sobre este punto crucial.
Pero pronto las dudas habrán de disiparse. Y ello ocurrirá cuando el Gobernador convoque a elegir Convencionales Constituyentes para cumplir su compromiso de reformar nuestra Carta Magna.
Si esta convocatoria reproduce el régimen electoral vigente para seleccionar diputados, los que disfrutan de las mieles del Régimen que decide los destinos de Salta y de los salteños desde hace 24 años, festejarán en todas las “mesas chicas” que los reúnen un la opulencia.
Por el contrario, si el Gobernador decidiera, por ejemplo, que la elección de convencionales constituyentes se hará tomando a la provincia como un distrito único, renacerá el optimismo de los que creen y bregan por el ingreso de Salta al siglo XXI.
