Defraudación de la esperanza

Opinion 31 de julio de 2020 Por Sonia Margarita Escudero
El presidente defraudó las esperanzas de millones de argentinos que habíamos confiado en él.
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Anunció una  reforma judicial orientada a modificar el fuero penal de la justicia federal, la que investiga las principales causas de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. En su discurso afirmó la intención de  eliminar las prisiones preventivas de los políticos y así confirmó lo que se temía, que se trata una vez más de una maniobra para influir en el trámite de graves causas de corrupción.

 Lo que pone en evidencia esta intencionalidad es la convocatoria a una comisión de notables, entre los que se ha incorporado al abogado de Cristina Kirchner en las causas por corrupción. Sin perjuicio de sus calidades jurídicas personales, se trata de una persona que no es imparcial a la hora de analizar el funcionamiento del Poder Judicial.

 La convocatoria sin un diálogo con la oposición también muestra una metodología no compatible con las necesidades del diálogo democrático. Para llevar adelante reformas en áreas tan sensibles como lo es la justicia, es preciso hacerlo con bases muy sólidas, para lo cual se deben construir amplios consensos. 

 La demanda ciudadana de independencia judicial no puede ser atendida conformando una comisión con personas interesadas en el resultado de causas judiciales específicas. 

 Ya habíamos advertido que el presidente se había desviado de su promesa de que volverían y serían mejores. Cuando entregó ANSES a una agrupación política para que ubicara a sus simpatizantes en cargos importantes, falló a la Constitución que juró defender. ANSES no es cualquier organismo, es el ejecutor de las políticas sociales más importantes del país, de cuya honesta y transparente administración depende la supervivencia de millones de argentinos.

 La designación de personas carentes de idoneidad se hizo evidente en  una investigación periodística local que desnudó que 52 funcionarios, entre concejales, un intendente y un diputado habrían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o habrían intentado cobrarlo. Si fue tan sencillo descubrirlo para dos periodistas provincianos desde el llano, ¿cómo es posible que los funcionarios a cargo del control no lo hubieran detectado?   ¿Corrupción? ¿Mala praxis? ¿Falta de idoneidad para el cargo? Todo hace presumir que estas maniobras trascienden los límites de la provincia de Salta. Cada día se van sumando al listado personas que jamás debieron cobrar, hijos de empresarios, sobrinos y empleados de políticos, aprovechándose de la falta de controles del organismo estatal que parece ignorar adónde buscar.

 Los graves sucesos por los que atravesamos demuestran que la crisis no es solamente institucional y política, sino también moral, porque se ha perdido el objetivo de la función pública, que no es generar lucro, sino servir al mejoramiento de la sociedad. Mientras a los jubilados se les suspende la ley de movilidad jubilatoria por falta de recursos, mientras las empresas agonizan por la pandemia, mientras miles de personas se quedan sin trabajo, se dilapidan recursos públicos en reparto de ingresos a quienes no les corresponde, frente a un evidente descontrol y mala administración de las autoridades designadas para esa función.

 

Por otra parte, no deja de horrorizarnos el crecimiento patrimonial de los secretarios privados de Cristina Kirchner durante su gestión presidencial. Esto demuestra la necesidad de que las investigaciones por corrupción sean conducidas de manera transparente y con apego a la ley. La impunidad de la corrupción deteriora la credibilidad ciudadana en la democracia y en la justicia, y al mismo tiempo estimula a que se sigan cometiendo estos crímenes que son, en definitiva, crímenes contra el pueblo, contra la humanidad.

 La reforma judicial propuesta por el Presidente lo muestra absolutamente debilitado, en tanto  es obvio que la vicepresidenta ha impuesto a su abogado personal en la comisión que propondrá cambios de relevancia en la Corte Suprema. Este hecho confirma sospechas y quiebra la confianza que el pueblo había depositado en el presidente Alberto  Fernandez. 

 Cuando desde arriba no escuchan, desde abajo el pueblo debe hacer ruido. Los cacerolazos se hicieron escuchar.

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