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Opinion 21 de julio de 2020
Entre cifras que indican el crecimiento de la propagación del Covid 19 en distintos puntos del país, se ha desatado una febril actividad para encarar la post pandemia.
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Se han conocido en las últimas horas los principales lineamientos del plan de salida al que se refirió a fines de la semana pasado el Presidente de la Nación, con el propósito de atender las particularidades región por región, para hacer más eficiente y más rápida la recuperación de las economías locales. Salta se apresta a recibir los beneficios de esas iniciativas, incluyendo recursos para acomodar en parte las cuentas públicas.

El paquete de medidas se ha centralizado en la Jefatura de Gabinete pero ministros de distintas áreas han realizado anticipos de su contenido. Los más relevantes se expusieron en el marco de la reunión del Consejo Federal de Desarrollo Social, de la que participó Virginia Figueroa, titular provincial del ramo.

Se trata de propuestas de fuerte tono asistencialista para asegurar asistencia alimentaria, convertir en trabajo los subsidios que se distribuyen bajo distintos programas sociales; establecer un ingreso de base, que actualmente se recibe como Ingreso Familiar de Emergencia y garantizar el acceso a los servicios básicos en las cuatro mil villas, barrios y asentamientos que existen en todo el país. Podrá apreciarse que es un plan de emergencia, como se ensayaron en las crisis que recurrentemente atraviesa la Argentina.

Sustentan esta afirmación la dinamización del plan Potenciar Trabajo, una fusión de los programas "Hacemos Futuro" y "Salario Social Complementario", que llegará en su iniciación a unas 300 mil personas, la mitad de las que hoy reciben subsidios, que ocuparán puestos de mano de obra intensiva en desarrollos municipales y unidades productivas de la economía social. Es la postal que se vio en los tres primeros gobiernos kirchneristas y que tuvieron continuidad en la gestión macrista. Se trata de ingentes esfuerzos que sirven para aliviar en parte la tensión de permanentes demandas sociales de los sectores más vulnerables, pero que no permiten que se logre por ese camino mejorar su calidad de vida. 

Salta será una de las veinte provincias que empezarán a articular esas políticas porque se ubica entre las que tienen los porcentajes más altos de pobreza y exhibe un marcado atraso en infraestructura básica. Los recursos que se asignen a esos fines podrán financiar los costos de planes como Mi Lote, del que no se conoce avance alguno desde su anuncio. Según el Registro Nacional de Barrios Populares son 154 los asentamientos en la Provincia y en ellos viven al menos 20 mil familias. En ese registro aparece el municipio de Tartagal con el mayor número: son 43 los barrios de emergencia. Le siguen la Capital, con 39 y la villa turística de San Lorenzo, con 6. No son todos; solo los que han sido relevados.

Con la mejora en las urbanizaciones que se propone, no se ha priorizado la calidad de vida de sus habitantes sino que se la percibió como un movimiento económico, porque significa mucha gente trabajando. Como lo será el relanzamiento del programa de viviendas Procrear, a través del cual se propone la construcción de  unas 5 mil nuevas viviendas, que generen unos 75 mil puestos de trabajo entre este año y el próximo.

La contrapartida a esta entusiasta actividad es que las provincias tengan en claro su propio plan de salida, a fin de avanzar en acciones concretas y conducentes a resolver problemas de fondo. 

Esta definición será la que evite que el plan post pandemia quede en anuncios altisonantes.

Salta, 21 de julio de 2020

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