
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.


En plena pandemia, el Concejo Deliberante de la Capital resolvió empujar la reforma de la Carta Orgánica, decidida en 2011 y que no avanzó.
Opinión30/06/2020
Pero también dispuso ponerse cara a cara con la titular del Ejecutivo, que elude todo acercamiento con el otro poder municipal, y avanzar hacia algún punto para resolver la problemática de la ciudad más importante de la Provincia. Es un momento propicio porque cualquier movimiento de definición política será inaugural.
Luego que en la sesión del 10 de junio pasado se resolviera poner en funcionamiento una comisión especial, hoy presidida por la concejal saencista Ana Paula Benavídez, al cabo de la primera reunión se decidió convocar a la intendenta para el lunes 13 de julio. Los concejales quieren conocer el pensamiento respecto de una eventual reforma constituyente de la autoridad más expectante del Municipio pero también demandan saber sobre sus políticas para los próximos cuatro años.
Aunque pareciera que la cuestión reformista es un mero pretexto para llamar la atención de Bettina Romero sobre su pobre percepción del entramado institucional del gobierno comunal, una mesa de esas características y con las funciones asignadas por el cuerpo puede facilitar que el Concejo ejercite su atribución de solicitar informes al Departamento Ejecutivo e interpelar a sus Secretarios. Desde de la otra vereda puede contribuir a que la Intenta cumpla su deber de suministrar al Poder Legislativo todo informe que éste le solicite.
Para la flamante comisión, que ha dispuesto llevar adelante reuniones quincenales para definir si es procedente y se justifica, al cabo de nueve años de haberse declarado que es necesario, reformar la carta que organiza la vida comunal y que data de 1988, no será significativo ni invalidante que la titular del Ejecutivo desaire la invitación. A esta altura de la gestión, la insistencia de actuar en compartimentos estancos será una decisión política unilateral.
La ausencia de la opinión de un protagonista relevante no deslucirá la tarea de este grupo de trabajo que se ha propuesto hacer un análisis exhaustivo sobre una reforma de la Carta Municipal, para lo cual pedirá la concurrencia de distintos actores sociales y políticos para que aporten su mirada sobre los próximos cincuenta años. Y si la confluencia de opiniones así lo amerita, hasta puede revertir la anterior decisión.
Hace casi una década se reconocía que los cambios socioeconómicos, urbanos y demográficos que se vivieron en la ciudad de Salta desde la sanción de la Carta vigente, habían modificado notoriamente el perfil del Municipio delineado por ella y exigían que se determine su correlato institucional, a fin de que el modelo de gobierno de la ciudad permita cumplir eficazmente con sus fines. La tarea está pendiente y supera por lejos los avatares de sucesivas administraciones.
La rueda de la reforma se echó nuevamente a andar. Solo puede ser detenida por un acuerdo de corto plazo sobre modificaciones de forma para llevar adelante un gobierno, dejando de lado las cuestiones de fondo sobre como conducir una ciudad compleja, contradictoria, con carencias pero con recursos y expectativas.
Salta, 30 de junio de 2020

La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.

Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.

Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.

El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.

A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.

Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.

El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.

Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.

Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.

El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.

La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.