El acceso a internet

Hoy quiero reflexionar sobre este nuevo derecho, que se convierte en básico para el acceso a los derechos fundamentales.

Ya en 2016 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró que el derecho a acceder a internet es un derecho humano, animando a todos los países a proveer a sus ciudadanos de acceso a la red y   condenando a las naciones que alteren esta libertad. Se reconoce que la conexión a la red es clave para favorecer el crecimiento y el progreso de una sociedad, por lo que debe ser ampliamente disponible, accesible y costeable por todos.

 Si comparamos los datos de acceso a internet entre provincias, los números no son alentadores para Salta. De acuerdo con la Cámara Argentina de Internet, 44,5% de hogares en Salta tiene acceso a la red, porcentaje por debajo de la media país que es de 65,8% y en la ciudad de Buenos Aires llega al 112%. Idéntica brecha observamos en la velocidad de las conexiones fijas: mientras en Salta el promedio es de 9.2 MB, en la Ciudad de Buenos Aires es de 17,8 MB.

Si esta era una preocupación pre-pandemia, hoy tiene que estar al tope de la ocupación del gobierno en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal. 

La cuestión educativa es fundamental. De acuerdo con un Informe del Observatorio Argentino por la Educación, un tercio de los alumnos salteños de escuelas primarias y secundarias quedan excluidos de la educación virtual. Si a nivel país, el 19,5% de los alumnos de último año de primaria no cuenta con acceso a internet en sus viviendas, en Salta el porcentaje sube al 29,5%. Es la octava provincia del país con menos conectividad en nivel primario. En cuanto a los alumnos de quinto año de la secundaria, el 29,7% de los alumnos de Salta respondió que no tiene internet en sus casas. En este segmento, Salta es la provincia con mayor falencia de conectividad en la Argentina .

El INDEC informa que en el aglomerado Salta,  seis de cada diez hogares no cuentan con una computadora, la falta de datos impide conocer la situación a nivel provincial, lo que hace presumir que la mayoría de los hogares carece de una computadora. A ello se suma que un 24% de la población no tiene siquiera un  celular. En las comunidades del norte, con escuelas rancho, con población sin acceso a derechos elementales como al agua, a la tierra, a la salud, a la educación bilingüe e intercultural, la brecha tecnológica está claramente relacionada con la brecha en el acceso a los derechos. Recientemente se conoció que la comunidad wichi San Felipe, en Rivadavia Banda Sur, no pudo registrarse para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia, por no tener internet. Hoy la falta de conexión a la red es equiparable al analfabetismo, un obstáculo para el acceso a derechos. 

Las características geográficas y la dispar densidad de población hace que el desarrollo de redes y servicios de los grandes operadores se concentre en las grandes ciudades, por lo tanto, si dejamos el acceso librado al mercado se profundizará la desigualdad. Es posible identificar tres áreas críticas para la mejora de la conectividad: 1) la infraestructura; 2) el mercado y el Estado y, 3) la capacitación.

Existe coincidencia en que necesitamos mayores inversiones en infraestructura para que los usuarios de todo el país puedan contar con servicios de calidad y a precios accesibles. Con ese objetivo se lanzó el Plan Nacional Argentina Conectada,  que entre 2011 y 2015 debía instalar 58.000 km de fibra óptica para así llegar al 97% de la población, conectando a mil setecientas localidades. Comprendía una red troncal, y la conexión a ella de localidades ubicadas en un radio de hasta 40 km. Mediante una fuerte inversión pública en infraestructura, se apuntó a favorecer la interconexión entre prestadores, mayor competencia y horizontalidad en la distribución y acceso a internet. 

No existe claridad en la información en cuanto a lo efectivamente realizado. Por una parte se afirma que a diciembre de 2015 se habrían completado 29.500 km de obra civil concluida, 15.700 km de red iluminada y 14.000 km con capacidad de dar servicio, por la otra parte, el gobierno de Cambiemos sólo reconoció 6.800 km en servicio.  Sería muy importante identificar la obra civil concluida en nuestra Provincia, cuántos kilómetros están en condiciones de prestar el servicio, cuáles son las obras pendientes, y, de ese modo, avanzar rápidamente hacia una mejor conectividad.

Por su parte, el mercado de las telecomunicaciones está altamente concentrado, lo que lleva a que en muchas ciudades del interior del país, los operadores dominantes impongan condiciones comerciales de conectividad mayorista abusivas a los proveedores locales. Se produjo una convergencia de mercado entre la provisión de internet, de televisión por cable y de telefonía. 

La concentración de proveedores de televisión por cable se advierte cuando, al final de la gestión de Néstor Kirchner, se autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal. La ley de medios, sancionada en el año 2009 buscó limitar esa concentración con el objetivo de preservar el acceso a la información con independencia y pluralidad. Como bien advierte la CIDH, la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en los medios de comunicación social afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos.

El gobierno de Cambiemos modificó por decreto la ley de medios, quitando las trabas al límite de las licencias al tiempo que se habilitaron nuevas frecuencias del espectro radioeléctrico a los prestadores de telefonía móvil y al Grupo Clarín. Paralelamente, se aprobó la fusión de Cablevisión y Telecom, dando origen al mayor jugador del sector info-comunicacional de la región, con niveles de concentración inéditos en los mercados de la TV por cable, la telefonía móvil, la banda ancha y el audiovisual. La infraestructura y los clientes finales que reúne la nueva empresa dan como resultado que sea la única oferente del servicio de acceso a internet en muchas localidades del país.

Si bien en 2014 se aprobó la ley 27.078 llamada Argentina Digital, por la que se declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, y se plantea el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes del país a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, no se ha logrado tal finalidad. El avance de las tecnologías es muy rápido y la legislación parece quedar anticuada. Se ha producido la convergencia del mercado en materia de comunicación e información, sin que exista una ley que la regule. Hoy cualquier grupo empresario puede prestar el cuádruple play, esto es: telefonía fija, telefonía celular, banda ancha y televisión por cable. 

De acuerdo con datos de Cámara Argentina de Internet, el 70% de los hogares contrata un paquete de banda ancha con cable y/o telefonía.  El Grupo Clarín tiene en el país el 39% del mercado de TV paga, el 46% del mercado de  banda ancha, y el 31% del de telefonía móvil. Esto le da un poder significativo de mercado y una capacidad de influir en la formación de precios, en la viabilidad de sus competidores, lo que amenaza la saludable competencia necesaria en una economía de mercado. La regulación específica para evitar las posiciones dominantes es necesaria.

También debe darse impulso a las PYMES y Cooperativas para que sean una alternativa real, para que el usuario reciba más y mejores servicios convergentes, para generar las condiciones que garanticen un mercado más competitivo, que aleje la posibilidad de que cualquier operador pueda ejercer un abuso de su posición dominante en perjuicio de los usuarios. 

Desde el sector científico se advierte la necesidad de capacitación;  se identifica existen necesidades de expertos y trabajadores en el ámbito de las comunicaciones ópticas, por lo que se debe propender a la formación de recursos humanos así como a la investigación y el desarrollo tecnológico. En este punto es muy importante que las universidades públicas y privadas incrementen programas de formación en grado y posgrado, así como subprogramas para capacitación de técnicos y operadores de campo. 

Si la preocupación que genera la pandemia es la destrucción de empleo, ésta es un área de crecimiento y de enormes posibilidades de generación de trabajo de calidad, por la creciente demanda tanto del sector público como del privado. La falta de  formación de personal técnico especializado fue reconocida como una de las barreras que enfrentó el Plan Argentina Conectada, particularmente en el desarrollo de las redes provinciales. Las jurisdicciones que lograron un mayor despliegue de tendidos fueron aquellas que ya contaban con empresas tecnológicas o que recibieron un fuerte apoyo político.

Las características socio-económicas y geográficas de Salta requieren una fuerte intervención del Estado en sus tres niveles de gobierno para lograr la mejora en el acceso a internet, no sólo en la disponibilidad de conectividad y velocidad, sino también a su asequibilidad para toda la población. Para ello el Estado deberá respaldar y estimular iniciativas encaminadas a lograr el acceso a los grupos poblacionales más vulnerables. Saludo los esfuerzos del gobierno nacional, tanto en reforzar el Plan Conectar Igualdad, como en el lanzamiento de entrega de tablets a los sectores más vulnerables. Pero la entrega de estos elementos no es suficiente si no se asegura el acceso a internet.

La brecha digital que se advierte en los datos se traduce en una desigualdad entre quienes utilizan las TIC y quienes no tienen acceso o no saben cómo utilizarlas. Si no se elaboran políticas eficaces para obtener el acceso universal a internet, estaremos profundizando una sociedad donde los excluidos del acceso a la red tengan menos oportunidades en el campo laboral, social, educativo, de la salud, de la comunicación y de la información, lo que impactará en la situación socio-económica general. La inclusión digital es parte indisoluble del bien común, y por lo tanto, debe ser incluida como derecho en la próxima reforma constitucional provincial. 

Hasta la próxima