Explicaciones

Opinion 24 de junio de 2020
La Cámara de Diputados avanzará en el tratamiento del DNU 255, una medida excepcional surgida al calor de la lucha contra el Covid 19. Pero no lo encarará como manda la Constitución Provincial que intervenga la Legislatura, cuando está a punto de vencer el plazo para que se convierta en ley. Entrará por uno de los costados escabrosos, que se había advertido que podrían mostrarse.
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La cuestionada medida crea un régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, dispuestas en Decretos de Necesidad y Urgencia de los Ejecutivos nacional y provincial y en resoluciones dictadas por el Comité Operativo de Emergencia, una de las debilidades de todo el polémico paquete normativo vigente. Contempla arrestos de hasta 60 días o multas, además del decomiso de vehículos que se estuvieran usando al momento de la infracción.

Que la aplicación del régimen esté en manos de efectivos policiales coronó la lista de desaciertos que se le achacan al decreto de marras. Ese fue uno de los puntos más irritativos del DNU cuya derogación ha sido propuesta por un proyecto de ley, que seguramente se sumará al conjunto de iniciativas que el oficialismo legislativo ha resuelto no tratar sin siquiera dar una oportunidad de debate.

Desde el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta se puntualizó el listado de disposiciones constitucionales y principios republicanos, que se violan con el decreto y su resolución reglamentaria. "La policía no puede arrogarse la facultad de aplicar multas y arrestos” le advirtió al gobernador Gustavo Sáenz, mientras otros sectores suponían que se habilitaban excesos a una fuerza que tiene en la represión una marca de origen.

En menos de cien días,  tales excesos son una de las razones por las que el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, deberá concurrir a Diputados el próximo viernes 26 de junio. Una de las promotoras de esta visita es la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que recibió denuncias sobre los atropellos, golpizas y torturas policiales por aplicación del régimen excepcional.

En la sesión del último martes, se hizo público el informe de la reunión que en Rosario de la Frontera tuvieron miembros de dicha Comisión con vecinos de distintas edades y extracción social que fueron víctimas del violento accionar policial. La infracción común imputada, se describió, es el incumplimiento de la cuarentena. La violación de derechos personales fue la manifestación del propósito de lograr que la población actúe acompañando y respetando las medidas dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia para atenuar el riesgo de circulación del virus y así mitigar su impacto en el sistema de salud provincial. Esa parte de la lucha contra el coronavirus se manifestó en un operativo de represión sistemática que obliga a desarmar un entramado político-policial que atenta contra la seguridad de los ciudadanos y concurrir al amparo de las víctimas. 

El Secretario de Seguridad deberá dar explicaciones y los legisladores pronunciarse a partir de la iniciativa que busca sustraer facultades judiciales de detención y aprehensión que se le dio a una fuerza de seguridad, que está haciendo lo que mejor sabe.

Es un momento institucional complejo.

Salta, 24 de junio de 2020

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