El Secretario del Interior, Mario Cuenca, hizo una detallada descripción de la problemática que calificó como delicada informando se viene asistiendo a los 60 municipios e, incluso, a organizaciones sociales que acompañan las tareas de asistencia social. Esta gestión ha significado que desde diciembre a la fecha se les giren 360 millones de pesos que no deben ser reintegrados al Tesoro Provincial. Además, se aportaron otros 13 millones para financiar las tareas que solían estar a cargo de las eliminadas Cooperadoras Sociales.

El informe destaca algunos casos, como el de municipios cuyos ingresos solo alcanzan para pagar sueldos. También advierte que la postpandemia será otro momento difícil. De allí que el Ministerio de Economía ha tomado el toro por las astas y ha lanzado una propuesta cuyo objetivo de máxima es el de transformar la cultura fiscal.

El titular de esa cartera, Roberto Dib Ashur, presentó a intendentes un Plan Integral de Desarrollo de la Gestión Municipal, con el propósito de fortalecer las autonomías municipales, a través de la recaudación tributaria, la responsabilidad fiscal, la capacitación y la modernización de sistemas de gestión municipal. No se trata de una propuesta unilateral; en su confección hay dos meses de trabajo con la participación de los jefes comunales.

Se debe reconocer que el plan va hacia el centro de un problema que en varias décadas favoreció la ineficiente gestión de recursos, que siempre fueron escasos. Eso es lo que puede evaluarse como el mejor de los casos porque también debe considerarse que las administraciones municipales son nichos de corrupción, que cada cuatro años se hacen notar, especialmente cuando las intendencias cambian de mano o los Concejos Deliberantes dan lugar a una participación opositora más significativa.

En principio, el Plan Integral de Desarrollo de la Gestión Municipal favorecerá en general a todos los municipios pero especialmente a los de menor envergadura, que padecen todos los problemas que se tratan de resolver, como la mínima o nula recaudación tributaria, la falta de capacitación de los funcionarios y empleados responsables del manejo de la hacienda comunal y la deficiente disponibilidad de recursos tecnológicos, para llevar adelante las tareas contables.

Los intendentes coincidieron que uno de los aspectos que se debe resolver y que es común a la mayor parte de los municipios es el que generan empresas que tributan en otras jurisdicciones en desmedro de los municipios donde producen o prestan servicios, sin pagar las tasas correspondientes ni impuestos que se coparticipan. Al respecto se está definiendo un plan de acción para revertir una situación de inequidad. Como contrapartida se exigirá responsabilidad fiscal,  teniendo en cuenta el manejo de los gastos y su registración adecuada y oportuna y la generación de información fiscal precisa.

No se trata solamente de aliviar el peso sobre la administración provincial de malas gestiones comunales. Debe asegurarse el derecho de los ciudadanos a tener calidad de vida, cualquiera sea el lugar del territorio provincial que habite.

Salta, 19 de junio de 2020