Violencia Social e Institucional

El asesinado de George Floyd, transmitido en vivo por internet, no sólo generó oleadas de indignación y masivas protestas alrededor del mundo, sino que trajo al centro del debate público la problemática del racismo y la violencia policial. Es que en cada rincón del planeta, los ciudadanos pueden identificar a  su alrededor estos dos flagelos, también en Argentina y en Salta.

 La experiencia en nuestro país nos demuestra que a pesar de las medidas legislativas tomadas a partir de la recuperación democrática, el esfuerzo no fue suficiente para erradicar los abusos, especialmente en el ámbito de instituciones autorizadas a privar de la libertad a los ciudadanos. 

 Argentina ratificó la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la incorporó al texto constitucional. Esta Convención define a la “tortura” como “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

La Convención contra la Tortura obliga a los Estados firmantes a investigar en forma pronta e imparcial cualquier denuncia sobre la comisión de estos hechos, a indemnizar a las víctimas,  así como prohíbe  invocar como prueba cualquier declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura.

Como Senadora Nacional participé en el debate de la ley 25.932 por la cual adherimos al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura[4], y de la ley 26.827 que creó un mecanismo nacional para la prevención de estos actos. Con ese encuadre legal, la provincia de Salta aprobó la ley 8024 por la cual creó el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,  a cargo del Comité Provincial contra la Tortura. Este  Comité tiene competencia para examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad, para detectar y denunciar abusos, hacer recomendaciones, elaborar protocolos de actuación, intervenir en procedimientos disciplinarios contra agentes de fuerzas de seguridad y funcionarios públicos, entre otras.

 Como se advierte, este nuevo instituto, además de integrarse al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, tiene como finalidad cooperar con el diseño, implementación y monitoreo de recomendaciones para mejorar nuestro sistema de seguridad y de justicia. Lo que en definitiva interesa, es lograr el pleno respeto de los derechos humanos de toda la ciudadanía, así como restituir la confianza que tanto la policía, el servicio penitenciario y la justicia deben inspirar en una sociedad democrática. Que los abusos por parte de algunos miembros no destruyan a las instituciones del orden público.

 El caso es que, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde la sanción legal, el Comité Provincial contra la Tortura aun no ha sido integrado ni puesto en funcionamiento. Esto ha sido reclamado al gobierno por la mesa de derechos humanos de Salta. 

 Las denuncias por apremios ilegales y torturas cometidos por algunos miembros de la policía y del servicio penitenciario se repiten desde hace años, sin que las causas legales avancen.  Lo que es más grave, se sospecha que este accionar delictivo se utiliza en algunas  investigaciones criminales, esto es, que el Estado investiga el delito cometiendo, a su vez, otro delito, sin que estas conductas sean sancionadas. La práctica de la refinada técnica de tortura conocida como el “submarino seco” se difundió y se hizo viral, hace unos años, en un video donde se vio a policías en una comisaría en General Güemes practicándola. Esto demostró que  la formación policial en técnicas de tortura no ha desaparecido con la recuperación democrática. Esto me lleva a unirme al reclamo por la demorada conformación y puesta en marcha en forma urgente del Comité Provincial contra la Tortura.

Esta institución creada para controlar y mejorar los servicios de seguridad, tendrá la posibilidad de acceder a información y documentación, entrevistar a personas sin la presencia de testigos, promover acciones judiciales, establecer vínculos de cooperación y de coordinación y, de este  modo formular recomendaciones. Lo primero que habrá que delimitar es el ámbito de actuación policial, institución que no ha sido creada ni equipada para el manejo de problemas sociales. Estos deben ser derivados a otras instituciones como las de mediación comunitaria, los programas de interrupción de la violencia, los que atienden a la salud mental y los que regulan el acceso a la vivienda. Debe reconocerse que criminalizar las adicciones y la pobreza y hacer miles de arrestos, no proporcionó seguridad pública, por el contrario, puede tener el efecto de empeorar esta problemática. Esto, reitero, no es responsabilidad de las fuerzas policiales.

 El reclamo de puesta en funcionamiento del Comité contra la Tortura  cobra urgencia en este tiempo de cuarentena, cuando se le ha dado a la policía un exceso de facultades al tiempo que se han restringido las libertades de la ciudadanía. En este contexto, los abusos son materia de noticias casi todos los días. Dos movimientos sociales en Salta surgieron frente a la esa falta de respuestas de la justicia: el de Familiares Contra la Impunidad, iniciado en el año 2011 y más recientemente, por la Comisión de Familiares Contra el Gatillo Fácil.

Hace unos días, la profesora de la universidad de Georgetown Christy López, explicó en un artículo publicado en el Washington Post, que el movimiento por la “abolición” de la policía, visibilizado a partir del asesinato de George Floyd, se refiere a la abolición de la utilización de la policía como vehículo para utilizar la violencia para perpetuar el control blanco sobre las personas negras. Asimismo advierte que no  ha sido la policía la que inventó el racismo, la inequidad social o la masculinidad estereotipada, que son fuente incesante de violencia 

 La histórica utilización de la policía para reforzar las conductas racistas, clasistas y machistas, es una de las patologías sociales a desterrar también en nuestro país y especialmente en Salta. Tengo un gran respeto por la Policía, y por lo tanto es muy importante impedir que el mal accionar por parte de unos cuantos perjudique a toda la institución. Para ello no debemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de los más débiles.  Convoco a la ciudadanía a  sumarse al pedido de puesta en marcha del Comité Provincial contra la Tortura, para así velar por la suerte de aquellas personas a quienes hasta hoy se les ha negado la voz.