Un paso corto se dio en torno de la problemática del consumo de hojas de coca, vinculada a su comercialización. El Senado aprobó un proyecto de declaración que demanda gestiones para que se autorice su importación legal en estado natural. Hacia adelante queda un largo camino que se ha intentado transitar y que sólo pudo ser recorrido parcialmente, creando una situación paradojal: se puede masticar coca pero no producirla ni importarla.
Opinión22/05/2020
La cuarentena ha puesto en jaque la calidad de vida de quienes sostienen ciertos consumos adictivos legales, como el cigarrillo y la masticación de hojas de coca. La caída de la oferta por las restricciones generadas por el aislamiento fue usufructuado por quienes conocen los vericuetos del tráfico ilícito y apuró la tarea de quienes han decidido regular la situación del producto vinculado a una práctica ancestral.
Demorada la solución prometida en su campaña electoral por el diputado nacional Martín Grande, la iniciativa fue tomada por legisladores provinciales, sumando proyectos a muchos otros que se acumularon en estos últimos años. La Cámara de Senadores tiene en comisión una propuesta del representante de Los Andes para dar un marco regulatorio a la importación, acopio, fraccionamiento y venta de hoja de coca. Pretende asegurar su provisión para uso doméstico y para investigación científica, garantizando la continuidad de la práctica del coqueo.
Cabe destacar que la Ley N° 23.737, en su Artículo 15, determina que no será considerada como tenencia o consumo de estupefaciente, la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación o a su empleo como infusión. Sin embargo, no lo facilita desde el momento en que el Código Aduanero considera ilegal la comercialización y la importación, más allá del cuarto kilogramo que se considera como tenencia para el consumo personal.
Tampoco está autorizado el cultivo y no por cuestiones agroambientales. En esa cuestión pesa la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada el 30 de marzo de 1961 en Nueva York y a la que la Argentina adhirió de manera plena. Es un tratado que conforma el marco legal internacional para el control de drogas. Reconoce cuatro listas de productos por su nivel de riesgo y la hoja de coca, figura en la Número 1, junto al cannabis, opio, heroína, metadona, cocaína y oxicodona. De esa manera es considerada como una sustancia muy adictiva o de probable uso indebido.
Ello no fue óbice para que el diputado Ignacio Jarsun anunciara que está preparando un proyecto para que en Salta se pueda producir hoja de coca, bajo el mismo marco jurídico con el que Jujuy produce marihuana. En tanto, elevó un pedido a la Justicia Federal para que toda la coca incautada en operativos de Gendarmería en la provincia sea entregada al Gobierno Provincial, para su distribución gratuita entre la población.
El hecho que se permita el coqueo pero no la producción ni la importación de coca genera una situación, que no pocos consideran que es un nicho de corrupción en la frontera y de expansión del tráfico ilícito. Su represión, sin embargo, impedirá el ejercicio de un derecho a mantener una práctica cultural.
La marcha iniciada ayer en el Senado no debiera frenarse.
Salta, 22 de mayo de 2020
La mayor parte de las expectativas generadas por la reunión bilateral de los presidentes Javier Milei y Donald Trump no se cubrieron y los mercados de inmediato reaccionaron negativamente. En tanto, logró dictamen el proyecto de ley para declarar la emergencia de las pymes en la Argentina.
Un encuentro improvisado en Washington terminó mostrando la sumisión de Milei ante Trump. Ni acuerdos, ni inversiones: solo obediencia y vergüenza nacional.
El gobierno provincial espera contar, al cierre de este mes, con herramientas para concurrir en asistencia de las mipymes provinciales, envueltas en una severa crisis. En la Legislatura se trata el proyecto de ley que contempla la creación del Fondo de Garantías de Salta.
Comenzó a transitarse la recta final de una campaña electoral que los analistas calificaron como rara. Esta elección de medio tiempo va a plebiscitar la política económica del Gobierno nacional y ello puso en el escenario a otros protagonistas, que no tienen dos semanas para atender sino dos años para resolver los problemas pendientes de su administración.
Antes que dar mi opinión sobre el inédito rescate ofrecido al gobierno de Milei por el de su par norteamericano, Donald Trump, creo que puede resultar mucho más útil referirme a las reflexiones del premio Nobel de economía, el estadounidense Paul Krugman acerca del accionar de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump, que han tenido enorme repercusión en los diferentes medios gráficos nacionales que comparto.
El penúltimo fin de semana largo del año puede servir para acomodar muchas piezas que la dinámica política ha desacomodado en los últimos días. La economía volvió a recuperar la centralidad que por un momento ocupó la Justicia, cuya intervención sacó del juego a protagonistas excluyentes del tiempo electoral en marcha. Estos movimientos han configurado un nuevo panorama.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.