Un paso corto se dio en torno de la problemática del consumo de hojas de coca, vinculada a su comercialización. El Senado aprobó un proyecto de declaración que demanda gestiones para que se autorice su importación legal en estado natural. Hacia adelante queda un largo camino que se ha intentado transitar y que sólo pudo ser recorrido parcialmente, creando una situación paradojal: se puede masticar coca pero no producirla ni importarla.
Opinión22/05/2020
La cuarentena ha puesto en jaque la calidad de vida de quienes sostienen ciertos consumos adictivos legales, como el cigarrillo y la masticación de hojas de coca. La caída de la oferta por las restricciones generadas por el aislamiento fue usufructuado por quienes conocen los vericuetos del tráfico ilícito y apuró la tarea de quienes han decidido regular la situación del producto vinculado a una práctica ancestral.
Demorada la solución prometida en su campaña electoral por el diputado nacional Martín Grande, la iniciativa fue tomada por legisladores provinciales, sumando proyectos a muchos otros que se acumularon en estos últimos años. La Cámara de Senadores tiene en comisión una propuesta del representante de Los Andes para dar un marco regulatorio a la importación, acopio, fraccionamiento y venta de hoja de coca. Pretende asegurar su provisión para uso doméstico y para investigación científica, garantizando la continuidad de la práctica del coqueo.
Cabe destacar que la Ley N° 23.737, en su Artículo 15, determina que no será considerada como tenencia o consumo de estupefaciente, la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación o a su empleo como infusión. Sin embargo, no lo facilita desde el momento en que el Código Aduanero considera ilegal la comercialización y la importación, más allá del cuarto kilogramo que se considera como tenencia para el consumo personal.
Tampoco está autorizado el cultivo y no por cuestiones agroambientales. En esa cuestión pesa la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada el 30 de marzo de 1961 en Nueva York y a la que la Argentina adhirió de manera plena. Es un tratado que conforma el marco legal internacional para el control de drogas. Reconoce cuatro listas de productos por su nivel de riesgo y la hoja de coca, figura en la Número 1, junto al cannabis, opio, heroína, metadona, cocaína y oxicodona. De esa manera es considerada como una sustancia muy adictiva o de probable uso indebido.
Ello no fue óbice para que el diputado Ignacio Jarsun anunciara que está preparando un proyecto para que en Salta se pueda producir hoja de coca, bajo el mismo marco jurídico con el que Jujuy produce marihuana. En tanto, elevó un pedido a la Justicia Federal para que toda la coca incautada en operativos de Gendarmería en la provincia sea entregada al Gobierno Provincial, para su distribución gratuita entre la población.
El hecho que se permita el coqueo pero no la producción ni la importación de coca genera una situación, que no pocos consideran que es un nicho de corrupción en la frontera y de expansión del tráfico ilícito. Su represión, sin embargo, impedirá el ejercicio de un derecho a mantener una práctica cultural.
La marcha iniciada ayer en el Senado no debiera frenarse.
Salta, 22 de mayo de 2020
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
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En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
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Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.