La muerte de ocho niños que vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad sigue siendo el dato que sintetiza la intensa movilización de los gobiernos nacional, provincial y municipales en los tres departamentos declarados en emergencia en la Provincia. Según quien es el vocero de la situación, el problema es la carencia de alimentos, la falta de agua potable, la decadencia del sistema sanitario, el total abandono de las comunidades originarias, una cultura diferente. Es todo eso, es la extrema pobreza.
Opinión19/02/2020
El otro punto es sobre quien recae la responsabilidad. La referencia más vaga son los últimos 500 años de historia; la más precisa por la cercanía, es la acusación sobre los 12 años de gestión de Juan Manuel Urtubey, el gobernador que exaltó sus esfuerzos por la cuestión social, que –decía- le permitió bajar notoriamente la mortalidad infantil, que secularmente fue elevada.
Una de sus medidas más llamativas fue la creación del Ministerio de la Primera Infancia, decisión aplaudida especialmente por Conin, la Cooperadora para la Nutrición Infantil, que hace 26 años creó Abel Albino. El polémico pediatra mendocino se mostró en diversas oportunidades junto al ex mandatario salteño y el nombre de su institución aparece identificando los Centros de Prevención y Cuidado Nutricional que se habilitaron en la Provincia.
Cuando estalló la crisis sociosanitaria, desde el Presidente de la Nación a observadores de la realidad salteña lamentaron que en estos tiempos haya niños que mueran de hambre. Una de las medidas más conducentes fue presentada en el Senado provincial, solicitando una auditoría al exministerio de Primera Infancia y a los convenios con CONIN. De autoría del senador José Ibarra, de Guachipas, requiere información sobre la totalidad de los montos invertidos por esa cartera en la construcción de centros comunitarios, adquisición de mercadería y equipamientos, tareas de prevención sanitaria y erradicación de desnutrición infantil.
En los fundamentos del requerimiento se recordó que el exgobernador Urtubey presentó la relación con la fundación CONIN como una alianza estratégica entre el Gobierno conjuntamente con el Obispado de Orán y la Universidad Nacional de Salta y la mostró en un acto del que participaron sus principales referentes, además de representantes de Microsoft, que suministró una plataforma para la sistematización de datos, de los que no se tienen noticias. También se hizo referencia a un informe oficial que dio cuenta que no hubo una reducción de la desnutrición infantil de 0 a 2 años, de 2013 a 2017, lapso en que se registraron guarismos que giraron en torno del 1,9 por ciento, demostrando la ineficacia de la metodología de CONIN.
Ni la institución ni Albino se pronunciaron frente a la vinculación que se hizo con el drama de la desnutrición hasta ayer, cuando a través de un comunicado oficial, dijeron que “Responsabilizar a Conin de las muertes de niños wichí en el último verano a causa de diarreas estivales – cosa que lamentablemente ocurre todos los veranos desde hace décadas – es no solo una insensatez, sino una calumnia notoria”.
Será una insensatez si allí se agota la búsqueda de la raíz de la tragedia humanitaria.
Salta, 19 de febrero de 2020
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) se presentó en el Ministerio de Educación de Salta para retirar documentación clave en una causa por falsificación de certificados.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.