
Congreso: Sancionaron la "Ley Nicolás" sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria
Política18/09/2025El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 7 de diciembre del 2023, previo al recambio legislativo.
Frente al proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial de ampliar la cantidad de integrantes de jueces de la Corte de Justicia de siete a nueve, el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta habló por Aries sobre el tema. Indicó que la iniciativa es paralela a lo que puede plantearse en un debate de reforma constitucional.
Política10/02/2020El jurista planteó que se puede dar una discusión sobre la edad de los jueces de Corte o sobre la inamovilidad o no de los mismos como parte de un debate constitucional, pero es un debate paralelo al proyecto del Poder Ejecutivo que será tratado mañana en la sesión extraordinaria de Diputados.
“Veo que se discute solamente el número de jueces y sugeriría que se discuta que necesitamos una Corte que se divida en salas, lo cual está permitido por la ley vigente”, dijo el especialista y añadió que “falta discutir el diagnóstico de lo que la Corte tiene como trabajo”.
Indicó que lo que está faltando es “que la Corte salga a decir cuáles son los problemas que tienen y si necesitan más jueces”.
Por otra parte, Aguirre Astigueta indicó que hay un déficit en el Poder Judicial que se puede resolver con un proyecto de ley de creación de una Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
“Si trabajásemos por un proyecto de una Cámara en lo Contencioso, el trabajo que hoy hace la Corte con esa competencia sería menor y ahí podríamos plantear cómo mejora el funcionamiento de la Corte en el resto de sus competencias”, planteó el letrado en Hablemos de Política.
Cabe recordar que en agosto de 2019 el Senado aprobó un proyecto de ley enviado por el exgobernador Juan Manuel Urtubey para crear una Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo pero la iniciativa no prosperó en Diputados por una consideración predominante de que se trataba de un proyecto “con nombre y apellido” que perseguía como objetivo designar a funcionarios de un Gobierno saliente.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 7 de diciembre del 2023, previo al recambio legislativo.
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