Violencia

Opinion 04 de febrero de 2020
A casi tres años del hecho, se inició hoy el juicio contra los acusados por el crimen de Daniela Paola Guantay. La importante cantidad de testigos llevará las audiencias hasta el 28 de febrero, fecha prevista para los alegatos.
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Se trata de unos de los crímenes más aberrantes de los últimos tiempos y reúne en sí características que llevaron a que sea calificado como uno de los más despiadados de los que registra la historia policial de la Provincia.  Es así que los presuntos autores llegan imputados por homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, por ser perpetrado con ensañamiento y por concurso premeditado de dos o más personas, abuso sexual con acceso carnal agravado por el número y calificado por la muerte de la víctima, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal agravado por la participación de un menor de edad. 

Al margen del crimen, hay aristas que no deben obviarse por la importancia que adquieren en un contexto caracterizado por problemáticas preocupantes. La violencia de género y la que genera el narcotráfico son cuestiones que emergen de este hecho que tuvo como víctima a una joven madre de tres hijos, que frecuentaba ámbitos marginales. 

El tratamiento del caso desde el arranque puso en evidencia algunas falencias que se venían marcando y que, al parecer, cuesta erradicar de una cultura patriarcal y machista que roza la conducta policial. Contrariando a cualquier manual de seguridad, la denuncia de la madre por la desaparición de Daniela no fue tomada en sede policial al momento de formularla, pese a que los especialistas indican que son cruciales  las primeras horas desde que se advierte una eventual desaparición.  

En principio, se apuntó contra una expareja, que la hacía objeto de violencia pero el estado en que sus restos fueron encontrados dio pistas sobre otra situación de no menor gravedad que alerta sobre riesgos que personas vulnerables pueden encontrar en esta ciudad. Se ha determinado que el escenario del asesinato era un ámbito prostibulario y el juicio determinará si de lo que se trata es un hecho vinculado a una “mejicaneada”, una palabra que el lunfardo aportó para indicar que hubo una apropiación del botín de un ladrón o de un contrabandista, como lo define el Diccionario Etimológico del Lunfardo, de Oscar Conde.

Lo que se conoce de este caso, en base al testimonio de un testigo reservado –una mujer que luego falleció sin que esa circunstancia invalide sus declaraciones- la víctima fue acusada de haber robado un kilo de pasta base a uno de los acusados, lo que le valió ser sometida a torturas y violaciones, mientras estaba indefensa bajo los efectos de estupefacientes. El ataque ocurrió en marzo de 2017 en una vivienda del Barrio 17 de Octubre, en el domicilio de un individuo acusado de facilitar la prostitución y los restos fueron encontrados días después en las márgenes del Rio Mojotoro.  La descripción del ensañamiento vale para dar cuenta de la creciente violencia que se está instalando en la Provincia y, en no pocos casos, tienen vinculación con adicciones y el narcotráfico. 

No menos importante es que el crimen de Daniela Paola Guantay también suma a la lista de víctimas de femicidios. En principio, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix había desestimado que  haya sido víctima de violencia de género pero no es sencillo determinar si los excesos que la condujeron a su muerte no fueron posibles por el hecho de ser mujer.

La sociedad salteña debe asumir la responsabilidad de cuidar que la violencia no se expanda controlando los factores que la promueven.  

Salta, 04 de febrero de 2020

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