No sirvió que se haya desmontado la principal razón que venía impidiendo que se estableciera la prohibición de su uso, por los probados daños que produce a la salud. Fue en febrero de 2019 que el entonces intendente Gustavo Sáenz aprobara una ordenanza ad referéndum, lejos de las celebraciones de fin de año, dando tiempo a quienes producen y comercializan los artefactos para que se adecuen a las nuevas disposiciones.
La decisión había sido bienvenida por aquellos que llevaban años bregando por la limitación en su uso, ya que se había generalizado y durante el año eran elementos característicos en cualquier tipo de concentración, desde celebraciones religiosas o deportivas a movilizaciones de protesta. Y parecía que solo sectorialmente se comprendía sus efectos perjudiciales; el impacto que generaba conocer la cantidad de niños accidentados con cohetes era profundo, pero breve.
Precisamente, la decisión del jefe comunal se asentaba –entre otras razones- en un informe de la Organización Mundial de la Salud que identifica una escala de los peligros que implican los ruidos de acuerdo a los decibeles y al tiempo de exposición al que se está sometido e insta a los gobiernos locales a dictar leyes estrictas para evitar que se afecte la calidad de vida de las personas y aumente el costo de la atención sanitaria para la sociedad.
Es cierto que los esfuerzos de profesionales de la salud y de asociaciones civiles de defensa de niños con autismo y de las protectoras de animales, habían logrado algunas limitaciones que redujeron el uso de la pirotecnia pero no lo suficiente como para abandonar una lucha que aún debe sostenerse, según lo que pudo verificarse en la pasada noche.
Hasta llegado el momento del pico de ventas de la pirotecnia, todo indicaba que podía lograrse poner a resguardo la salud y la integridad de personas y animales. La norma vigente preveía extremar el control en el acceso a los artefactos explosivos pero mucho, también, quedó en manos del autocontrol ciudadano. Sin embargo, los industriales y comerciantes encontraron un resquicio para facilitar la disponibilidad de los elementos prohibidos y los controles municipales parecieron inexistentes; en la calle había puestos de ventas.
Pero el principal dato es que la anomia es vigorosa en la Provincia, como en la Argentina toda, país donde, al parecer, cada uno hace lo que quiere. No se trata solo de la inobservancia de las normas sino del desdén y desprecio al cumplimiento. Normas viales, códigos edilicios o disposiciones para la producción de alimentos y medicamentos, caen ante la tendencia a su avasallamiento. Con la misma despreocupación se incumple un horario, se falsifica un título profesional, se ensucian los espacios públicos y se toman los recursos del Estado como propios.
No cumplir con la ley en todas sus formas se ha convertido en una cultura fuertemente arraigada y con ello, solo se ha logrado desorganización social. Y con ella, atraso, retrocesos, pobreza material, moral e intelectual.
Por eso la pirotecnia sonora cero es todavía una demanda en Salta.
Salta, 01 de enero de 2020
