Fue exhaustivo el análisis que la Cámara de Diputados realizó del proyecto de ley de Ministerios. En realidad, se trata de una norma que regula la actividad del Ejecutivo Provincial. La ley aún vigente, que lleva el número 8053, incluye –al igual que la iniciativa que la Legislatura trata por estas horas- todos los aspectos vinculados al funcionamiento de la figura del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado.
Opinión04/12/2019
El amplio ámbito de aplicación de la norma generó un debate que se extendió por casi tres horas y dejó expuesta la pretensión de lograr cambios significativos. Esas modificaciones trascienden lo que realmente llamó la atención del hombre común y que pasan por la cantidad de carteras que van a integrar el Gabinete del Gobernador electo.
Mientras los ajenos se centraron en saber cuáles son los Ministerios que van a sobrevivir al cambio que va a producir la nueva ley, el debate legislativo transitó por los efectos consecuentes. En un momento, la veteranía del ex presidente de la Cámara lo obligó a encauzar la discusión por el derecho del próximo gobernador a ordenar su gabinete según el modelo de gestión a llevar adelante. En frente estuvo la pretensión de otros legisladores de producir una ley que no sólo disponga de las carteras sino que genere un contexto para una tarea transparente, con condicionamientos éticos que no se den por supuestos sino que estén claramente explicitados en la norma.
Se discutió si se puede asignar a los Ministros y el Secretario General de la Gobernación las mismas inmunidades que los legisladores provinciales. La ley vigente, sancionada en 2017, ya lo estableció pero en esta oportunidad los diputados del olmedismo hicieron notar que tales inmunidades derivan de lo que dispone la Constitución provincial y no contienen a los ministros. Hacerlo sin las limitaciones que tienen las Cámaras y la Justicia en su aplicación, sería consagrar la impunidad. Vale señalar que por la asignación de facultades que la Legislatura suele hacer al Ejecutivo, la limitación resultó inaceptable y la bancada de Ahora Patria resultó desairada en ese punto y en la intención de imponer severos enunciados de orden ético.
En tanto, la función asignada a cada Ministerio da cuenta cuál es la línea de la próxima gestión. Es así, por ejemplo, que el Ministerio de Seguridad abandonará una monotemática acción vinculada a la prevención de delitos y contravenciones, al mantenimiento de la seguridad interna y la vial para evitar accidentes de tránsito. En el gobierno de Gustavo Sáenz se vinculará en el diseño de políticas de lucha contra el narcotráfico y las drogas, intervendrá en acciones contra desastres naturales y serán suyas la organización y gestión del servicio penitenciario de la Provincia.
Y más que eso, se meterá de lleno en cuestiones que tengan que ver con violencia doméstica y de género, delitos contra la integridad sexual de la mujer, maltrato y abuso infanto-juvenil. Las mujeres vulneradas por la intemperancia machista serán responsabilidad de una cartera que se asienta sobre una fuerza violenta por naturaleza.
Ese perfil deberá adecuarse a una conducción que estará en manos de un militar que ha reivindicado una etapa de la historia que no ha saldado sus deudas con la sociedad. Casi una provocación.
Salta, 04 de diciembre de 2019
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.