Provocación

Opinion 04 de diciembre de 2019
Fue exhaustivo el análisis que la Cámara de Diputados realizó del proyecto de ley de Ministerios. En realidad, se trata de una norma que regula la actividad del Ejecutivo Provincial. La ley aún vigente, que lleva el número 8053, incluye –al igual que la iniciativa que la Legislatura trata por estas horas- todos los aspectos vinculados al funcionamiento de la figura del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado.
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El amplio ámbito de aplicación de la norma generó un debate que se extendió por casi tres horas y dejó expuesta la pretensión de lograr cambios significativos. Esas modificaciones trascienden lo que realmente llamó la atención del hombre común y que pasan por la cantidad de carteras que van  a integrar el Gabinete del Gobernador electo.

Mientras los ajenos se centraron en saber cuáles son los Ministerios que van a sobrevivir  al cambio que va a producir la nueva ley, el debate legislativo transitó por los efectos consecuentes. En un momento, la veteranía del ex presidente de la Cámara lo obligó a encauzar la discusión por el derecho del próximo gobernador a ordenar su gabinete según el modelo de gestión a llevar adelante. En frente estuvo la pretensión de otros legisladores de producir una ley que no sólo disponga de las carteras sino que genere un contexto para una tarea transparente, con condicionamientos éticos que no se den por supuestos sino que estén claramente explicitados en la norma.

Se discutió si se puede asignar a  los Ministros y el Secretario General de la Gobernación las mismas inmunidades que los legisladores provinciales. La ley vigente, sancionada en 2017, ya lo estableció pero en esta oportunidad los diputados del olmedismo hicieron notar que tales inmunidades derivan de lo que dispone la Constitución provincial y no contienen a los ministros. Hacerlo sin las limitaciones que tienen las Cámaras y la Justicia en su aplicación, sería consagrar la impunidad. Vale señalar que por la asignación de facultades que la Legislatura suele hacer al Ejecutivo, la limitación resultó inaceptable y la bancada de Ahora Patria resultó desairada en ese punto y en la intención de imponer severos enunciados de orden ético.

En tanto, la función asignada a cada Ministerio da cuenta cuál es la línea de la próxima gestión. Es así, por ejemplo, que el Ministerio de Seguridad abandonará una monotemática acción vinculada a la prevención de delitos y contravenciones, al mantenimiento de la seguridad interna y la vial para evitar accidentes de tránsito. En el gobierno de Gustavo Sáenz se vinculará en el diseño de políticas de lucha contra el narcotráfico y las drogas, intervendrá en acciones contra desastres naturales y serán suyas la organización y gestión del servicio penitenciario de la Provincia. 

Y más que eso, se meterá de lleno en cuestiones que tengan que ver con violencia doméstica y de género, delitos contra la integridad sexual de la mujer, maltrato y abuso infanto-juvenil. Las mujeres vulneradas por la intemperancia machista serán responsabilidad de una cartera que se asienta sobre una fuerza violenta por naturaleza. 

Ese perfil deberá adecuarse a una conducción que estará en manos de un militar que ha reivindicado una etapa de la historia que no ha saldado sus deudas con la sociedad. Casi una provocación.

Salta, 04 de diciembre de 2019

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