Fue exhaustivo el análisis que la Cámara de Diputados realizó del proyecto de ley de Ministerios. En realidad, se trata de una norma que regula la actividad del Ejecutivo Provincial. La ley aún vigente, que lleva el número 8053, incluye –al igual que la iniciativa que la Legislatura trata por estas horas- todos los aspectos vinculados al funcionamiento de la figura del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado.
Opinión04/12/2019
El amplio ámbito de aplicación de la norma generó un debate que se extendió por casi tres horas y dejó expuesta la pretensión de lograr cambios significativos. Esas modificaciones trascienden lo que realmente llamó la atención del hombre común y que pasan por la cantidad de carteras que van a integrar el Gabinete del Gobernador electo.
Mientras los ajenos se centraron en saber cuáles son los Ministerios que van a sobrevivir al cambio que va a producir la nueva ley, el debate legislativo transitó por los efectos consecuentes. En un momento, la veteranía del ex presidente de la Cámara lo obligó a encauzar la discusión por el derecho del próximo gobernador a ordenar su gabinete según el modelo de gestión a llevar adelante. En frente estuvo la pretensión de otros legisladores de producir una ley que no sólo disponga de las carteras sino que genere un contexto para una tarea transparente, con condicionamientos éticos que no se den por supuestos sino que estén claramente explicitados en la norma.
Se discutió si se puede asignar a los Ministros y el Secretario General de la Gobernación las mismas inmunidades que los legisladores provinciales. La ley vigente, sancionada en 2017, ya lo estableció pero en esta oportunidad los diputados del olmedismo hicieron notar que tales inmunidades derivan de lo que dispone la Constitución provincial y no contienen a los ministros. Hacerlo sin las limitaciones que tienen las Cámaras y la Justicia en su aplicación, sería consagrar la impunidad. Vale señalar que por la asignación de facultades que la Legislatura suele hacer al Ejecutivo, la limitación resultó inaceptable y la bancada de Ahora Patria resultó desairada en ese punto y en la intención de imponer severos enunciados de orden ético.
En tanto, la función asignada a cada Ministerio da cuenta cuál es la línea de la próxima gestión. Es así, por ejemplo, que el Ministerio de Seguridad abandonará una monotemática acción vinculada a la prevención de delitos y contravenciones, al mantenimiento de la seguridad interna y la vial para evitar accidentes de tránsito. En el gobierno de Gustavo Sáenz se vinculará en el diseño de políticas de lucha contra el narcotráfico y las drogas, intervendrá en acciones contra desastres naturales y serán suyas la organización y gestión del servicio penitenciario de la Provincia.
Y más que eso, se meterá de lleno en cuestiones que tengan que ver con violencia doméstica y de género, delitos contra la integridad sexual de la mujer, maltrato y abuso infanto-juvenil. Las mujeres vulneradas por la intemperancia machista serán responsabilidad de una cartera que se asienta sobre una fuerza violenta por naturaleza.
Ese perfil deberá adecuarse a una conducción que estará en manos de un militar que ha reivindicado una etapa de la historia que no ha saldado sus deudas con la sociedad. Casi una provocación.
Salta, 04 de diciembre de 2019
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Luego del incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, los propietarios deberán recomponer una pyme familiar con equipamiento perdido y un galpón arrasado.
Después del corte de crédito que la entidad dejó vigente desde el pasado lunes por falta de pago de las prestaciones, la obra social provincial notificó la finalización del convenio.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
La Corte Suprema cerró la disputa por el meteorito “Chaco” y determinó que es patrimonio público, rechazando la indemnización reclamada por la empresa dueña del terreno.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.