En el discurso de apertura del año legislativo, último de doce años de gestión, había advertido que el producto bruto per cápita representa apenas el 37% del nacional, lo que significa, hablando sin eufemismos –dijo- que Salta es dos veces más pobres que el promedio de los argentinos. Respecto de las finanzas públicas exhibió el superávit primario y financiero y una deuda que representaba casi el 45% de los ingresos. No era una posición holgada pero sí equilibrada, luego del susto de 2017 cuando el déficit superaba los 4.500 millones de pesos y se pudo salir con un pacto fiscal, que hoy se vive como un ajuste incómodo.
Pero el equilibrio es muy precario y así lo advirtió el ex ministro de Hacienda, Emiliano Estrada, quien aseguró el miércoles pasado que no hay tiempo para que un equipo económico que no conoce la situación de la Provincia, tome el mando de las finanzas públicas. Es cierto que el joven economista tiene sus propios intereses en la cuestión. Acompaña como precandidato a vicegobernador una de las fórmulas del Frente con Todos, la que expresa el kirchnerismo químicamente puro; al menos, él es un exponente.
Desde esa cartera acompañó la tarea de ordenamiento que realizó el ex Jefe de Gabinete Fernando Yarade, mientras el Gobernador iniciaba su recorrida por el país para imponer su figura como una alternativa para la Presidencia de la Nación, que se juega el 27 del próximo mes, un objetivo frustrado. Esa posibilidad le dio a Estrada la expertiz necesaria para cubrir desde el momento mismo de la asunción del nuevo gobierno lo que a cualquier otro equipo le llevará seis meses, un lujo que la Provincia no podría pagar. Menos aun cuando la primera tarea será el armado del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.
Como si esa situación no fuese un condicionante de peso para quien comience el 10 de diciembre su mandato, deberá tener en cuenta que es probable que agregue una deuda de 70 millones de dólares por un juicio que la Argentina se encamina a perder en un tribunal arbitral internacional, por una decisión política del Gobierno de Salta. Se trata de la rescisión en 2013 del contrato de concesión de la explotación de juegos de azar, ahora demandada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El exdirector del En.Re.Ja y actual diputado provincial, Julio Moreno, le dio significación al monto de la demanda, al indicar que equivale al 8% del Presupuesto Provincial. “Es casi el de la Municipalidad de Salta”, dijo anoche en Cara en Cara.
El legislador reconoció que, en realidad, hay mucho desconocimiento sobre la real situación de la administración y con lo que se conoce se justifica una fuerte preocupación por las finanzas de la Provincia. Si Argentina pierde el juicio, Salta perderá parte de aportes coparticipables, que son los que están en riesgo en estas circunstancias, previsibles seis años atrás, cuando se avanzó contra concesiones de servicios y contratos vigentes.
De allí que este período electoral puede resultar propicio para demandar un informe claro y preciso del gobernador que se va, a fin de orientar cualquier plan de acción del que viene. Y el ciudadano debe estar advertido que no habrá viento de cola, como doce años atrás.
Salta, 06 de septiembre de 2019
