En el inicio de la campaña electoral de las PASO provinciales del 6 de octubre, se instaló el tema económico como insoslayable en el debate de los aspirantes a la gobernación que dejará vacante Juan Manuel Urtubey. La administración ordenada que asegura el mandatario va a dejar como herencia, tendría serias fisuras y no solamente como consecuencia de decisiones políticas nacionales.
Opinión06/09/2019
En el discurso de apertura del año legislativo, último de doce años de gestión, había advertido que el producto bruto per cápita representa apenas el 37% del nacional, lo que significa, hablando sin eufemismos –dijo- que Salta es dos veces más pobres que el promedio de los argentinos. Respecto de las finanzas públicas exhibió el superávit primario y financiero y una deuda que representaba casi el 45% de los ingresos. No era una posición holgada pero sí equilibrada, luego del susto de 2017 cuando el déficit superaba los 4.500 millones de pesos y se pudo salir con un pacto fiscal, que hoy se vive como un ajuste incómodo.
Pero el equilibrio es muy precario y así lo advirtió el ex ministro de Hacienda, Emiliano Estrada, quien aseguró el miércoles pasado que no hay tiempo para que un equipo económico que no conoce la situación de la Provincia, tome el mando de las finanzas públicas. Es cierto que el joven economista tiene sus propios intereses en la cuestión. Acompaña como precandidato a vicegobernador una de las fórmulas del Frente con Todos, la que expresa el kirchnerismo químicamente puro; al menos, él es un exponente.
Desde esa cartera acompañó la tarea de ordenamiento que realizó el ex Jefe de Gabinete Fernando Yarade, mientras el Gobernador iniciaba su recorrida por el país para imponer su figura como una alternativa para la Presidencia de la Nación, que se juega el 27 del próximo mes, un objetivo frustrado. Esa posibilidad le dio a Estrada la expertiz necesaria para cubrir desde el momento mismo de la asunción del nuevo gobierno lo que a cualquier otro equipo le llevará seis meses, un lujo que la Provincia no podría pagar. Menos aun cuando la primera tarea será el armado del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.
Como si esa situación no fuese un condicionante de peso para quien comience el 10 de diciembre su mandato, deberá tener en cuenta que es probable que agregue una deuda de 70 millones de dólares por un juicio que la Argentina se encamina a perder en un tribunal arbitral internacional, por una decisión política del Gobierno de Salta. Se trata de la rescisión en 2013 del contrato de concesión de la explotación de juegos de azar, ahora demandada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El exdirector del En.Re.Ja y actual diputado provincial, Julio Moreno, le dio significación al monto de la demanda, al indicar que equivale al 8% del Presupuesto Provincial. “Es casi el de la Municipalidad de Salta”, dijo anoche en Cara en Cara.
El legislador reconoció que, en realidad, hay mucho desconocimiento sobre la real situación de la administración y con lo que se conoce se justifica una fuerte preocupación por las finanzas de la Provincia. Si Argentina pierde el juicio, Salta perderá parte de aportes coparticipables, que son los que están en riesgo en estas circunstancias, previsibles seis años atrás, cuando se avanzó contra concesiones de servicios y contratos vigentes.
De allí que este período electoral puede resultar propicio para demandar un informe claro y preciso del gobernador que se va, a fin de orientar cualquier plan de acción del que viene. Y el ciudadano debe estar advertido que no habrá viento de cola, como doce años atrás.
Salta, 06 de septiembre de 2019
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.